El colectivo denuncia a la Confederación Hidrográfica del Duero de “despilfarrar el dinero público” con su decisión “unilateral” de cambiar el año pasado el color del uniforme establecido por el Ministerio, lo que obliga a los agentes a trabajar con “ropa de calle” al no ser un vestuario homologado, a diferencia de lo que ocurre “en la gran mayoría de confederaciones hidrográficas de España”.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene al colectivo de agentes medioambientales sin uniforme y sin material de protección desde hace cinco años.
Según el sindicato, la CHD está incumpliendo, por tanto, la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado en noviembre de 2011 por el entonces Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que establecía la regulación del uniforme de todos los funcionarios pertenecientes a la Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, cuando estos se encontrasen en situación de servicio activo y realizasen tareas de vigilancia e inspección del Dominio Público Hidráulico.
Esa orden fijaba una moratoria de tres años desde entonces para uniformar debidamente a sus agentes. Desde ese momento, la CHD tan solo les ha hecho entrega del material homologado en el año 2017, “denegando las insistentes reclamaciones realizadas por parte de los agentes de EPIs y del vestuario correspondiente”.
“Para colmo”, el sindicato CSIF explica que el pasado año la CHD les entregó una uniformidad de un color no homologado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que obviamente “no pueden utilizar porque no cumple con la norma”. “Si el color debe ser azul Francia en las prendas superiores y beige en las prendas inferiores no podemos salir a trabajar con un uniforme de otra tonalidad”, subraya el colectivo, quien explica, a modo de símil, que es “como si un sargento de la Guardia Civil de un puesto decide ir de rojo”.
CSIF acusa a la CHD de “malgastar y despilfarrar el dinero público” con su decisión “unilateral” de cambiar el color el uniforme y obligar, por tanto, a que los agentes medioambientales “gasten su dinero para salir a trabajar cada día con su ropa de calle”, a diferencia de lo que ocurre “en la gran mayoría de confederaciones hidrográficas de España”.
Para el sindicato, esta situación es “lo suficientemente grave”, ya que ir vestido de calle representa una “desprotección” para los agentes medioambientales, en la medida en que no cuentan con ningún distintivo visible que les identifique como agentes de la autoridad. Esa circunstancia, según acusa CSIF, pone en peligro o en situación de inseguridad a los agentes cuando se dirigen a un ciudadano o a una empresa que está infringiendo las leyes medioambientales.
Es la prueba, añade el colectivo, del “desprecio y desconocimiento completo” que tiene la CHD del trabajo de los agentes medioambientales. Más aún cuando, según afirma, la Confederación liderada por Cristina Danés les entregó a todos las agentes medioambientales botas de trabajo de taller con punteras reforzadas con acero, en lugar de botas de trekking o de montaña aptas para andar por el campo y la montaña “kilómetros y kilómetros”.
Hay que recordar que los 65 agentes medioambientales que tienen encomendada la labor de vigilancia y protección del Dominio Público de la cuenca del Duero cubren una superficie que se extiende por más de 79.800 kilómetros cuadrados, lo que obliga a que cada agente tenga que ocuparse de más de 1.200 kilómetros cuadrados, más de 1.300 kilómetros de cauces, más de 1.140 puntos de tomas subterráneas, más de 100 vertidos, depuradoras, control de navegación de embarcaciones y especies invasoras, entre otras actividades.
La misma denuncia de falta de material adecuado la hace extensiva CSIF al personal laboral de la Confederación Hidrográfica del Duero que realiza su trabajo en presas, canales y forestales. “Llevan cuatro años sin recibir la ropa de trabajo, lo que ha conllevado una sanción de la Inspección de Trabajo a la CHD de 8.000 euros”, recuerda el sindicato.
