El procurador del Común, Tomás Quintana, expresó hoy la «preocupación» de la institución por la prestación de la Atención Primaria en el medio rural, donde recordó su población, de «avanzada edad», afectada de «pluripatologías» y con dificultades para realizar desplazamientos, tiene que ser «debidamente informada» cuando se producen incidencias que afectan a la prestación de la asistencia sanitaria.
Ical.- En su intervención ante el pleno de las Cortes para presentar el informe anual de 2021, Tomás Quintana destacó que recibieron cuatro quejas «múltiples», ya consideradas anteriormente, de forma que en el apartado de sanidad y consumo se contabilizaron 191 demandas, de las cuales 176 lo fueron en materia de sanidad, y de ellas 75 se referían a cuestiones relativas a la pandemia y otras 15 en materia de consumo. Además, se hicieron seis actuaciones de oficio, tres de ellas relacionadas con el COVID-19 y otras tantas ajenas al coronavirus.
En concreto, el Común señaló que la prestación del servicio de sanidad en el medio rural ha determinado la tramitación de algunos expedientes que traían su causa en las quejas recibidas por la «falta» de atención presencial, las «deficiencias» de la atención telefónica o la «falta de profesionales» que afectaban a algunos consultorios locales, como los de Pedrajas de San Esteban, en Valladolid, Buenavista de Valdivia, en Palencia, Valverde Enrique, en León y Villangómez, Puentedura, Tordueles, Villafruela, Royuela del Río Franco, Veguecilla, Mecerreyes, Tordomar, Quintanilla y Torrepadre, en Burgos.
También aludió a la situación de la especialidad de pediatría, cuyas «carencias», dijo, han determinado en algunos casos que los menores fueran atendidos por médicos de familia en El Barco de Ávila, Piedrahita y Muñana, en Ávila; en determinadas localidades de la comarca de El Bierzo y de la Ribera del Duero e, incluso, en el municipio de Benavente.
Por ello, Tomás Quinta recordó que instó a la Consejería de Sanidad a realizar un estudio «exhaustivo» de las necesidades en la atención pediátrica de cada provincia, tanto en el ámbito rural como urbano, con el fin de llevar a cabo una «adecuada» organización de los recursos materiales y personales que permita garantizar el derecho de los menores a recibir una asistencia sanitaria por parte de especialistas.
Asimismo, destacó que hubo un número «muy elevado» de personas que presentaron reclamaciones por la situación del Servicio de Oncología de El Bierzo, habiéndonos sido denunciada la «falta» de profesionales de esta especialidad, lo que daba lugar, recordó, a que los pacientes «únicamente» fueran atendidos por una oncóloga en horario de mañana, con los consiguientes «retrasos» en cuanto a la realización de las consultas y a la prescripción de los tratamientos.
En la información proporcionada por la Junta, añadió Tomás Quintana, se ponía de manifiesto que los problemas derivados de esta situación se estaban paliando gracias a la labor de los facultativos del Complejo Asistencial Universitario de León, como solución provisional, situación ante la que exigieron a la Consejería de Sanidad a llevar a cabo un análisis a fondo de la situación en el Servicio de Oncología del Hospital de El Bierzo con el fin de buscar «fórmulas organizativas duraderas» que permitan la prestación de un servicio «estable y de calidad».
También, el procurador del Común indicó que han continuado recibiendo quejas derivadas de la gestión de las listas de espera, «situación agravada» por la pandemia, que recalcó «es necesario revertir». Además, aludió a otros «problemas» como el tratamiento de enfermos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica y las «diferencias» entre los recursos habilitados en las distintas provincias; la creación de una unidad terapéutica para el tratamiento de las personas electrosensibles, y la decoformulación de retrovirales en pacientes aquejados de VIH.
En cuanto a las dificultades para hacer frente a la factura eléctrica que sufrían los pacientes que requieren terapias domiciliarias con dispositivos conectados a la red, recordó que se dirigieron a la Consejería de Sanidad para estableciera ayudas que permitieran afronta a estas personas un gasto que resulta imprescindible para su supervivencia, al menos mientras se mantenga el alto precio de la electricidad.
En relación al COVID-19, examinaron cuestiones como la vacunación de los agentes medioambientales, para los que sugirieron que fueran incluidos en el grupo 6 A del Plan Nacional de Vacunación, por su similitud con los profesionales de Protección Civil y Emergencias, sugerencia que fue aceptada.
Igualmente, recomendaron que se pidieran informes científicos con objeto de, en su caso, revisar los protocolos entonces vigentes sobre repetición de pruebas diagnósticas antes de dar el alta a pacientes positivos en coronavirus atendiendo a circunstancias concretas del enfermo y de su unidad familiar, recomendación que fue aceptada. También pidieron la «necesaria reanudación» de los Programas de Salud Bucodental para garantizar la asistencia básica de los menores.
Finalmente, el Procurador del Común señaló que solicitaron a la Junta que el teléfono de Urgencias Pediátricas, que se convirtió en la “línea Covid-19”, fuera de nuevo habilitada como teléfono de urgencias pediátricas para que las familias no tuvieran que usar los recursos asistenciales de forma presencia.
