El gasto de la Junta de Castilla y León en sus políticas sanitarias aumentó un 28,2 por ciento en 2020 respecto al año anterior, debido a la irrupción de la pandemia, hasta los 4.751 millones de euros, lo que supone 1.046 más que en el ejercicio anterior.
Ical.- Así se desprende del ‘Informe sobre análisis económico y financiero del impacto de la COVID-19 en el sector público administrativo de la Comunidad’ realizado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León, entregado durante la mañana de hoy en las Cortes.
De acuerdo con el estudio, la política de Sanidad supone el mayor peso relativo (39 por ciento) del gasto y es la que mayor incremento experimenta.
A continuación, aparece Educación (18 por ciento) con 2.256 millones y un incremento de 225 millones Agricultura, ganadería y pesca (11 por ciento), con 1.313 millones, desciende 3,5millones. La Deuda Pública también disminuye en 7,8 millones hasta los 1.268. Servicios sociales y promoción social (7 por ciento), con 871 millones, crece en 79.
En 2020 las obligaciones pendientes de pago ascienden en 2020 a 847 millones, lo que supone un aumento del 191 por ciento con relación a 2019, siendo las políticas de Sanidad y Educación las de mayor cuantía, con 426 y 89 millones, respectivamente.
Ingresos
Y en cuanto al impacto en los ingresos, el importe total de los derechos liquidados correspondientes a la pandemia en 2020 asciende a 911 millones. Supone el 8 por ciento de los ingresos reconocidos por la Comunidad, así como el 60 por ciento de su incremento con respecto a 2019, que asciende a 1.527 millones. El 99 por ciento de los ingresos recibidos son transferencias corrientes procedentes de la Administración del Estado.
Los ingresos del Fondo COVID ascienden a 843 millones y suponen más del 90 por ciento de los fondos recibidos para combatir la pandemia. Los ingresos relativos a los tramos 1 y 2 del citado Fondo, destinados al gasto sanitario, ascienden a 544 millones (65 por ciento). El tramo 3, para gastos de educación, ha supuesto 84 millones (10 por ciento). Por último, los derechos del tramo 4, asociado fundamentalmente a la disminución de los ingresos por la caída de la actividad económica, han supuesto ingresos por 214 millones (25 por ciento).
Según detallan desde el Consejo de Cuentas en un comunicado recogido por Ical, el informe es una auditoría operativa de gestión, que analiza determinados aspectos de la actividad y la situación económico-financiera, especialmente el impacto que la COVID-19 ha tenido en el sector público administrativo de la Comunidad, tanto en el gasto como en los ingresos. El ámbito de la fiscalización toma como base la Cuenta General de los ejercicios 2017 a 2020, pero se detiene en la gestión del último ejercicio para examinar de qué manera se han visto afectadas las políticas de gasto por la aparición de la pandemia, así como los recursos destinados a combatirla.
Del estudio se desprende que los gastos presupuestarios ejecutados en 2020 ascendieron a 12.222 millones de euros, con un aumento interanual del 14 por ciento, es decir 1.468 millones. Los gastos presupuestarios solo se habían incrementado un 1 por ciento hasta 2019 con respecto a 2017.
