El Gobierno ha pactado con Bildu una subida del 15% para las pensiones no contributivas para que esta formación se abstenga en la votación para la aprobación del fondo público de pensiones. La medida se incluirá en la prórroga del plan de choque contra las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania.
Una vez más, el Gobierno ha salvado una votación parlamentaria ‘in extremis’ y gracias a Bildu. En esta ocasión, el Ejecutivo ha pactado con la formación vasca subir las pensiones no contributivas -viudedad, orfandad o invalidez- un 15%. De esta manera, han conseguido que Bildu se abstenga en la votación para aprobar el texto normativo sobre el nuevo fondo de pensiones público. Dicho incremento, que se prevé que beneficie a 440.000 personas, se incluirá en la prórroga del plan de choque impulsado por el Gobierno contra las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. “Después lo introduciremos en todas las prórrogas hasta que se incluya en los Presupuestos del próximo año”, han explicado desde el partido vasco. También se ha pactado “que ni un solo euro de la Seguridad Social sea destinado al nuevo fondo de pensiones”.
La ley para crear el fondo público de pensiones se votará en el Pleno del Congreso de los Diputados la semana que viene, y saldrá adelante con los votos a favor de PSOE, UP, PNV y PRC y la abstención de Bildu y Vox. Este fondo, impulsado desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, constituirá una alternativa a los planes individuales y colectivos que actualmente existen. Una vez aprobado, el Gobierno podrá cumplir con los plazos comprometidos con Bruselas para recibir los 7.000 millones de euros, previstos para este trimestre, de los fondos europeos, ya que el fondo es una exigencia de la UE.
Según el texto normativo aprobado este jueves, al fondo, que servirá como una paga complementaria a la pensión, podrán adherirse libremente tanto los trabajadores del sector público y privado como los autónomos. Las empresas deberán aportar, como mínimo, la misma cantidad que el trabajador. Este podrá deducirse su contribución de la base imponible del IRPF. Dicha deducción podrá alcanzar los 1.250€ anuales si la empresa aporta hasta 500€; 2.000€ si la empresa aporta entre 501€ y 1.000€; 2.250€ si la empresa aporta entre 1.001€ y 1.500€; y la misma cantidad si la empresa aporta más de 1.501€. En cuanto a las empresas, también podrán deducirse las aportaciones, en este caso de las cotizaciones a la Seguridad Social. El máximo en estos casos será de 115€ al mes por empleado o 1.380€ al año. En total, supondría un ahorro de casi 400€ por empleado.
Como novedad, la accesibilidad de los trabajadores a los planes públicos variará. Hasta ahora, para que los empleados pudieran acceder a un fondo, los sindicatos debían negociar con la empresa, buscar asesoramiento externo, crear una comisión promotora del plan, promoverlo y seleccionar uno. Una vez se publique el texto en el BOE, únicamente hará falta que los sindicatos pacten con la patronal por sectores. Además, las empresas deberán ofrecer la posibilidad de acogerse al plan obligatoriamente, si el convenio sectorial recoge dicha posibilidad. Por su parte, si el convenio no lo contempla, la empresa podrá ofrecerlo voluntariamente. Respecto a los autónomos, serán los colegios profesionales o asociaciones quienes lo puedan promover.
Los planes de empresa suponen un 25% del mercado, pero sólo tienen acceso a ellos el 10% de los trabajadores, según datos del Gobierno. El 90% restante se puede acoger a planes de pensiones individuales privados, que según el ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, son “caros” y “orientados a rentas altas y muy altas”. Según han indicado desde el ministerio, la comisión del plan de empleo rondará el 0,21%, frente al 1% de los planes individuales. Poniendo el ejemplo de una rentabilidad del 3% en ambos casos y una aportación anual de 1.000 durante 35 años, pasado ese período, el trabajador obtendría 50.569€ si tiene un plan individual y 59.680€ si tiene uno de empleo.
