- El Gobierno subirá un 15% las pensiones no contributivas y baja el IVA de la luz
- Parados y autónomos con bajos ingresos recibirán un cheque de 200 euros
- El Gobierno subvencionará los abonos transporte y permitirá a autonomías y ayuntamientos ampliar la ayuda con fondos propios
El Gobierno aprobó este sábado en un Consejo de Ministros extraordinario un paquete de medidas para combatir los efectos de la guerra de Ucrania y el encarecimiento de la energía y los alimentos, con el objetivo de hacer un reparto «justo» de as cargas que el aumento de la inflación está generando en España.
Se mantiene el descuento de 20 céntimos por litro de carburante hasta el 31 de diciembre y se prorrogan también hasta final de año el resto de medidas en vigor, como topar el aumento de los alquileres, el resto de medidas adoptadas hasta ahora hasta finales de año.
Además, en julio y hasta el 31 de diciembre, bajará el IVA de la luz del 10% al 5% (hace unos meses estaba en el 21%), el aumento del 15% del ingreso mínimo vital, la prohibición de cortar los suministros energéticos a personas vulnerables y que no haya despidos objetivos en empresas que reciben ayudas públicas alegando el encarecimiento energético.
A esto se añadirá a partir de julio el aumento del 15% de las pensiones no contributivas (60 euros mensuales) y habrá una ayuda directa de 200 euros (pago único) para desempleados, autónomos y trabajadores con bajos ingresos. Estas ayudas estarán en vigor hasta el 31 de diciembre.
Abonos de transporte
Además, se reducirá un 50% el precio de todos los abonos de Renfe y un 30% todos los abonos transporte de las comunidades autónomas y ayuntamientos, que podrán aportar fondos propios para que ese descuento sea del 50%.
Estas nuevas medidas permitirán reducir en 3,5 puntos la inflación prevista en 2022 (que podría llegar al 15% sin estas actuaciones) y tendrán un coste de 9.000 millones de euros, que se sumarán a los 6.000 del primer paquete de medidas ya en vigor. Unas medidas que llegarán directamente a 4 millones de españoles pero que «beneficiarán todos los ciudadanos», dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Sánchez anunció, además, la creación de un impuesto que gravará los beneficios extraordinarios de la empresas energéticas debido al alza de los precios, que entrará en vigor en enero de 2023, aunque Hacienda indica que se podrá gravar con esa carga impositiva para las grandes empresas energéticas los beneficios extaordinarios de este año.
«Sabemos para quién gobernamos, que es la clases media trabajadora de este país, aunque somos conscientes de que esto molesta a determinados poderes económicos, pero seguiremos esta línea que es la que necesitan nuestros ciudadanos», dijo el presidente. Somos un Gobierno muy incómodo para sectores que tiene terminales económicos y mediáticos muy determinados, pero continuaremos defendiendo los intereses de la clase trabajadora de este país», recalcó.
