Los castellanos y leoneses pueden presentar desde este viernes su solicitud para dos líneas de subvenciones, por un importe global de 37,5 millones de euros, para la rehabilitación de edificios y la mejora de eficiencia energética en viviendas particulares. Para ello, tal y como explicó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se debe acreditar que las obras suponen un salto cualitativo en este sentido.
ICAL. Ambas convocatorias fueron publicadas el jueves en el Boletín Oficial del Estado, están financiadas con cargo a los fondos Next Generation y con ellas se pretende intervenir, en el próximo año y medio, en más de 8.000 viviendas.
Estas ayudas, dotadas con 18,7 millones cada una y en régimen de concurrencia no competitiva, están destinadas tanto al ámbito urbano como rural de Castilla y León y permitirán financiar obras o actuaciones en los edificios de uso predominante residencial en las que se obtenga una mejora acreditada de la eficiencia energética, “con especial atención a la envolvente edificatoria, en edificios de tipología residencial colectiva, incluyendo sus viviendas, y en las viviendas unifamiliares”. El plazo de presentación de solicitudes se extiende hasta el 30 de junio de 2023, pero son válidas las obras iniciadas posteriormente al 1 de febrero de 2020, dado que son financiadas con fondos creados específicamente para la recuperación económica a raíz del covid-19.
Resultarán subvencionables, según mencionó el consejero, para el caso de la línea de edificios, las actuaciones que reduzcan el consumo de energía primaria no renovable en, al menos, un 30 por ciento, y la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración, como mínimo en un 35 por ciento. Estos porcentajes, en la línea de ayudas a viviendas, son también de un 30 por ciento de reducción del consumo, pero de un siete por ciento para el caso de la demanda.
El consejero enumeró acciones “tan sencillas” como el cambio de ventanas de una casa, así como el cambio de calderas de gasóil, carbón o gas para instalar aparatos de geotermia, aunque también envolventes térmicas. No resultarán en ningún caso subvencionables actuaciones de inversión en generadores térmicos que utilicen combustible de origen fósil.
A pesar de ofrecer el dato del importe, Suárez-Quiñones matizó que las cuantías podrán ser objeto de ampliación en función de la demanda y hasta agotar el crédito presupuestario procedente de los fondos europeos que se prevé que pueda alcanzar hasta un máximo de 97 millones de euros para estos dos programas.
Las ayudas oscilarán, en función del ahorro energético conseguido, entre los 6.300 y los 18.800 euros por vivienda en la convocatoria de edificios, con una posible ampliación de hasta un máximo de 26.750 euros por vivienda en los supuestos de vulnerabilidad económica del beneficiario (unidades de convivencia sin menores con ingresos inferiores a 1,5 IPREM o de 2,5 o 3 IPREM con dos o más de dos menores o personas con discapacidad).
Por orden de entrada
En la convocatoria de viviendas el importe máximo de la subvención será del 40 por ciento del coste de la actuación, con un límite de 3.000 euros por vivienda.
Las dos convocatorias comparten su régimen de resolución: no se regirán por la denominada concurrencia competitiva, sino que ambas se resolverán por orden de entrada de las solicitudes hasta el agotamiento del crédito disponible y sus eventuales ampliaciones. Por ello, envío un “mensaje de tranquilidad porque es mucho dinero”, para evitar que los solicitantes presenten las solicitudes “todos a la vez la semana que viene”.
En las dos convocatorias se prevé que sus beneficiarios -comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, personas físicas o personas jurídicas, en la convocatoria de edificios y personas físicas propietarias o arrendatarias de las viviendas, en la convocatoria de viviendas- puedan ceder el cobro de las ayudas a un agente o gestor de la rehabilitación para agilizar el trámite.
El plazo para acometer las obras son, para la de edificios, 26 meses desde la concesión y 28 si afecta a 40 o más viviendas; y un año para para viviendas individuales. La solicitud se podrá presentar, bien de forma telemática o presencial en cualquier registro. Esta medida contribuirá, prosiguió Suárez-Quiñones, a la lucha contra el cambio climático a través de la descarbonización del parque edificado; ayudar a la familias a reducir el gasto en energía mediante el ahorro del consumo; mejorar la calidad de vida de los ciudadanos gracias a la financiación de actuaciones en accesibilidad, conservación, seguridad de utilización y la digitalización de los edificios; reactivar el sector de la construcción a través de la rehabilitación, así como generar empleo y actividad en el corto plazo y garantizar un ritmo de renovación sostenible del parque edificado en el medio y largo plazo.
A nivel de barrio
Suárez-Quiñones recordó que con estas dos convocatorias su departamento “continúa con la ejecución” de los programas de ayudas a la rehabilitación residencial financiados con fondos europeos Next-Generation UE y canalizados a través del denominado Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En concreto, está ya en marcha el ‘Programa de ayudas a la rehabilitación a nivel de barrio’ -programa 1 del citado Real Decreto, sucesor de los ARRUS- que permite la financiación conjunta de obras de rehabilitación en edificios residenciales y de urbanización o reurbanización de espacios públicos dentro de ámbitos de actuación denominados Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) previamente delimitados en municipios de cualquier tamaño de población.
Este programa, que no requiere la elaboración de una previa convocatoria pública, será objeto de próximos acuerdos con el Ministerio del ramo y con aquellos municipios que presenten la documentación adaptada a la nueva normativa de los fondos europeos y hasta la finalización del crédito presupuestario asignado, inicialmente 18,7 millones, pero ampliable hasta 48,4.
Estos programas responden a la “necesidad de adaptar el parque de edificios y viviendas en Castilla y León, y, en general, en España, a los retos nacionales y europeos en materia de sostenibilidad, en entornos urbanos y rurales”. Las características de este tejido se resumen en que en el conjunto del país cerca del 45 por ciento de los edificios es anterior a 1980, un porcentaje que se eleva hasta el 50 por ciento en el caso de los edificios de uso residencial y una cifra de 9,7 millones de viviendas.
Plan de vivienda
Por su parte, en próximas semanas, la Consejería firmará con el MITMA el convenio para la puesta en marcha del Plan para el acceso a la Vivienda 2022-2025 en el que se contempla una línea de ayudas específicas para la accesibilidad. Este programa, que destacó hoy el consejero, tendrá por objeto el fomento de la mejora de accesibilidad tanto en el medio urbano como rural, y tanto para viviendas unifamiliares como residenciales colectivas.
Permitirá subvencionar obras relativas a la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas, automatismos para la apertura de puertas o productos de apoyo a la audición entre otros. Contará con una dotación presupuestaria total de al menos ocho millones de euros para el quinquenio comprendido entre el año 2022 al 2025.
Más de 240 millones
Hasta la fecha, Castilla y León ha recibido un total de 89,8 millones de euros con cargo al Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y procedentes de fondos europeos Next Generation-UE para la financiación de los programas previstos en el Real Decreto 853/2021.
Además, en próximas anualidades se prevé una transferencia de más fondos europeos hasta alcanzar los 215 millones de euros. Estos créditos servirán para financiar, además de los programas citados, la elaboración del libro del edificio existente y la redacción de proyectos de rehabilitación, y la construcción de viviendas eficientes para alquiler social.
Por su parte, Castilla y León también ha recibido fondos europeos procedentes del mecanismo React-UE por importe de 31,5 millones de euros para la Rehabilitación energética de edificios públicos para destinarlos a alquiler social. Con estos fondos se financia actualmente la rehabilitación del parque público autonómico y de las denominadas casas de camineros. En total, 240 millones para el sector de la rehabilitación.
