«Mañueco no toma ni una medida directa para ayudar a los ciudadanos»

Fran Díaz, senador por el PSOE de Salamanca, y Rosa Rubio, procuradora en las Cortes de Castilla y León han puesto en valor las medidas decretadas por el Gobierno para la protección de los ciudadanos y la salida de la crisis, “y los beneficios, la buena repercusión y las rentables consecuencias que tienen para Salamanca y los salmantinos” tras anunciar una nueva batería de decisiones por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez que serán aprobadas en el próximo Consejo de ministros, “con un calado económico y social” y con el objetivo de beneficiar a todos los españoles

En este sentido, Díaz ha destacado la revalorización de las pensiones, con una mención especial a las no contributivas “donde 3.773 salmantinos y salmantinas perciben ya un 15% de aumento”, la subida del SMI o la implantación del Ingreso Mínimo Vital y su incremento en un 15% “del que se benefician a día de hoy 5.472 residentes en nuestra provincia”, las ayudas al sector primario, la bonificación al carburante o las subvenciones al transporte “que favorecen a 1.995 empresas del sector en la provincia y a más de 200.000 conductores”.

El senador salmantino ha recordado a su vez la reducción del IVA sobre la electricidad, que ha pasado del 21 al 5% hasta el final de este año “lo que hace que España tenga el IVA más barato de toda la Unión Europea”. La prolongación de anteriores medidas como la flexibilización de los contratos de suministros de gas, la ampliación de los descuentos del bono social, “que tienen concedido y afectan a 16.640 ciudadanos en Salamanca”, la minoración de la retribución de la energía eléctrica, la reducción al 0,5% del impuesto especial sobre la electricidad y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.

También, ha añadido Díaz, “tiene importante repercusión en nuestra tierra” la reducción en un 50% del precio de todos los abonos mensuales y de cualquier título multiviaje de transporte terrestre prestado por el Estado o entidades estatales, y de un 30% para los abonos del transporte prestados por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Para reforzar la protección a los más vulnerables se ha decretado, ha incidido el senador socialista, la prohibición de suspender el suministro de energía eléctrica, gas y agua para consumidores con dificultades económicas o sociales, y el tope a la subida de los alquileres. Además de aprobar una ayuda directa de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados con bajos ingresos, “cerca de 3.000 solicitudes ya se han tramitado en Castilla y León en este sentido”  y se limita  el precio máximo de la bombona de butano a un máximo de 19,55 euros.

Para apoyar a los sectores más afectados por la subida de los precios:

• Se prorroga hasta septiembre el aplazamiento en el pago de cuotas de la Seguridad Social para el sector agrario y del transporte.
• Se facilitarán ayudas directas a las industrias en estos sectores
• Se amplían las ayudas aprobadas anteriormente contra la sequía.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha transferido 24 millones de euros para ayudas directas a agricultores y ganaderos además de rebajas fiscales en los módulos de la declaración de la renta del ejercicio pasado que suponen un ahorro de impuestos de más de 105 millones de euros al sector agrícola y ganadero en la Comunidad,  porque “cuando se habla de subir o bajar impuestos lo que hay que decir, hacer y decidir es que impuestos se suben, que impuestos se bajan, y a qué y a quién”. En el caso del transporte, el de mercancías y el de viajeros, las rebajas, ayudas y bonificaciones “están suponiendo un ahorro medio a cada transportista de 700 euros al mes”.

“Una cosa es predicar y otra e dar trigo” ha reivindicado el senador salmantino en referencia al PP, “un partido que tanto en Salamanca como en Castilla y León reclama en Madrid más medidas pero luego allí donde gobierna está inactivo y ausente” lo que demuestra que hay dos modelos muy diferentes a la hora de salir de la crisis, “el del PSOE en el que no se deja atrás a nadie, o el que aplicó el PP hace diez años donde se dejó tirada y abandonada a la clase trabajadora y a los ciudadanos más vulnerables” ha concluido Fran Díaz.

Dos formas de gobernar y de gestionar

En esos dos modelos contrapuestos de afrontar una “salida justa” a la crisis provocada por la pandemia y la guerra de Ucrania ha insistido la procuradora del PSOE por Salamanca Rosa Rubio, “hay dos formas de gobernar y de gestionar” ha indicado, la del Gobierno de España y la de la Junta de Castilla y León, “mientras el ejecutivo socialista toma medidas para ayudar a los ciudadanos, a las familias, a los trabajadores y a las empresas, el ejecutivo de Mañueco no ha tomado ni una sola medida de ayuda directa para los castellanos y leoneses”.

En esta misma línea, Rubio ha recordado el Plan anticrisis que el Grupo Socialista presentó en las Cortes de Castilla y León el pasado mes de mayo por un importe total de 357 millones de euros donde, entre otras muchas medidas, se pedían bonificaciones de 10 céntimos por litro de carburante adicionales a los 20 céntimos aportados por el Gobierno de España, la aprobación de ayudas a agricultores y ganaderos por valor de 14 millones de euros, el adelanto en un 90% de los pagos de la PAC, además de complementar las ayudas estatales al transporte pero, “el PP y Vox votaron no y rechazaron todas estas medidas”.

“Uno de cada cuatro salmantinos hoy por hoy no se puede permitir salir una semana de vacaciones y hacer frente a pagos imprevistos” ha lamentado la procuradora salmantina, y la población que está en riesgo de pobreza o exclusión social llega a más del 23% en Castilla y León, “y el gobierno del señor Mañueco sigue paralizado, dedicándose a nombrar altos cargos y asesores y a no poner en marcha ninguna medida de ayuda directa”.

“Por si esto fuera poco”, ha denunciado la parlamentaria del PSOE, “el señor Mañueco tiene 600 millones de euros guardados en el cajón de fondos europeos por no realizar las convocatorias adecuadas y necesarias para que ese dinero llegue a autónomos, empresarios y empresas”, en definitiva, “una parálisis total del gobierno autonómico” concluyó.