Javier Román Capillas, decano del Colegio de Abogados de Salamanca y Moisés Cabrera Ramos, diputado de la Junta de Gobierno del Colegio, expresaron este martes su disconformidad con el retraso e incumplimiento de pagos para los letrados del turno de oficio, que cada año cuenta con menos profesionales dispuestos a asumir estos casos, debido a lo poco que se les paga y las demoras en hacerles los ingresos. En Salamanca se adeudan 250.000 euros.
Texto: Pedro Aristarain
En el marco de la celebración del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, hablaron de los impagos y los retrasos de los pagos, iniciados a principios de febrero y que se han ido acumulando desde entonces.
En marzo se debían en España 2.912.000 euros (comprometidos a pagarse próximo lunes 18 de julio), 3.011.800 euros adeudados del mes de abril (sin fecha prevista de pago) y otros 3.400.548 de mayo (también sin fecha de pago).
Capillas anunció que llevarán a cabo distintas medidas de presión, propuestas en las asambleas conjuntas con los distintos colegios afectados a nivel nacional. Entre ellas, se habló de nuevas concentraciones, como la que este martes se llevó a cabo ante la Subdelegación del Gobierno, en la Gran Vía, huelgas de celo y las bajas masivas de colegiados de turno de oficio.
Este viernes 15 tendrá lugar en Madrid una reunión entre todos los decanos afectados, con el fin de determinar cuáles medidas de presión serán las implementadas.
“El ministerio a bombo y platillo anunció que se había aprobado una subvención de 46 millones, pero esta no se ha pagado, no nos confundamos”, explicaba el decano de los abogados salmantinos y hacía hincapié en que, a pesar de esta situación, “nosotros los abogados de oficio seguimos cumpliendo guardias, seguimos trabajando”.
El diputado de la Junta de Gobierno del Colegio, Ramos, expuso varios datos para contextualizar la situación actual de los letrados en turno de oficio en la provincia.
Destacó la reducción del número de profesionales que participan en el turno de oficio, que ha pasado de los 420 letrados en 2018 a los 354 de este año.
Este dato contrasta con el aumento de atenciones en el servicio de la orientación jurídica y el número de expedientes anuales tramitados, que superarán el volumen de casos atendidos en ejercicios anteriores.
Cabrera Ramos pone como ejemplo al municipio de Vitigudino, donde se tramitaron 311 casos del turno de oficio (40 con asistencias penales) y cuenta solo con una letrada encargada para todos los asuntos, por lo que aclaró que “estamos reivindicando que se refuerce la posibilidad de tener más letrados de guardia”.
Dadas las circunstancias de costes y el pago de 80 euros por la asistencia, el diputado remarca que muchos profesionales acabarán abandonando el servicio ya que, como él mismo explica, “no les merece la pena”.
“Ya está bien que los políticos de cualquier signo se llenen la boca hablando de protección a los más vulnerables y desamparados, pero que al mismo tiempo se olvidan de uno de los pilares para la defensa de esas personas”, exponía Capillas. Y concluía declarando que “la abogacía cumple, pero el ministerio no”.
