[dropcap]Q[/dropcap]ue el calentamiento global está provocando numerosas catástrofes en todo el mundo es indudable y que una parte importante de los incendios forestales de este verano en Castilla y León, en España, y en el resto del mundo, pueden estar condicionados por dicho calentamiento no cabe duda, pero ello no debe hacer olvidar que la gestión que se realiza de los bosques es manifiestamente mejorable.
La Ley de Montes 43/2003, modificada mediante la ley 21/2015, establece como objetivo mejorar la gestión para contribuir a la conservación de la biodiversidad, la prevención de los incendios forestales, la lucha contra el cambio climático y el aprovechamiento económico de los montes y, aunque establece que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente colaborará con las comunidades autónomas en la elaboración de los modelos tipo de gestión forestal de cada comunidad, y facilitará el intercambio de experiencias sobre ellos, la realidad es que desde hace muchos años la gestión la realizan las comunidades autónomas.
La Ley considera a los montes como infraestructuras verdes y al territorio forestal como parte importante del mundo rural, al que pertenece, reconoce el concepto de multifuncionalidad de los montes españoles y señala tres pilares imprescindibles de la gestión forestal sostenible: el económico, el ecológico y el social. Sin embargo, su aplicación práctica por las comunidades autónomas, condicionadas por fuertes intereses económicos, está muy alejada de dichos conceptos y, de hecho, ha impedido el aprovechamiento comunitario de los recursos forestales que tradicionalmente venían realizando los pueblos: desde el desbroce para aprovechar la leña hasta su aprovechamiento por rebaños de ganadería extensiva, disminuyendo así la masa inflamable, lo que en última instancia ha contribuido a la multiplicación de los incendios y al carácter explosivo de estos.
Otros recursos forestales como la explotación de setas o la propia caza, o incluso las repoblaciones forestales, son gestionados también al margen de los ayuntamientos, por empresas con intereses económicos ajenos a los pueblos.
Sustraer el aprovechamiento de los montes a los vecinos de los pueblos es un error monumental. Es proverbial recordar aquí dos viñetas del genial Perich, una que en respuesta a la campaña institucional que utilizaba el slogan “cuando un bosque se quema algo suyo se quema” dibujaba a dos paisanos que comentaban “cuando un bosque se quema algo nuestro se quema, pero cuando un bosque se vende ¿Quién es el que cobra?”, a la que siguió otra no menos incisiva: “Cuando un bosque se quema, algo suyo se quema señor conde”.
Parece claro que de los tres pilares imprescindibles de la gestión forestal sostenible predomina el primero de ellos, el económico, en detrimento de los otros dos: el ecológico y el social, pero incluso el pilar económico es ajeno a los intereses del mundo rural y favorece al lucro de empresas ajenas a los propios pueblos, algunas relacionadas con la poderosa industria maderera y del papel, desde el aprovechamiento de la madera de los bosques calcinados o la plantación de árboles de crecimiento rápido pero que arden fácilmente, como el eucaliptus, y también otros intereses recogidos en la propia ley que aunque mantiene “la prohibición expresa del cambio de uso forestal durante 30 años en un terreno incendiado” contempla la “excepción de los terrenos en los que concurran razones imperiosas de interés general que prevalezcan sobre su carácter forestal”, a cuyo amparo han crecido intereses económicos de todo tipo como numerosos proyectos inmobiliarios y, más recientemente, parques eólicos y de paneles solares (continuará).
