El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) acordó suspender el procedimiento de adjudicación del contrato del servicio sanitario terrestre en la Comunidad, y asume la cautelar que reclamó CGT hasta la resolución de su recurso frente a los pliegos de contratación.
CGT recurrió los pliegos de contratación, por su información «irreal», al considerar que esos servicios previstos en el nuevo contrato requerirían elevar «un tercio» las plantillas actuales.
Tarcyl asegura en su resolución que “en el presente supuesto, una regla de prudencia aconseja que este Tribunal se pronuncie a favor de la suspensión del procedimiento”. “En efecto, la continuación del procedimiento produciría, de estimarse el recurso, un perjuicio no sólo a las empresas recurrentes, sino también a los licitadores que hayan podido concurrir a la licitación, así como al interés público, ya que la estimación del recurso conllevaría la retroacción del procedimiento con la consiguiente dilación en la contratación en cuestión”, indica en el texto recogido por Ical.
En el recurso especial en materia de contratación presentado el 21 de julio por la Confederación General del Trabajo- Federación Local de Sindicatos de Valladolid, se solicita que se suspenda el procedimiento de adjudicación hasta la resolución del recurso. El recurso se plantea frente a los pliegos que han de regir la contratación del del servicio sanitario terrestre en la Comunidad, y reclama la suspensión de su tramitación.
Tarcyl recuerda que la finalidad de la suspensión solicitada sería, en su caso, “garantizar la efectividad de una resolución de carácter estimatorio y, en todo caso, que el fundamento de las medidas cautelares descansa en que exista una situación tutelable, así como una apariencia de fumus boni iuris (apariencia de buen derecho)”.
Contra este acuerdo no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que ponga fin al procedimiento.
Cabe recordar que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 16 de junio, la contratación, por un importe de 736,2 millones de euros y con una duración de seis años y la inclusión de presupuesto para cubrir futuras necesidades, de la ampliación y mejora del servicio de transporte sanitario terrestre, tanto urgente como no urgente, para los pacientes a cuya asistencia está obligada la Gerencia Regional de Salud. Gracias a esta inversión, fruto de un profundo estudio, se pasará de las 605 ambulancias actuales a 706, lo que supone un aumento del 16,7 por ciento.
CGT informó de que el recurso y las medidas cautelares reclamadas están relacionadas con las “irregularidades” que afectan a los trabajadores, en “aras de proteger los intereses públicos y privados” comprometidos en la convocatoria.
La organización reseñó, al respecto, que el convenio colectivo impulsado por otras organizaciones está recurrido ante la sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, porque “ha sido redactado en su totalidad para favorecer y dar herramientas a la parte empresarial” con una redacción “ambigua” que no cumple la normativa europea en materia de jornada, entre otras cuestiones como los EPIS o el tratamiento de estos empleados dentro del transporte y no como sanitarios.
