El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León instó este viernes a la Junta de Castilla y León a que desista del procedimiento de contratación del transporte sanitario y recupere su gestión pública o, al menos, haga un nuevo pliego “escuchando a trabajadores y afectados”, tras la suspensión cautelar del procedimiento dictada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCCyL).
Ical.- En una comparecencia realizada en la sede de las Cortes de Castilla y León, el portavoz en la Comisión de Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Briones, consideró que la Junta “debe dejar de hacer el ridículo” en la gestión del transporte sanitario tras conocerse la decisión del TARCCyL, al que felicitó por su “rapidez en la resolución” a pesar de contar con “medios tan exiguos”.
Una decisión que fue calificada por Briones como un “tirón de orejas” a la Junta desde el punto de vista jurídico porque “el traje a medida” que habían hecho para la actual empresa concesionaria, Ambuibérica, estaba “mal cosido” al existir la posibilidad de haber cometido una infracción, motivo de la suspensión. Además, también lamentó que desde el punto de vista político “todo el mundo sabía a quien iba destinado” el contrato, y desde el administrativo “el pliegue estaba lleno de errores y suponía un perjuicio claro para los trabajadores”.
Es por ello que el PSOE consideró que la Junta debe “desistir definitivamente del procedimiento de contratación” para internalizar el servicio, “renunciando a su privatización o externalización” tras mostrarse esta “cara, ineficaz e ineficiente”, o en todo caso realizar “un nuevo pliego escuchando a los trabajadores y afectados”, para que con el nuevo contrato de concesión del transporte público “se defienda el interés general y no el interés particular de alguna o algunas empresas”.
“Nerviosismo” de Carriedo
Criticó asimismo Briones el “nerviosismo” del que acusó al portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, en su comparecencia de ayer tras el Consejo de Gobierno, que achacó a la posibilidad de que la resolución definitiva que emita el TARCCyL, previsiblemente en septiembre, pueda “poner en una situación difícil a la Junta si estima que se han lesionado bienes jurídicos o el interés público”.
“Dice la Junta que respeta la decisión del TARCCyL, pero señala que su objetivo es mejorar el contrato si recibe alguna sugerencia en lugar de estudiar el recurso estimado”, apunta contrariado el portavoz en la Comisión de Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, esgrimiendo así que “da la sensación de que en la Junta se han asustado y tienen miedo de que la resolución pueda ser estimatoria”, motivo por el que Carriedo “tira balones fuera e intenta confundir a los colectivos y sindicatos recurrentes apelando a una posible mejora del contrato para ver si quitan el recurso”.
“Pero el TARCCyL no hubiera suspendido el procedimiento si no hubiera visto posibles perjuicios a los intereses de los afectados”, concluyó Briones, considerando asimismo una “temeridad” que la Junta tenga en mente seguir con el procedimiento, dado que “puede generar problemas si entramos en los efectos retroactivos que pueda generar este procedimiento”.
“Dejadez y falta de control” de la Junta
Por su parte, la portavoz de Función Pública del Grupo Parlamentario Socialista, Yolanda Sacristán, hizo un repaso al histórico de problemas generados “desde que Ambuibérica empezó a operar en 2014 en la gestión del servicio del transporte sanitario”.
En ese sentido, apuntó que la empresa concesionaria del transporte sanitario en Castilla y León “acumula incontables conflictos laborales que desembocan en sentencias condenatorias que cuestionan el funcionamiento de esta empresa en Castilla y León”, situación que trató de atajar el Grupo Socialista en la pasada legislatura con una iniciativa, aprobada por la unanimidad de las Cortes, para “realizar una auditoría a Ambuibérica para cerciorar que estaba cumpliendo el contrato”.
Sin embargo, según Sacristán, “la dejadez y falta de control de la Junta ha hecho que esta empresa campe a sus anchas incumpliendo sistemáticamente el pliego de condiciones técnicas y usando ambulancias en pésimas condiciones, con miles de kilómetros realizados y procedentes de la flota de vehículos desechos de otras comunidades”.
Recordó así la procuradora socialista que Ambuibérica llegó a trabajar en varias comunidades autónomas de España en la gestión del servicio del transporte sanitario, entre las que se encontraban Aragón, Castilla-La Mancha, País Vasco o Cantabria, siendo esta última la única que continúa contando con Ambuibérica para la gestión del transporte sanitario y “sopesando que el servicio pase a ser de gestión pública”.
Gestión pública mayoritaria
Una situación por la que Sacristán aseguró que se está optando en “la mayoría de comunidades autónomas” tras varios años de gestión externalizada o privada, puesto que esta última “ha elevado el coste”, mientras en Castilla y León “con el nuevo consejero la situación empeora al aplicar lo mejor que sabe hacer el Partido Popular: recortar en servicios públicos”.
Recordó así el anuncio realizado por el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, nada más asumir sus competencias de “destinar 809 millones para el nuevo contrato con el que reducir el tiempo de respuesta”. Una cantidad que se vio reducida en la licitación en 72 millones y 59 ambulancias menos y que, además, obligó a prorrogar el contrato actual con Ambuibérica ya que “al presidente de la Junta se le olvidó licitar el nuevo contrato cuando el vigente finalizaba el 30 de junio”.
“Ahora la Junta saca un concierto hecho con prisas donde no se tienen en cuenta las resoluciones judiciales, imponiendo a los técnicos de emergencias sanitarias funciones que no les corresponden” y con una división por provincias por la que “si ahora existen problemas internos de coordinación con la misma empresa concesionaria, imaginen si en cada provincia operara una empresa diferente”.
“La Junta ha elegido el mal camino pero están a tiempo de cambiarlo”, concluyó Yolanda Sacristán, reiterando que el Grupo Parlamentario Socialista solicitará en las Cortes “que el servicio del transporte sanitario pase a ser público para priorizar una adecuada atención a los usuarios a través de una gestión eficaz y eficiente”.
