CSIF, como primera fuerza sindical en la Administración autonómica, exigió este miércoles que la mejora de las condiciones laborales y salariales del operativo contra incendios forestales se negocie en la Mesa General de los Empleados Públicos al tratarse de un “servicio de principio a fin público” y advirtió de que irán a los tribunales “si se toca” en un acuerdo en el marco del Diálogo Social condiciones de los trabajadores.
Ical.- Así lo reivindicaron el presidente autonómico de la central sindical, Benjamín Castro, y el delegado autonómico del sector de medioambiente Agustín Angulo, quienes remarcaron que la negociación debe situarse en un ámbito más amplio del Diálogo Social, en el que solo están CCOO, UGT y la patronal.
En tal sentido, consideraron que dichos acuerdos, cuyo contenido solo conocen a través de notas de prensa de la Consejería, no tiene legitimidad al dejar fuera de la negociación a la central mayoritaria en la representación de los empleados públicos, por lo que CSIF ha remitido sendas cartas a los consejeros de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y de la Presidencia, José Julio Carnero, para que se convoque la Mesa General.
Castro manifestó que no van a permitir que se negocie o se firmen acuerdos que «pongan en peligro» las condiciones de los empleados públicos y del personal laboral integrado en el operativo de extinción de incendios.
Así, explicaron que de un operativo de más de 4.400 trabajadores, el 43 por ciento, casi 2.000 son empleados públicos, si bien advirtieron que en dinero solo se destina el 20 por ciento del gasto total y que únicamente se mejoraron las condiciones de extinción por lo que solicitaron que se corrija en la Mesa General y en el convenio colectivo.
Precisamente, Angulo lamentó que se “desprecie” el trabajo de los empleados de prevención, como los escucha, cuya labor consideró esencial para tener la información ante la declaración de un incendio y enviar al mismo los medios adecuados.
Respecto de la petición de dimisión de Suárez-Quiñones ante la gestión de unos incendios de este verano que están siendo «una tragedia», Castro apuntó que más que su dimisión quieren que se cambie el modelo, que ven «caduco» para que sea público en su totalidad y despegado por los empleados públicos de la Comunidad, como indicó que ocurre en Castilla-La Mancha, Valencia o Extremadura.
