La Comisión de Movilidad y Transformación Digital de las Cortes de Castilla y León ha debatido este miércoles una Proposición No de Ley presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL), mediante la cual los regionalistas solicitaban la agilización de la ampliación de capacidad de la carretera Salamanca-Alba de Tormes (CL-510), aprobada por las Cortes a finales de 2017 precisamente a propuesta de UPL.
La procuradora leonesista, Alicia Gallego, ha apuntado en el debate de esta iniciativa parlamentaria que “estamos hablando de una carretera que soporta una intensidad media diaria de 11.000 vehículos en el tramo entre Salamanca y Calvarrasa de Arriba, y en torno a los 6.000 entre Calvarrasa y Alba de Tormes, siendo la carretera de la red autonómica que más tráfico soporta en la provincia de Salamanca, teniendo una alta peligrosidad”.
Por ello, ha recordado que en el año 2017 desde Unión del Pueblo Leonés se presentó una enmienda a los Presupuestos de la Comunidad de 2018 para intentar desbloquear la situación, tras haber desechado la Junta el proyecto de conversión en autovía.
Una enmienda que solicitaba el aumento de la capacidad de la carretera autonómica CL-510 entre Salamanca y Alba de Tormes, de cara a reducir la peligrosidad de la misma y favorecer los desplazamientos de forma más segura, y cuya aprobación lograron los leonesistas.
Esta aprobación e inclusión en los Presupuestos implicó que la Junta se comprometiese en 2018 públicamente a acometer dicha mejora en la capacidad de la carretera, para lo que se decantó por la opción de una vía rápida 2+1, con un carril reversible que favoreciese los adelantamientos de forma más segura, y que estaría a medio camino entre la carretera convencional actual y la autovía prometida hace década y media.
Sin embargo, según ha apuntado la representante de Unión del Pueblo Leonés en la Comisión de Movilidad, pasados casi 5 años desde la aprobación de dicha enmienda “la Junta sigue sin otorgar el impulso necesario para acercar a que sea una realidad este proyecto”, señalando que “el gobierno autonómico ha limitado su labor en la CL-510 poco más que a tareas de mantenimiento”.
Por ello, desde UPL han señalado en Cortes que el gobierno autonómico “se debe tomar muy en serio esta cuestión, dada la alta intensidad de tráfico y peligrosidad que posee la carretera CL-510 entre Salamanca y Alba de Tormes”, y por ello instaban a la Junta, mediante la Proposición No de Ley debatida en Cortes a que “como institución titular de la CL-510, dé un impulso real y decisivo al proyecto de aumento de capacidad de esta carretera entre Salamanca y Alba de Tormes”, acometiendo la ejecución del tercer carril reversible proyectado sin demorar más el inicio de las obras.
Sin embargo, los leonesistas se han topado con la oposición de PP y Vox en la Comisión de Movilidad y Transformación Digital, cuyo rechazo ha bloqueado la iniciativa de UPL. En este aspecto, el portavoz de Vox en dicha comisión, Francisco Javier Carrera Noriega, ha apuntado que “está prevista la entrega del proyecto en el primer semestre de 2023”, señalando además que desde la Junta de Castilla y León “se contempla una partida para el año 2025 para iniciar la licitación de las obras”.
Una posición similar a la sostenida por la representante del PP en la Comisión, Beatriz Coelho, que ha justificado que casi un lustro después de la aprobación en Cortes de la inversión no se hayan iniciado las obras, señalando que “estamos ante contrataciones con la administración pública, lo cual requiere el cumplimiento de muchos trámites, normativa y por tanto el incremento en los plazos de ejecución”.
No obstante, los argumentos planteados por Vox y PP no convencieron a la representante de UPL, Alicia Gallego, que en el turno de réplica se preguntaba sobre el proyecto que “si es necesario y hay una necesidad de seguridad, por qué no se agiliza”. En este aspecto, recordando la promesa realizada por Juan Vicente Herrera de aumentar la capacidad de esta carretera, Gallego afirmaba que “desde el 2009 llevamos soportando la burocracia y la falta de interés que tiene la Junta”.
Por último, la representante leonesista apuntó que “es triste tener que decir a los ciudadanos”, respecto al inicio de las obras, que depende de “si la Junta tiene a bien iniciarlas en el 2025 y evitando la burocracia que la propia Junta dice soportar de sí misma”. Por ello, la procuradora de UPL finalizó su intervención señalando, ante la demora en la ejecución del proyecto, que “si hay otras razones, que se digan de forma clara y no se enrede más hacia el 2025, que todavía queda mucho”.
