La Junta de Castilla y León duplicará el presupuesto destinado al operativo contra incendios forestales de manera consolidada durante las tres próximas anualidades para transformarlo y conseguir que pueda “acometer las realidades derivadas de la situación climática y de la sequedad de nuestras masas forestales”, gracias a un acuerdo alcanzado entre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio con los miembros del Diálogo Social (UGT, CCOO y CEOE) que también convertirá al 90 por ciento de los trabajadores fijos discontinuos del ámbito público en operarios con contrato durante todo el año.
Así lo desveló este martes el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la firma de un acuerdo con las entidades del Diálogo Social con el que se culmina un “trabajo intenso” realizado durante “más de dos meses” para, desde “un ejercicio de responsabilidad importante, con renuncias de todas las partes”, conseguir las pautas para la reforma del operativo de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla y León.
Las mismas incluyen, según especificó el consejero en declaraciones recogidas por Ical, un incremento en las capacidades de prevención y extinción con especial intensidad en los tratamientos silvícolas, que se incrementan “de manera relevante”, así como la estabilización de los 4.554 trabajadores del operativo, que “verán incrementada su dignificación y profesionalidad” con la conversión de 781 de los 837 miembros del personal laboral fijo discontinuo en fijo continuo, por lo que trabajarán doce meses al año, y con el aumento del mínimo por el que las empresas privadas y TRAGSA contratan al personal para combatir los incendios, que pasará de cuatro a nueve meses.
También se reforzarán los centros de mando autonómico y provinciales “con personal especializado”, la atención vigilada “los 12 meses del año”, se abordarán reformas en infraestructura, equipos, logística y avituallamiento, y se realizará un “esfuerzo muy relevante” en materia de formación, tanto específica del puesto como ante las “realidades de nuevos incendios”, que necesitan “mayor especialización y profesionalización”.
No obstante, Suárez-Quiñones, que cifró la consecución del total de estos acuerdos para el año 2025, recordó que parte de las reformas no dependen solo de su aprobación por parte de la Comisión de Seguimiento del Diálogo Social en materia forestal, sino que están sujetas a la negociación colectiva en sus correspondientes mesas específicas de negociación.
Por ello, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio matizó que los nuevos contratos serán efectivos cuando “se traslade al ámbito de negociación de la función pública” en lo referente al ámbito de los trabajadores de la Administración, mientras que, en relación a las empresas privadas que participan del operativo, se pondrán en marcha con las nuevas licitaciones, en las que “se irán incorporando estas mejoras”. En todo caso, el consejero se mostró confiado en que “para la temporada 2023, van a ser efectivas estas mejoras de forma muy relevante” en el operativo de extinción de incendios forestales de Castilla y León.
Fondos propios
En cuanto a la procedencia de los fondos con los que se duplicará el presupuesto actual del operativo, que asciende a cerca de 66 millones de euros, hasta los 126,88 millones garantizados en los próximos tres años, Suárez-Quiñones aseguró que “apenas hay fondos europeos” para la adquisición de vehículos, como las autobombas que se entregarán este próximo jueves, por lo que “la absoluta mayoría de este incremento procede de la Junta de Castilla y León”.
Lamentó por ello el consejero de Medio Ambiente que la Comunidad, en relación a la conservación del territorio, esté “financiada en atención a las personas”, lo que implica “hacer un esfuerzo para prestar servicios al territorio”. De ahí, recordó, viene “la discordancia con el Gobierno”, al que volvió a reclamar que “apoye financieramente a los territorios” en materias como el Medio Ambiente, repartiendo los fondos por extensión y no por población.
En cualquier caso, Suárez-Quiñones reivindicó de nuevo el “esfuerzo” del Gobierno autonómico por dotar al operativo con más de 125 millones en tres años de los que “al menos 86 van para la estabilización del personal del operativo y la mejora de prestaciones”: 54 millones para la ampliación a todo el año de los contratos del 90 por ciento del personal público que ahora mismo es fijo discontinuo y otros 31 millones para que el personal contratado por TRAGSA o las empresas privadas, que asciende a entre 1.700 y 1.800 personas, aumenten sus contratos a un mínimo de nueve meses al año. El resto de la cuantía irá destinada a la mejora de vehículos e infraestructuras.
“Con este acuerdo, se incrementa la resistencia y la preparación de nuestro territorio ante estos fenómenos extremos como son los incendios”, concluyó Suárez-Quiñones, recordando, no obstante, que “lo que hemos vivido este verano es tan excepcional que no puede garantizarse nada con ningún operativo”.
