El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, consideró hoy en Burgos “razonablemente bueno” que ocho de cada diez personas que salen en libertad no vuelvan a prisión para cumplir condena por un nuevo delito, según se desprende del estudio pionero sobre reincidencia elaborado por la Central de Observación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que el responsable ministerial presentó hoy en la prisión de Burgos.
Ical.- En este sentido, el responsable ministerial subrayó que este informe revela también que la tasa de reincidencia penitenciaria se sitúa en un 19,98 por ciento, al tiempo que subrayó que “prefiere decirlo de otra manera: el 80,02 por ciento de los internos que cumplen su condena y alcanzan la libertad no vuelven a prisión por haber cometido nuevos hechos delictivos”.
Para obtener estas cifras, se ha analizado las 19.909 excarcelaciones que se produjeron durante el año 2009 y, a partir de ahí, se estudiaron cuántos reingresaron en prisión en los siguientes diez años (hasta 2019) para cumplir condena por un delito cometido tras su puesta en libertad. “Ha sido más de un año y medio de trabajo dedicado y concienciado”, dijo, al tiempo que advirtió de que “no se trata de una encuesta” ya que “no se ha trabajado con una muestra” sino que “se ha realizado un seguimiento durante casi once años de las 19.909 excarcelaciones” producidas en el país en este tiempo.
De los datos del estudio, Grande-Marlaska destacó que más de la mitad de las personas que vuelven a cometer un delito penado con prisión lo hace en el transcurso de los tres primeros años tras su puesta en libertad, en concreto, supone un 53,01 por ciento de los reincidentes. La tasa de reincidencia más elevada se sitúa entre el primer y el segundo año con un 4,11 por ciento.
La segunda (3,45 por ciento) en el mismo año de la excarcelación, lo que revela un tipo de reincidencia muy rápida. Por otro lado, en un 65,84 por ciento de los casos de los que volvieron a delinquir cometieron un solo delito, mientras que el 34 por ciento de las personas retornó a prisión por varios hechos delictivos.
Asimismo, el ministro del Interior se refirió al perfil de las personas que reincide, de los que dijo, es un hombre de nacionalidad española y con una edad comprendida entre los 31 y los 50 años. Además, resaltó que el 94,97 por ciento de los reincidentes son hombres mientras que solo el 5,03 por ciento son mujeres. Casi nueve de cada diez (el 88,61 por ciento) tienen nacionalidad española frente al 11,38 por ciento, que son extranjeros. En cuanto al segmento de edad, el 64,41 por ciento de los que volvieron a delinquir y fueron condenados a prisión tenían entre 31 y 50 años.
Libertad condicional
Fernando Grande-Marlaska también subrayó que uno de los últimos estadios es la libertad condicional y precisó que el estudio que hoy se presenta arroja en este terreno una conclusión que, a su juicio, “también debe ser tenida en cuenta”. Así, resaltó que “la reincidencia es más baja, de hecho es la mitad, entre aquellas personas que fueron excarcelados tras un periodo de libertad condicional”.
Es decir, explicó, “que han ido evolucionando del sistema de traslados semiabierto, otra condicional y la libertad definitiva”, lo que indica, dijo, que “junto al magnífico trabajo de los profesionales penitenciarios es necesario también contar con un entramado institucional, social y comunitario fuera de prisiones, que construye una red de seguridad que permita al interno excarcelado asumir su puesta en libertad como una nueva oportunidad para rehacer su vida”.
“Y, sobre todo, este entramado institucional, social y comunitario, por los datos que he dado previamente, más importante aún en el momento inmediato posterior a la excarcelación definitiva que son en esos tres primeros años cuando el riesgo de reincidencia es más importante”, apostilló Grande-Marlaska.
90 aniversario
El hecho de que este informe se haya presentado a nivel nacional en el centro penitenciario de Burgos se debe a que este año conmemora su 90 aniversario, tal y como recordó el ministro del Interior. En este sentido, relató que la prisión burgalesa, en el momento de su inauguración en 1932 comenzó a funcionar “bajo una política penitenciaria que hoy podemos aplaudir”, dijo, al tiempo que añadió: “un régimen carcelario humano que incluye trabajo, educación, lecturas no censuradas, acceso al ocio y visitas periódicas”.
Sin embargo, lamentó que “el golpe de Estado franquista lo truncó todo” y que este centro fue primero “centro de exterminio de los opositores a la rebelión militar” y “en los años 50 y 60 un centro de reclusión de presos políticos que trabajaron contra la dictadura franquista”. “Hoy, este centro ha recuperado su filosofía original y eso es lo importante y es un centro de referencia en el tratamiento de las personas privadas de libertad”, exclamó.
En esta línea, aplaudió la labor llevada a cabo por su directora, Elena Ramos, y su equipo para que la institución penitenciaria cumpla “ni más ni menos que el papel que debe jugar en un estado democrático” y que, dijo, “no es otro que devolver a la sociedad a las personas que privadas de su libertad han saldado sus deudas y han logrado recuperar nada más y nada menos que su capacidad de ejercer con plenitud sus derechos y con absoluto respeto evidentemente a la paz social”.
“Pionero” y “referente”
En el acto de presentación del informe también intervino el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, quien resaltó que el informe presentado supone el “más completo y riguroso” de los que en esta materia ha realizado Instituciones Penitenciarias. También destacó, entre otras cosas, que el centro penitenciario de Burgos ha sido “pionero” y “referente” en España con “programas punteros” como los de concienciación de violencia de género o la unidad canina.
El acto de presentación del informe también contó con la asistencia de la coordinadora técnica de la Central de Observación, Petra Mínguez, así como otras autoridades como el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente; la directora del centro penitenciario, Elena Ramos; el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente; y el alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa.
