El Consejo de Gobierno acordó este jueves la adopción de medidas de ahorro y eficiencia energética en todos los órganos la Administración de la Comunidad en el marco de la actual crisis energética para su uso en edificios públicos, en materia de contratación pública, sensibilización y política energética solidaria.
ICAL. Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta, explicó que se da “un paso más” en las ya aprobadas y subrayó que son obligatorias para la administración, pero recomendables para el ámbito privado.
Así, se recoge que los edificios públicos se conectarán, cuando sea posible, a las redes de calor existentes en sus municipios, o que se dará prioridad a la descarbonización de la flota de automóviles, a través de la sustitución paulatina de los actuales vehículos de combustión por vehículos eléctricos o híbridos enchufables, y, en paralelo, se impulsará la instalación de puntos de recarga en los edificios públicos.
Desde las diferentes consejerías se optimizará la ocupación de los edificios evitando, cuando sea posible, el arrendamiento de inmuebles para uso de la Administración. En el caso de que fuere necesario recurrir al arrendamiento de edificios para uso público, se tendrá en cuenta la eficiencia energética del edificio.
También, los horarios de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, temperatura del aire, iluminación, agua caliente, equipamiento informático y resto de instalaciones con consumo de energía. Se programarán los horarios de arranque y parada de las diferentes instalaciones consumidoras de energía, así como la temperatura del aire, de modo que se pueda minimizar el uso energético dentro de umbrales aceptables de confort y servicio.
Todos los servicios y unidades administrativas procederán a ajustar el consumo de papel, plástico y consumibles, mediante el impulso de la tramitación electrónica y la automatización de trámites y procedimientos es otra de las medidas.
En los contratos se incluirán prescripciones técnicas y criterios de adjudicación orientados a reducir el consumo de energía en los bienes y servicios. Asimismo, se incluirán criterios de valoración vinculados al ahorro de energía y la eficiencia energética.
Por último, se recuerda que Castilla y León desarrolla desde hace años una política energética solidaria con el resto del territorio nacional, basada en la consolidación del empuje del sector energético, que la sitúa en el liderazgo en la energía renovable en España.
