En los últimos tiempos estamos viviendo una continuada subida en el precio de la energía, que se ha traducido en unas elevadas facturas para los consumidores. Debido a ello, algunos de ellos se han visto obligados a dejar de pagar los recibos, lo que supone una serie de consecuencias.
Los elevados precios de la electricidad están suponiendo para muchas familias un quebradero de cabeza para llegar a fin de mes. En este sentido, hay quienes han llegado a plantearse el no pagar dicha factura. Sin embargo, esto puede derivar en consecuencias como el corte del suministro por parte de la compañía. Los usuarios también se enfrentan a la posibilidad de entrar en la lista de morosos.
Los usuarios particulares disponen de un plazo de veinte días para pagar los recibos de la luz. En caso de no hacerlo, la compañía eléctrica podrá tomar medidas. El primer paso consiste en una reclamación al cliente y si el impago se prolonga durante los dos meses posteriores a la fecha que consta en la factura, la eléctrica podrá contar el suministro previa notificación al afectado.
Si se produce el corte y el cliente desea volver a tener acceso al servicio, deberá pagar el importe del recibo adeudado, los intereses de demora y los costos de la reconexión a la red. Por su parte, la empresa deberá restablecer el suministro en un plazo máximo de 24 horas. Por otro lado, ante las posibles irregularidades o facturas abusivas, la ley establece que primero se debe pagar el importe indicado y, posteriormente, proceder a la reclamación.
Finalmente, para el caso de las instituciones públicas, en caso de incurrir en impago de la factura, el suministro no puede verse interrumpido, ya que afectaría a servicios esenciales como la educación y la sanidad. Esto es, no se puede cortar el suministro a un hospital.
