La concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Salamanca ha rechazado el aumento de tasas previsto por el Consistorio para el 2023, calificándolo como un “negocio”. Entre otras, se incrementarán un 8,7% las de agua y alcantarillado, cementerios, mercado central, estacionamiento y depuración de aguas residuales.
Este viernes, el Ayuntamiento de Salamanca va a celebrar un pleno extraordinario para aprobar la modificación de 12 de las 100 Ordenanzas fiscales. Esto supondrá que Agua y alcantarillado, Cementerios, Mercado Central, Estacionamiento y Depuración de aguas residuales verán actualizadas sus tarifas con un incremento del 8,7%, en base al IPC de un año. Desde Podemos señalan que les “llama la atención” especialmente las subidas de agua, alcantarillado y depuración, ya que “se suma a otros incrementos de precio que la ciudadanía no puede evitar: luz, gas, alimentos o alquileres”.
El partido morado se pregunta “si el Ayuntamiento podría evitar que los ciudadanos paguen esta subida del agua”, a la vez que ellos consideran “que sí”. En su explicación, indican que el Consistorio “recibe anualmente un canon de 4 millones de euros de la empresa que gestiona este servicio”. De esa cantidad, “en torno al millón y medio de euros se destina a la renovación de redes de agua”. Por su parte, “el equipo de Gobierno” destina el resto “al pago de otros proyectos del Ayuntamiento que nada tienen que ver con el agua”.
“Los salmantinos estamos pagando no solo el coste del agua que consumimos, sino también otros servicios y proyectos de otra índole”, denuncian. En caso de no repercutir el IPC a las citadas tarifas “supondría para el Ayuntamiento dejar de recaudar 1,7 millones de euros. Pero con el canon de 4 millones hay dinero de sobra para que se haga cargo de esta subida y con ello proporcionar un cierto respiro a las familias de Salamanca”, exponen.
Tal y como ha recalcado la concejala Carmen Díez, “presentaremos alegaciones a la propuesta municipal en el periodo de exposición pública que se abrirá tras la aprobación del pleno del viernes. Y animamos a la gente a que haga lo mismo. No es de recibo que en las épocas que vienen mal dadas paguemos los de siempre”.
Fianzas obligatorias
Por otro lado, Podemos también pedirá en el pleno la supresión de las fianzas obligatorias impuestas en la Ordenanza al darse de alta en el servicio. Según explica el partido, estas fianzas “no se devuelven hasta que el usuario se da de baja. Es absurdo obligar a una comunidad de vecinos a que haga una fianza para poder acceder al agua. Por ejemplo, una comunidad de 100 vecinos tiene que depositar 1.556€ que le devolverán cuando deje de existir, lo cual no ocurre”.
“La empresa Aqualia dispone de todas esas fianzas en depósito. Podemos calcula que en torno a 3 millones de euros. Tenemos que pararnos a pensar en los privilegios de que está disfrutando esta empresa con la que el Ayuntamiento firmó un contrato en 1997, que teóricamente vencía en 2014 pero que ya ha conseguido que se prolongue hasta 2031. Hay que replantearse el asunto del agua, que es de todos, y nunca puede ser un negocio. En este caso para la empresa y para el Ayuntamiento. A costa de la ciudad”, concluye la formación.
