El Sindicato de Enfermería, Satse, ha reclamado a la Junta de Castilla y León y partidos políticos de la comunidad, en la que aún no se ha recuperado la jornada de 35 horas, que acaben con esta realidad laboral que discrimina y perjudica gravemente a las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas de su servicio de salud.
Satse recuerda que los profesionales de la Sanidad Pública de Castilla y León, como los de Aragón, Baleares Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, y Murcia, además de Ceuta y Melilla, no tienen aún una jornada laboral de 35 horas a la semana, a pesar de que han transcurrido ya más de cuatro años desde que el Gobierno permitiese a las comunidades autónomas recuperar este derecho laboral.
El Sindicato de Enfermería en Castilla y León, que se ha dirigido por carta al consejero de Sanidad, al gerente del Servicio de Salud y responsables de partidos políticos, denuncia que las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas de la comunidad no pueden disfrutar de este derecho laboral, aunque tienen las mismas responsabilidades profesionales, competencias, funciones y formación universitaria que sus compañeros del resto de Estado.
“La recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales, no solo supone un claro beneficio para los trabajadores, sino que conlleva la generación de empleo y mejora la disponibilidad de los profesionales para atender a los pacientes, lo que siempre redunda en unos cuidados y atención sanitaria más segura y de mayor calidad”, resaltan desde la organización sindical.
Satse recuerda que el aumento de la jornada laboral en 2012 hasta las 37,5 horas a la semana fue solo una de las medidas aprobadas en lo peor de la última crisis económica que ha afectado negativamente al trabajo y calidad de vida de los profesionales a lo largo de los últimos años. “No olvidemos que también vieron congelado su reconocimiento retributivo y se suprimieron pagas o días de descanso, entre otros derechos plenamente consolidados”, apunta.
El Sindicato de Enfermería recalca que apostar por la recuperación de este derecho laboral es una cuestión de voluntad política por priorizar, dentro de la gestión del gasto público, a la sanidad y sus profesionales, algo que no han hecho, hasta la fecha, los responsables públicos y políticos de las ocho comunidades autónomas mencionadas.
“Antes, ahora y en un futuro se puede argumentar que el contexto económico no es el adecuado, pero hay que tener claro que la administración siempre encuentra recursos cuando le interesa priorizar un determinado compromiso público o político, como podemos observar con frecuencia de manera pública teniendo en cuenta, además, la proximidad de las elecciones municipales, autonómicas y generales”, afirma.
Por ello, el Sindicato de Enfermería reclama a los responsables sanitarios y de los partidos políticos que realicen gestiones oportunas dentro de su ámbito de actuación para que, al igual que han hecho ya nueve comunidades autónomas desde hace años, se acabe con una medida injusta y discriminatoria que, además, dificulta gravemente la conciliación laboral y personal de las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas afectados.
“Unos profesionales sanitarios que siempre, pero especialmente durante la reciente pandemia del Covid-19, han mostrado un encomiable esfuerzo, dedicación y compromiso por garantizar la mejor atención sanitaria posible al conjunto de la ciudadanía y que esperan que la administración que les representa esté a la altura y también haga todo lo posible por mejorar sus condiciones laborales”, concluyen desde SATSE.
