Conforme en las últimas décadas, futo de la movilidad familiar y social se ha producido cierta disolución de los lazos familiares, una parte importante de las personas mayores viven sus últimos años en residencias: actualmente 315.000 personas en España, 48.000 en Castilla y León. No es, posiblemente, la solución que muchos de ellos querrían, pero en muchos casos resulta ser la mejor de las posibles.
En las décadas de los setenta, ochenta y noventa del siglo XX se desarrolló lentamente una red pública de residencias, que ofrecían a las personas mayores la posibilidad de tener cubiertas dignamente sus necesidades vitales, seguir teniendo compañía y cierta actividad social. Eran, generalmente, residencias pequeñas, próximas a su domicilio habitual, donde los profesionales trataban a los mayores con respeto y cariño. Había residencias públicas, públicas con gestión privada o concertadas. Desde el año 2000 se han creado numerosas mega-residencias privadas gestionadas por grupos empresariales dirigidas principalmente a familias o personas con mayor poder adquisitivo.
A partir de 2010, y fruto de la política deliberada de desmantelar el estado del bienestar, que incluía las ayudas a la dependencia y que también afectó a la residencias para mayores, las instituciones dejaron de priorizar la calidad de vida de los residentes, a la vez que surgió el interés por el negocio que podrían suponer estas residencias y, con la connivencia de las administraciones públicas responsables (las autonómicas), y de empresas de servicios que buscan extraer el máximo beneficio económico posible de un mercado creciente, se construyeron macro-residencias que perdían la calidad asistencial y de vida que había ofrecido el modelo de residencias más pequeñas. Estas grandes residencias dejaron de tener como propósito ofrecer un buen servicio y su principal objetivo fue la rentabilidad y el beneficio económico de sus gestores, generalmente fondos buitre de inversión que buscan beneficios inmediatos.
El aumento de la demanda y la falta de plazas han favorecido un clima de opacidad en la gestión, incluso con los familiares de los residentes, que ha facilitado el descontrol. La falta de recursos y de personal cierran el círculo. La permisividad de la administración y la falta de vigilancia son también responsables. La situación se ha deteriorado tanto que se han cruzado líneas rojas que parecía imposible que pudieran cruzarse y, lo peor de todo, sin que se produzca una reacción social de respuesta.
En relación con la precariedad asistencial de los servicios es imprescindible referirse al emotivo discurso de Mariano Turégano en nombre de sus 140 compañeros de residencia, en el pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, sobre el desprecio y las vejaciones a que se ven sometidos y el deterioro de los servicios que reciben: cuidadores, seguridad, temperaturas, limpieza, comidas, cuidados de salud y todas aquellas circunstancias en las que sobreviven. No es un caso aislado, es el tipo de asistencia que ofrece el modelo por el que han optado las administraciones con competencias en el tema que han cedido su gestión (explotación) a fondos buitre y que miran para otro lado sabiendo lo que está sucediendo.
Especial atención merecería lo sucedido durante la pandemia Covid en Madrid y que, a pesar de lo terrible de lo acontecido, no ha producido ninguna reflexión y ningún cambio por parte de las administraciones. Tampoco se han asumido responsabilidades políticas, administrativas o penales. Las recientes declaraciones de Alberto Reyero, exconsejero de políticas sociales de la Comunidad de Madrid y autor del libro Morirán de forma indigna, son espeluznantes. El Partido Popular, VOX y Ciudadanos han impedido reiteradamente crear una comisión en el parlamento autonómico y las recientes declaraciones de su vicepresidente señor Enrique Ossorio para justificar dicha negativa para no causar daño dado que las familias ya lo han superado son, posiblemente, la mayor indignidad política desde el comienzo de la pandemia.
Llama poderosamente la atención que la fiscalía general del estado no haya abierto aún ninguna investigación. A la hora de exigir estas responsabilidades, incluso penales, no hay que olvidar que las competencias han sido y son autonómicas, y nunca del gobierno de España, como se ha pretendido hacer creer a los ciudadanos por parte de algunas autonomías, especialmente la de Madrid presidida por doña Isabel Ayuso.
Al margen de las barbaridades que han sucedido durante pandemia, se necesita replantear el modelo residencial. Habría que repensar el modelo de residencias, la organización del sistema, donde tenga cabida el apoyo a la autonomía de los residentes y no solo los cuidados de la dependencia. Son precisas residencias más pequeñas y próximas al domicilio previo, con espacios para la convivencia, habitaciones individuales… y replantear también el modelo asistencial con mayores ratios de cuidadores (existen residencias que cuentan con una enfermera por turno para más de 100 pacientes), y adaptar también los protocolos asistenciales, especialmente los referidos a los cuidados, con especial atención a la alimentación y al ejercicio, ya que una parte muy importante de estas personas precisan dietas especiales en base a sus enfermedades.
Es preciso también que las administraciones públicas establezcan la calidad de la asistencia que deben recibir los residentes antes de autorizar el funcionamiento de nuevas residencias y es preciso también que lleven a cabo una labor de inspección para verificar que se cumplen dichas condiciones tanto en las nuevas como en las ya existentes.
No se puede seguir mirando para otro lado, no podemos seguir siendo cómplices del abandono y maltrato de las personas que se ven obligadas a recurrir a una residencia en los últimos meses o años de su vida. No puede continuar la pérdida de la calidad de la atención a los mayores, no puede seguir la escasez de personal y medios. Es preciso recuperar el carácter residencial volviendo a poner a los mayores en el centro del sistema. Se necesita ofrecer una atención adecuada a personas con un grado de dependencia cada vez más elevado. Se lo debemos como sociedad cuyo bienestar es fruto de sus esfuerzos y desvelos durante todas sus vidas. Hoy son nuestros padres o abuelos, mañana o pasado mañana seremos nosotros.
NOTA: este artículo solo pretende ser un análisis de la situación global y como todas las generalizaciones puede contener errores de apreciación. Es obvio que existen residencias que prestan unos excelentes cuidados a los mayores que atienden, puedo dar fe personalmente de alguna de ellas, pero lo que debemos pretender es que dejen de ser una excepción para ser la norma.