La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera (que en las anteriores movilizaciones de camioneros apareció próxima a Vox) ha convocado una nueva huelga indefinida a partir del próximo lunes, 14 de noviembre, ante los incumplimientos de la ley que prohíbe trabajar por debajo de los precios de coste. las demás organizaciones patronales del sector rechazan el paro.
Ical.- Así lo anunció el presidente de la Plataforma, Miguel Hernández, en una rueda de prensa en Madrid celebrada tras las asambleas provinciales que tuvieron lugar este fin de semana para ratificar esta nueva huelga.
La Plataforma denuncia que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no está llevando a cabo las actuaciones para comprobar los incumplimientos de los cargadores de la normativa aprobada en agosto.
De hecho, lamenta que desde la Dirección de la Inspección de Transporte se pretende aliviar de cualquier presión a los infractores sin atender las denuncias de los transportistas.
También sostiene que dos meses después de entrar en vigor la Ley que prohíbe que los conductores hagan labores de descarga, ya se están empezando a dar casos de represalias hacia los transportistas que no aceptan la coacción para seguir descargando sus camiones.
Por todo ello, la Plataforma, que ya realizó huelga indefinida el pasado mes de marzo, ha decidido volver a convocar al sector a un paro nacional a partir de la madrugada del próximo lunes.
El resto no para
La Federación de Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera (Fetracal) marcó distancias con la convocatoria de un paro indefinido por parte de la Plataforma en Defensa del Transporte a partir de la medianoche del domingo 13 al lunes 14 de noviembre.
Además, se remitió a la posición de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), que emplaza a los transportistas a exigir el cumplimiento de la normativa y a evitar una huelga que considera perjudicará al sector.
«La vía del diálogo con el Gobierno está dando sus frutos, aunque las negociaciones sean costosas y lleven tiempo, pero debemos recordar que hay aspectos que deben estudiarse y no podemos pretender que, de la noche a la mañana y bajo la amenaza de un paro, el resultado sea el oportuno, manifestó CETM este lunes en un comunicado recogido por Ical.
Asimismo, la Confederación explicó que los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana suponen un antes y un después con la prohibición de la realización de las labores de carga o descarga por parte del conductor, la obligatoriedad de la cláusula de revisión del precio del transporte por la variación del precio del combustible, la reducción de los tiempos de espera, la devolución mensual del gasóleo profesional, la rebaja de 20 céntimos/litro de combustible, las ayudas directas (dos pagos de 1.250 euros por vehículo pesado y 500 por ligero) o la Ley de la Cadena de Transporte, entre otras cuestiones.
“Estos logros son las herramientas que tienen que utilizar los transportistas para evitar abusos por parte de los cargadores y cobrar un precio justo por sus servicios. Todo lo que hemos obtenido no puede quedarse en el papel y ahora las empresas y autónomos del sector, con la ley en la mano, pueden exigir que se cumplan estos aspectos. Sabemos que para obtener resultados y para cambiar hábitos que se habían normalizado hace falta tiempo y, por eso, debemos tener paciencia y trabajar juntos”, añadió CETM
El Gobierno reacciona
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, señaló este lunes que su departamento está preparando un plan de inspección en el sector del transporte que presentarán en las “próximas semanas” al tiempo que señaló que es “imprescindible” que los transportistas “denuncien” en el caso de que se produzcan situaciones en las que no se cumpla el real decreto ley aprobado en agosto que prohíbe el trabajo a pérdidas.
Así lo indicó la ministra en una entrevista concedida a la ‘La Hora de La 1’ de RTVE recogida por Servimedia en la que se mostró “preocupada” con la posible convocatoria de una nueva huelga en el sector por parte de la Plataforma en Defensa del Transporte, decisión que se conocerá este lunes.
Sánchez resaltó que “las circunstancias en las que se produce el servicio de transporte ha mejorado” en el sector después de la aprobación del real decreto ley y realizó un “llamamiento a la responsabilidad” para “poner en valor lo que se ha conseguido”, subrayando que en “ese cauce de diálogo se pueden reconducir esos pequeños desajustes que puedan existir”.
Sobre la prórroga del descuento a los carburantes, indicó que el Gobierno está “a punto” de tomar la decisión que será anunciada “en breve”. También señaló que los abonos gratuitos de Renfe para billetes de Cercanías y Media Distancia han alcanzado los dos millones de usuarios.
Acerca de la ejecución de los fondos europeos, que el Ministerio dirigido por Raquel Sánchez reconoció como “insuficiente” en un documento interno publicado por ‘El País’, señaló que “ahora” el Gobierno se debe centrar en “garantizar la ejecución” durante el año 2023, para lo cual se están adoptando “mecanismos” como la revisión de precios en los contratos de obra civil. “Eso es lo que estamos haciendo, anticiparnos para garantizar que continuamos con esa senda de éxito”, manifestó.
Sobre la negociación con la banca para la adopción de medidas sobre las hipotecas, señaló que el Gobierno no tiene una propuesta concreta “elaborada”, pero aseguró que está trabajando “con todo el sector” para “proteger” a la “mayoría social” apelando al sector para “ayudar” a que “no sean los de siempre los que paguen las crisis”. “Nos gustaría ver a un PP que se sitúa al lado de los que peor lo están pasando”, indicó.
Acerca de la introducción de un límite al precio de los alquileres en el marco de la negociación de la Ley de Vivienda, señaló que su posición es la recogida en el anteproyecto, que requiere “determinadas condiciones” para establecer la limitación al tiempo que se ofrece “alternativas con beneficios fiscales” para aquellos que ponen a disposición un alquiler. Sánchez llamó de nuevo a las “fuerzas progresistas” a abandonar las posiciones “maximalistas” y a alcanzar el “consenso” porque acordar esta ley es “muy necesario”.
