Cambio del paradigma médico en la sanidad pública

La sanidad no es un gasto, sino que es un activo en un país, una inversión.
Rafael Bengoa 

La multitudinaria manifestación que tuvo lugar en Madrid el domingo 13 de noviembre en defensa de la sanidad pública trasciende a la propia comunidad de Madrid y el papel desempeñado por los médicos en particular, y por los profesionales sanitarios en general, como levadura de la conciencia y movilización ciudadana es un cambio de paradigma.

La destrucción de un modelo de asistencia sanitaria pública gratuita y universal, para favorecer los intereses de la asistencia privada ha hecho crack en Madrid, que era el buque insignia que guía a la flota sanitaria del Partido Popular en comunidades como Andalucía, Murcia o Castilla y León, pero que en mayor o menor medida afecta a los gobiernos de todas las autonomías, independientemente del color político de sus gobiernos. Tiene lugar también en Cantabria, Navarra y otras comunidades, incluidas algunas gobernadas por el PSOE. La diferencia entre unos u otros es el mayor o menor descaro en su formulación pública, el ritmo de implantación de la hoja de ruta y los procedimientos que utilizan para conseguir su objetivo: la privatización de la parte rentable de la asistencia sanitaria: de momento en la atención primaria, pero no solo.

No hay que olvidar que la manifestación de Madrid ha sido convocada por asociaciones ciudadanas, pero tampoco se debe obviar que ha tenido lugar después de un conflicto desencadenado por deficiencias de la organización sanitaria en urgencias hospitalarias, urgencias extrahospitalarias y en la propia atención primaria, que ha llevado a los profesionales a decir “basta” y a poner en marcha huelgas tras el ninguneo y el desprecio al que se les ha sometido por la Comunidad de Madrid.

Corresponde a todos los partidos políticos valorar el alcance de estas movilizaciones en la hoja de ruta de sus políticas sanitarias. En esta columna pretendo incidir en el cambio de paradigma relativo al papel de los profesionales y, en concreto, al papel de los médicos.

Que los médicos adopten la defensa del sistema sanitario público es un cambio cualitativo ya que hasta hace no mucho tiempo se consideraba que tanto por ideología, rol social o intereses profesionales su interés estaba centrado más en el ejercicio privado que en el público. Esto parece que ya no es así, o mayoritariamente no lo es, o no lo es en la misma medida que hace unos años. Una parte muy importante de los médicos trabajan en exclusiva para el sistema sanitario público y no tienen ninguna perspectiva de trabajar fuera de este sistema, han asumido de manera consciente (probablemente los menos) o inconscientemente (probablemente los más) su papel de asalariados y el cambio que ello supone en su ejercicio profesional.

Por ello sus principales reivindicaciones afectan a los recursos necesarios para ejercer la medicina con las mejores condiciones posibles y reivindican el tiempo necesario para atender a los pacientes, para lo que es necesario contratar muchos más profesionales y dotarlos de los recursos técnicos necesarios. En estas reivindicaciones coinciden con los ciudadanos que, salvo excepciones, consideran que la precarización de la asistencia sanitaria es responsabilidad de los políticos y no de los profesionales y se sitúan inequívocamente detrás de estos.

En segundo lugar se han puesto de manifiesto también las condiciones laborales: contratos precarios, jornadas agotadoras, salarios bajos, movilidad forzada sin respeto alguno a sus derechos profesionales, familiares y personales, y esta situación se ha llevado hasta un límite que ha conseguido lo que parecería imposible, forjar una unidad de acción, que ha agrupado a la mayoría de los médicos, a organizaciones sindicales tradicionalmente enfrentadas, algunas de peor grado que otras, pero que se han visto obligadas a rectificar sus postulados iniciales para no quedar en fuera de juego, e incluso hasta los colegios de médicos, bajo unas mismas reivindicaciones, algo que no había sucedido hasta la fecha, ni siquiera cuando las mareas blancas de 2012.

La legitimación por los ciudadanos de las reivindicaciones y conflictos se ha puesto de manifiesto en la comunidad de Madrid de muchas maneras, donde la principal hacedora de la privatización de la sanidad pública, la señora Ayuso, recurriendo al contorsionismo mental ha acusado a los médicos de querer destruir la sanidad pública, pero el mejor ejemplo de que ese relato ya no cala entre la población es lo sucedido el domingo pasado en Madrid donde médicos y resto de profesionales sanitarios han caminado de la mano de la población para defender lo mismo: una sanidad pública gratuita, universal y de calidad.

La sanidad no es gratis, cuesta dinero, mucho dinero, y se paga con los impuestos. Es imposible mantener una financiación adecuada de los servicios públicos, sanidad incluida, si se bajan impuestos. Políticos y gestores sanitarios tienen ante si un dilema: mantener la precarización de los médicos y contemplar como emigran a Europa, donde no solo se les ofrecen mejores condiciones profesionales y se les quiere (en España hay ya captadores de distintos países europeos ofreciéndoles mejores condiciones de trabajo), lo que obliga a contratar profesionales de otros países con una cualificación mucho menor, que deteriorará aún más la calidad de la sanidad publica española, o cambiar la hoja de ruta invirtiendo mucho más dinero en la asistencia sanitaria para conseguir retener el talento profesional en base a mejores recursos y mejor trato para tener profesionales más satisfechos y una mejor asistencia sanitaria para la población.

Habrá que estar atentos para ver cómo evolucionan los acontecimientos en las próximas semanas. De momento la Comunidad de Madrid ya ha dado marcha atrás en su voluntad de abrir centros de urgencias extrahospitalarias sin médicos. Una nueva huelga de la atención primaria está convocada para el lunes 21. En otras comunidades como Navarra o Cantabria se han convocado huelgas, en Murcia, Cataluña, País Valenciano, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura o Andalucía también aflora el malestar y se percibe la posibilidad de nuevos conflictos por los mismos motivos.

El deterioro de la sanidad pública tiene lugar en toda España y la movilización de los profesionales sanitarios y los ciudadanos puede generalizarse si no se frena y revierte el proceso de privatización. No hay que olvidar que dentro de ocho meses los ciudadanos tendrán la oportunidad de expresar cuanto pesa la situación sanitaria en su decisión de voto y no solo en Madrid, también en otras muchas autonomías. Será interesante observar que incluyen al respecto los partidos en sus programas electorales.