La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) ha alertado de la “incomprensible dejadez de años y grave abandono” de la Junta de Castilla y León en la protección del consumidor.
También recuerda que las competencias de este servicio son exclusivas de la Junta desde hace nueve años. Y reclama al consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, y a la directora general de Consumo, María Pettit, «que ejerzan su responsabilidad, velen adecuadamente por la seguridad, la salud y los intereses económicos del consumidor, y lleven a cabo la esperada actualización integral de un servicio importantísimo para los ciudadanos que sigue olvidado».
El presidente del sector de la Administración General de la Junta de Csif Castilla y León, Mariano Prieto, que se ha reunido con los últimos tres directores generales de Comercio y Consumo, asegura que «solo la anterior secretaria general reconoció la urgente necesidad de abordar esta problemática del consumo, cuya principal víctima es el ciudadano en general». Pero «todas las reformas previstas se guardaron en un cajón, a excepción de la convocatoria de las últimas 14 plazas de inspección, que no aumentan la insuficiente plantilla, y que solo sirven para suplir las bajas por jubilación que se habían producido entre el colectivo de inspectores», señala Prieto.
«El listado de elementos en los que se constata la desprotección cada vez mayor del consumidor no tiene final», asegura Csif. Indica que el año pasado «se hicieron un total de 200 tomas de muestras de productos que pudieran ser inseguros, cuando hasta 2017 superaban las mil». «Las muestras se envían al laboratorio de Barajas, en Madrid, que actualmente carece de efectivos suficientes, sin haber un solo laboratorio en todo Castilla y León para dar soporte a los inspectores de Consumo como sí hay en otras comunidades. Como ese laboratorio madrileño no admite más muestras, tampoco se hacen más controles de productos», lamenta el sindicato.
«La falta de personal de la Inspección de Consumo está haciendo que la red de alerta de productos industriales no esté operativa ni fines de semana ni a partir de las 15:00 horas». Asimismo, Csif recalca que «se perjudica de forma muy importante al mundo rural, que no puede ser protegido en igualdad de condiciones que en las capitales de provincia, aunque se haya firmado un acuerdo con la Guardia Civil, que solo es un parche para camuflar la falta de recursos».
«Hay una serie de elementos y situaciones que son difíciles de entender. Por ejemplo, las jefaturas de sección de Inspección, quienes dirigen, coordinan y orientan a los inspectores, están abiertas a los cuerpos generales. Por lo que quienes las ocupan carecen de conocimientos específicos en materia de consumo, lo que resta efectividad y eficacia, siendo el único cuerpo de inspección en el que ocurre esta circunstancia», añaden.
Hay que tener en cuenta, además, que «es un servicio que requiere de personal altamente cualificado por la amplia, compleja y cambiante legislación de debe manejar. Sin embargo, “es el servicio peor pagado y menos reconocido».
En cuanto a este periodo navideño, la organización advierte, «por ejemplo, que no se ha he hecho una campaña específica de vigilancia en el Black Friday, en la que se compruebe que, efectivamente, no se han subido previamente los precios para rebajarlos esa semana, lo que constituiría un fraude y competencia desleal para aquellos comercios que son honestos con los consumidores».
También, critica que «la denominada campaña de ‘guirnaldas luminosas’ (el control de los adornos navideños luminosos que se colocan en los árboles de Navidad y otros espacios), este año empezará en enero en algunas provincias, lo que resulta un total disparate. Esta campaña se lleva desarrollando más de 10 años y siempre se encuentra producto con una calidad ínfima, que genera riesgos de provocación de incendios». Csif denuncia que «programar esta campaña en enero, cuando ya ha pasado el periodo navideño y ya está el producto vendido es un absurdo».
Cambios legislativos
Tal y como indica el sindicato, la protección de los consumidores tiene un hito clave en la publicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Lrsal), que supone la mayor reforma que ha sufrido la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, estableciendo que la competencia en defensa de los derechos de los consumidores sea, exclusivamente, de las administraciones autonómicas. Esto implica que los recursos materiales y humanos que empleaban los ayuntamientos y diputaciones en labores de inspección, información y mediación (antiguas oficinas Omic o policía municipal) han desaparecido o ya no se dedican a esas tareas.
«Muchas cosas han cambiado en el consumo desde que en 1984, cuando ni existía el comercio electrónico, la comunidad autónoma asumió las competencias. Sin embargo, año tras año, legislatura tras legislatura, la calidad de este servicio que se presta al ciudadano se va deteriorando por la pasividad de la Junta de Castilla y León, a pesar de la entrega y esfuerzo de los escasos profesionales dedicados a hacer cumplir la normativa en materia de consumo», concluyen.
