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IU critica la subida generalizada del agua en Salamanca

“Las ordenanzas tienen que tener en cuenta las necesidades de la gente”, dice

La concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Salamanca, Virginia Carrera, ha mostrado el rechazo de su formación a la subida generalizada del 8,7% en todas las tarifas del agua para 2023. “Las ordenanzas tienen que tener en cuenta las necesidades de la gente”, ha señalado. 

La propuesta del Equipo de Gobierno, sobre la ordenanza nº53 que regula la tarifa por la prestación del suministro de agua potable y alcantarillado “se limita a mantener el sistema de tarifas vigente en el año 2022 con la aplicación de una subida generalizada del 8,7% en todas las tarifas”.

Para Izquierda Unida el servicio de suministro de agua potable y alcantarillado “debe considerarse un servicio esencial, por lo que la administración municipal está obligada a garantizar el acceso a éste a todas las personas, sin que nadie pueda verse privado de su adecuado disfrute por causas económicas”.

El establecimiento de una subida generalizada de precios del 8,7% “resulta inasumible para una gran parte de la ciudadanía que está teniendo que hacer frente a una importante inflación sin un correlativo aumento de los salarios”.

Al mismo tiempo, la formación política considera “necesario” afrontar un “paulatino cambio en las prácticas de consumo de un bien especialmente importante como es el agua potable, que no puede ni debe despilfarrarse”.

“Debemos ser corresponsables con las exigencias de sostenibilidad y usos solidarios de los bienes comunes que requiere el futuro de nuestro planeta y de la propia humanidad”, añaden.

La combinación de estas dos exigencias (garantía de suministro de un servicio esencial y limitación del consumo irresponsable) debe llevar a “plantearnos un cambio radical en el conjunto de la ordenanza, en el que prime la garantía del servicio y el consumo responsable y que por el contrario encarezca los consumos excesivos, que además no se corresponden con el uso habitual de las familias sino con prácticas que exceden los límites de lo que debemos considerar un servicio esencial”.

Izquierda Unida ha presentado alegaciones a la ordenanza para que se modifiquen las tarifas.

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