Invertir en la salud produce enormes beneficios.
Gro Harlem (Exsecretaria general de la OMS)
La salud es un bien muy importante para todos. Posiblemente es el bien más preciado en la vida de las personas, de las sociedades y de las naciones. En España la Constitución recoge el derecho a la protección de salud en su artículo 43. El derecho a la salud como tal no existe, nadie puede garantizar la salud, pero el derecho a la protección de la salud sí. Dicho artículo también recoge que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. A una parte de estos, prestaciones y servicios, voy a referirme en esta columna.
La salud es un bien tangible que se valora poco cuando se tiene, pero que, cuando se pierde, se echa de menos. En esos casos, para recuperar la salud recurrimos al sistema sanitario, al que tampoco valoramos mientras no lo necesitamos, es decir: mientras estamos sanos. En España el sistema es público, gratuito y universal y todos tenemos derecho a sus servicios: desde la atención a una enfermedad corriente, banal, a una más grave o muy grave. Muchos posiblemente no lo consideren ni un derecho, es algo que está ahí, como un semáforo, una farola, un banco en el parque, o cualquier otro objeto cotidiano. Varias generaciones de españoles han vivido y viven aún en la creencia de que la asistencia sanitaria es algo etéreo, caído del cielo, que no cuesta dinero, que es gratis, un error desgraciadamente muy extendido. Lo cierto es que la sanidad cuesta dinero, mucho dinero, es un bien muy caro y se financia con los impuestos. La salud no tiene precio, pero la asistencia sanitaria sí, alguien la tiene que pagar.
Otro error muy extendido es creer que la asistencia sanitaria está garantizada, que ha estado siempre ahí y que va a seguir estándolo siempre, independientemente de quien gobierne, y de dicha creencia se deriva la incredulidad acerca de la posibilidad de perderla. Entender que la sanidad cuesta mucho dinero hace más fácil comprender que es un sector económico boyante en el que están interesados numerosos grupos empresariales que pretenden hacer negocio a costa de la salud, algo que puede ser legítimo, pero que puede estrangular el sistema sanitario en la medida que no se controle por los poderes públicos.
Todos tenemos responsabilidad en el mantenimiento y la defensa de la sanidad pública y ello implica, desde un uso responsable por los ciudadanos (que no siempre tiene lugar), hasta el conocimiento de que actores intervienen en el proceso y que intereses defiende cada uno de ellos. Como señala la Constitución los poderes públicos administran los recursos sanitarios y de sus decisiones depende que la sanidad siga siendo un bien público, por encima de los intereses económicos, o que esté al servicio de dichos poderes, en cuyo caso ya sabemos cuál es el final: una sanidad privada de primer nivel para ricos y otra más barata de segundo o tercer nivel para pobres (como la antigua beneficencia más o menos) y administrada también por el sector privado mientras les sea rentable.
Existe un conflicto muy serio en relación con la atención primaria en Madrid y en varias comunidades más, se anuncian conflictos similares para el primer trimestre de 2023, porque los problemas existen en todas las comunidades autónomas en mayor o menor grado, pero algunos se llevan la palma. Por ejemplo, Madrid y Murcia, donde según señala la FADSP los presupuestos estimados para 2023 son respectivamente del 15,03% y 14,22% menos de la media española estimada. Madrid ni siquiera tiene aprobados sus presupuestos.
El sistema se ha basado hasta ahora en la explotación de todos sus profesionales y las distintas administraciones han creído que, por su vocación, los médicos seguirían aguantando indefinidamente, hasta que el cambio privatizador que promueven fuera irreversible, pero los médicos de atención primaria han roto el fuego y han dicho ¡basta! porque su especialidad, la medicina de familia, es un modelo de atención comunitaria integral, garantía de accesibilidad y longitudinalidad, y por ello es precisamente objeto de abandono premeditado.
Los síntomas de descomposición son evidentes y comunes y el origen siempre es el mismo: la descapitalización, la falta de recursos. Madrid es la punta de lanza, el laboratorio en el que se implementan políticas neoliberales para deslegitimar y socavar la sanidad pública, favoreciendo así la privatización de la misma; su gobierno parece decidido a llevar el conflicto hasta sus últimas consecuencias: el fin de la huelga sin conseguir las mejoras por las que se ha convocado. A la CAM no le interesa negociar, persigue el “cuanto peor mejor” (para ellos y para sus fines), y por ello busca la rendición incondicional de los médicos o que abandonen el sistema público, que les sirve igual.
La señora Ayuso quiere ser Thatcher y cree que los médicos en huelga pueden ser los ‘mineros’ que la catapulten al poder. Cree que si persiste el conflicto la población acabará culpando a los médicos y ella tendrá su 15 de agosto y será ‘elevada a cielo’. La huelga de médicos ha entrado en un impase hasta el 11 de enero, ya que su resistencia es lógicamente limitada (económica y psicológicamente). Por el momento médicos y ciudadanos siguen unidos, esperemos que se mantenga esa unidad y, esperemos también, que los ciudadanos sean conscientes de que los gobiernos a los que votan toman decisiones que les afectan.
Muchos gobiernos han demostrado más fidelidad y sumisión a los lobbies sanitarios privados que a sus electores porque confían que, al final, la conjunción de los poderes económicos y de los medios de comunicación les apoyen para ganar las siguientes elecciones y seguir en el poder y, si su estrategia fracasa, les guarden algún sillón en cualquier empresa beneficiada por sus decisiones: muchas de las personas que han trabajado en la consejería de sanidad de la CAM externalizando servicios (privatizando) han terminado trabajando después en empresas a las que adjudicaron dichos servicios.
Yo como ciudadano defiendo la sanidad pública por ideología y por interés: prefiero que cuando necesite acudir al centro de salud o al hospital me sigan pidiendo la tarjeta sanitaria en vez de la de crédito y prefiero que me atienda mi médico de familia. Por eso defiendo la sanidad pública por todos los medios a mí alcance y la defenderé también con el voto.
