El proyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, conocida como ‘Ley de startups’, entra en vigor este domingo. El Pleno del Congreso de los Diputados dio luz definitivamente a la ley el pasado 1 de diciembre tras la incorporación de enmiendas en el Senado.
Servimedia / ICAL. La norma define la categoría de empresa ‘startup’ como aquella que no supere los cinco años de antigüedad (o siete para sectores estratégicos), que no cotice en Bolsa ni distribuya dividendos, cuya sede o domicilio social se establezca permanentemente en territorio nacional, con el 60 por ciento de la plantilla contratada en España y que acumule un volumen de negocio máximo de diez millones de euros. También debe acreditar “carácter innovador”, entendido como el desarrollo de productos o prestación de servicios nuevos o mejorados.
La ley incorpora medidas fiscales, como la reducción del tipo impositivo en el Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre la renta de no residentes, del tipo general del 25 al 15 por ciento en los cuatro primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva.
También prevé la elevación del importe de la exención de tributación de las ‘stock options’ de 12.000 a 50.000 euros anuales en el caso de entrega por parte de ‘startups’ de acciones o participaciones derivadas del ejercicio de opciones de compra.
Además, amplía también la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación (de 60.000 a 100.000 euros anuales), el tipo de deducción (que pasa del 30 al 50%).
La norma tiene como objetivo esencial fomentar la agilidad administrativa, para lo que prevé una ventanilla única y telemática gestionada por la empresa estatal de innovación Enisa para la certificación de empresas innovadoras como ‘startups’ españolas; la no obligatoriedad de obtener el número de identificación de extranjeros (NIE) para los inversores no residentes, exigiendo únicamente tanto a ellos como a sus representantes los números de identificación fiscal (NIF), y el coste mínimo de aranceles notariales y registrales.
Además, busca mejorar el marco regulatorio a través de entornos de prueba y ‘sandboxes’. En ese sentido, se permitirá probar la innovación de las ‘startups’ durante un año, en un entorno controlado, para evaluar la utilidad, viabilidad y el impacto de innovaciones tecnológicas en los diferentes sectores de actividad productiva.
Esta ley es la primera orientada de manera específica a la creación de un ecosistema emprendedor innovador en Europa. España dispone ya de un ecosistema emprendedor de 10.000 empresas, con 140.000 trabajadores y un valor de mercado que se ha multiplicado por 20 en los últimos 10 años.
