La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) denunció este domingo que la Junta de Castilla y León ha incumplido la normativa del Gobierno (Real Decreto-ley 15/2022 de 1 de agosto), que obliga a las comunidades autónomas a elaborar un plan anual de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, que debería haberse publicado antes del pasado 31 de octubre, para aplicarse en el año siguiente, es decir, 2023, y que además llevaba asociado la adopción de los medios y recursos necesarios antes del uno de enero, otro plazo que también se ha agotado.
Ical.- El sindicato lamentó que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Medio Ambiente no tenga en cuenta las ‘lecciones’ aprendidas que eviten el “desastre” ambiental y social del pasado verano, por los terribles fuegos forestales sufridos”. Y es que precisó que, a fecha de hoy, la Junta de Castilla y León no solo no ha elaborado ni publicado ese plan anual anti-incendios, sino que ni siquiera ha puesto en marcha las negociaciones para elaborarlo y aprobarlo en la Mesa de Empleados.
Y eso que recordó que agosto pasado, en un escrito enviado al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Csif ya solicitó la apertura de las negociaciones con todas las partes afectadas, en un debate técnico y social abierto, para preparar el mejor plan posible.
Csif preguntó a qué espera la Junta para iniciar esas importantes negociaciones, ya que no ha convocado todavía ninguna reunión o mesa técnica. “Se está perdiendo un tiempo precioso. ¿O qué pretende la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio, llegar a junio sin los deberes hechos y sin un plan para luchar contra los incendios forestales?”, cuestionó.
La central sindical anunció que, en caso de no ser escuchado por parte de la Junta, no descarta acudir a los tribunales en defensa de los intereses laborales de los trabajadores públicos de la Comunidad que intervienen en el operativo anti-incendios, ya que sus condiciones de trabajo y sus posibles mejoras podrían llegar a ser negociadas en mesas en las que no se encuentren representados, o esa representación no sea ni mucho menos completa al haberse excluido al sindicato más representativo en el sector, como es CSIF. Este sindicato independiente alude, así, a las “tentaciones” que puede tener el Diálogo Social, para llevar a cabo una negociación “ilegal” e “ilegítima”.
