Bajo el síndrome de Boabdil

En la agenda política española la asistencia sanitaria pública se ha convertido más en un problema sin solución que en la búsqueda de una solución para un problema. Es evidente que “el otrora considerado mejor modelo sanitario del mundo” ha perdido fuelle y se ha dejado muchos pelos en la gatera, y no es menos cierto que no se puede atribuir solo a los problemas generados por la pandemia, aunque sin duda esta haya contribuido a su deterioro.

Los dogmas neoliberales son anteriores a la pandemia y estos dogmas han fijado como objetivo desmontar la asistencia sanitaria pública, y no porque una gestión privada de la sanidad sea más eficiente, que no lo es, sino porque detrás hay un negocio económico boyante sobre el que grandes grupos financieros nacionales e internacionales han puesto sus ojos.

Es evidente que estos poderosos grupos económicos condicionan las decisiones de los gobiernos, de todos los gobiernos, pero no es menos cierto que algunos de ellos son más sensibles a sus presiones y más proclives a satisfacer sus demandas porque ideológica y políticamente son iliberales.  En España el gobierno de la Comunidad de Madrid lo lleva haciendo desde hace más de una década y en los últimos años ha pisado el acelerador afrontando el riesgo de que le pase factura electoral, lo que ha producido un conflicto cuyo resultado final solo se va a ¿dilucidar? en las elecciones del mes de mayo. En Andalucía o Murcia, también gobernadas por el PP, la situación es similar, aunque la privatización la están llevando a cabo de forma menos estentórea, pero comienzan a afrontar también conflictos con el personal sanitario y con sus ciudadanos.

Algunas comunidades gobernadas por partidos de izquierda se han dejado seducir por los mismos cantos de sirena y también han practicado políticas privatizadoras que han fracasado en su objetivo de contener el gasto sanitario e, incluso, algunas se han visto obligadas a revertir dichas políticas. Los conflictos con los profesionales y el incremento desorbitado del gasto les han obligado a rectificar, al menos parcialmente.

Es obvio que los problemas existen en toda España por lo que, desde el punto de vista político, sería fácil pensar que se debería buscar una solución similar, compartida, pero al estar transferidas las competencias sanitarias a las comunidades autónomas parece imposible que los distintos gobiernos autonómicos se puedan poner de acuerdo en las soluciones. Por otra parte, el gobierno de España tampoco puede hacer nada puesto que no tiene competencias organizativas, aunque podría hacer trasferencias para inversiones finalistas en sanidad, por ejemplo, para la atención primaria, informando a la población de los fondos transferidos y comprobando posteriormente su cumplimiento, o exigir la devolución del dinero si no se ha empleado en aquello para lo que fue trasferido.

Desde el punto de vista profesional parece fácil pensar que, si el conflicto fuera generalizado y simultaneo en toda España, sería más fácil conseguir los objetivos por los que se lucha. Sin embargo, la propia estructura sindical está fragmentada por CC AA y tienen que limitar su presión y sobre todo su capacidad negociadora a cada comunidad. Ello unido a la gran división de los propios profesionales en función de sus puestos de trabajo (primaria, hospitalaria, urgencias…)  y a sus condiciones laborales (con/sin guardias, con/sin peonadas, dedicación exclusiva o trabajo simultaneo en la privada…) y sindicales, limita la capacidad para ponerse de acuerdo y ofrecer una respuesta unitaria que, sin duda, sería mucho más eficaz. Si la situación se sigue deteriorando más pronto que tarde se llegará a esa situación y tendrán que plantear esa unidad de acción por difícil que resulte.

Es por ello que la única solución posible para frenar esta deriva es la unión de profesionales y sanitarios, y aun así es una tarea hercúlea. Madrid lleva en 12 años 97 mareas blancas, la penúltima en el pasado noviembre sacó a la calle más de 600.000 personas, a pesar de los intentos continuados por desprestigiar el movimiento ciudadano, y tiene convocada una más para el día 12 de febrero. Andalucía, Murcia, Aragón, Baleares, Cataluña, Euskadi, Extremadura, Cantabria, Galicia, Navarra, Valencia… tienen convocadas también huelgas, mareas blancas o distintos tipos de movilizaciones. En algunas de ellas los gobiernos autonómicos están llegando a acuerdos con los médicos. En Castilla y León, con el caso paradigmático del hospital de Burgos y el abandono de la atención primaria en toda la comunidad, existen movilizaciones en el Bierzo y Burgos y en Salamanca bajo el lema “Nos sobran los motivos” está convocada una nueva marea para el próximo 29 de enero por la Plataforma de Salamanca de Defensa de la Sanidad Pública.

Estos conflictos no tienen como objetivo fundamental demandas profesionales estrictamente corporativas, sino que reivindican mejorar las condiciones de atención a los pacientes y ello pasa, inevitablemente, por incrementos notables en la financiación sanitaria que sean dedicados al sistema público, además de una gestión pública eficaz y trasparente. Es preciso un cambio en el paradigma de privatización que practican muchos partidos políticos, cambio que debe comenzar por defender lo que aún está en pie, por no permitir dar un solo paso atrás, pero que debe continuar con la regeneración del sistema asistencial sanitario de España.

Espero que no lleguemos a una situación en la que como Boabdil tengamos que llorar lo que no hemos sabido defender. Para ello es preciso que profesionales y ciudadanos consigamos poner la asistencia sanitaria en el centro del debate electoral durante los próximos meses.