Hubo un tiempo en Salamanca en el que la asistencia sanitaria a la población que podía pagársela se prestaba en régimen privado en el Hospital de la Santísima Trinidad y al resto en régimen de beneficencia en el Hospital Provincial, que dependía de la Diputación de Salamanca. También existía desde 1948 el Hospital de los Montalvos que era un hospital monográfico de enfermedades del tórax, dedicado fundamentalmente a pacientes con tuberculosis. Completaba la oferta sanitaria para las urgencias la denominada Casa de Socorro que ocupa el edificio de lo que es ahora la Biblioteca Gabriel y Galán en la plaza del mismo nombre. Y eso era todo.
La creación de los servicios sanitarios de las mutualidades laborales y posteriormente del régimen general de la seguridad social dio lugar a la entonces denominada Residencia de la Seguridad Social Virgen de la Vega que se inauguró en 1965 y que atendía a trabajadores afiliados a dicho régimen. Quienes no estaban afiliados eran atendidos en el Hospital Provincial.
La Ley General de Sanidad de 1986 fue la base jurídica sobre la que se edificó el Servicio Nacional de Salud (SNS) y en su artículo 44 indica que todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud integrarán el sistema Nacional de Salud y en el artículo 45 indica que El Sistema Nacional de Salud integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, son responsabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho a la protección de la salud. Y así sucedió también en Salamanca con la integración progresiva de todos los centros sanitarios públicos: Montalvos, Virgen Vega, Clínico, Hospital de Béjar y Centro de especialidades de Ciudad Rodrigo.
A partir de ese momento la asistencia sanitaria pública de los salmantinos mejoró notablemente creciendo tanto en centros sanitarios (se desarrollaron los actuales centros de salud), recursos tecnológicos y recursos humanos, y lo que tenemos ahora no es más que la herencia recibida que quizás no estamos sabiendo defender adecuadamente.
Viene a cuento esta breve reseña histórica para señalar que el derecho a la asistencia sanitaria solo existe desde que se aprobó la Constitución y la creación del Sistema Nacional de Salud, que antes de dichos eventos no existía ni el derecho ni la garantía de recibir atención sanitaria si no podías pagarla.
Prácticamente desde la creación del SNS poderes económicos y políticos comenzaron a cuestionarlo en base a cuestionar su viabilidad. El mantra fue que España no podía pagar el sistema y que no era sostenible, por lo que debía ser reformado, evidentemente recortando derechos o prestaciones de la asistencia que ofrece. Desde el denominado Informe Abril en 1991 hasta ahora se han sucedido ese tipo de propuestas en el marco de la derecha, y en alguna medida, también asumidas parcialmente por la izquierda autodenominada como moderada.
Por supuesto que ningún partido se ha atrevido a cuestionar el derecho a la asistencia sanitaria a las claras, en voz alta, lo que se ha hecho es deconstruir lentamente el sistema, permitir que se deteriore en base a retirarle la financiación, a la vez que se fomenta que quien pueda pagarlo contrate algún tipo de seguro privado. Esta política es la que se está llevando a cabo de forma absolutamente descarada por la Comunidad de Madrid, y de forma más encubierta por otras comunidades autónomas y está provocando numerosos conflictos sanitarios en toda España. También en Castilla y León donde, aunque sus dirigentes señalen que defienden la sanidad pública, es evidente que existe un profundo deterioro del tipo de asistencia que se presta en cantidad y en calidad.
Este domingo 29 de enero está convocada en Salamanca la décima marea blanca en defensa del sistema sanitario público bajo el eslogan “En Salamanca nos sobran los Motivos”.
Posiblemente muchos ciudadanos crean que el derecho a la asistencia sanitaria está garantizado, que es una exageración afirmar que está en riesgo, y que este tipo de movilizaciones son cosa de la propia lucha política, cosa de los partidos políticos. Se equivocan, el sistema sanitario público está en riesgo en tanto en cuanto no se financia adecuadamente mientras se deteriora la propia asistencia día a día y la posibilidad de regresar, en alguna medida, a los tiempos anteriores a la Ley General de Sanidad es una posibilidad real. Este derecho y este sistema sanitario lo tenemos que defender todos los ciudadanos sin distinción entre izquierdas o derechas. Terminaba esta misma columna la semana pasada señalando que deseo que no tengamos que llorar lo que no hemos sabido defender. Haga votos porque sepamos defenderlo.