El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, anunció hoy que la Junta “empezará a evaluar las campañas” de publicidad institucional en los medios de comunicación, una afirmación que realizó para responder a la procuradora socialista Rosa Rubio, quien afeó la valoración realizada por el informe de la Autoridad Independiente sobre Responsabilidad Fiscal (Airef) en esta materia, durante una pregunta oral en el Pleno de las Cortes de este martes.
Ical.- “¡Qué sorpresa!”, sentenció Rubio, quien mencionó este informe para determinar que las campañas “se justifican de forma genérica, sin objetivos claros y cuantificables”. “La gran mayoría de las campañas no se evalúan; y las que se hacen, no se publican. El uso de la prensa escrita es elevada y poco justificado en base a criterios de audiencia. Y la prensa digital y la radio son marginadas en el reparto”, criticó la procuradora socialista, quien recordó que una semana después del “protocolo antiabortista fantasma” anunciado por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, la Junta “se gastó 45.000 euros, en un día, para enjuagar sus barbaridades y lavar su imagen con dinero público”. “¿No estarán castigando a los medios críticos con su gestión? ¿O intentan silenciar a los medios con más audiencia, con menos licencias?”, cuestionó.
Igualmente, recordó que en la comisión de investigación creada a tal fin en las Cortes en la anterior legislatura, los secretarios generales de cada Consejería “respondieron que cada año recibían un papel en el que indicaban el dinero que tenían que repartir, sin valoración, estudios y sin tener en cuenta la audiencia, dando igual si se publicitaba la lucha contra el cáncer colorrectal o el jamón de Guijuelo”. “Lo importante no era el mensaje, sino el dinero que iba a repartir entre sus medios afines”, reprochó.
Por eso, rememoró que el PSOE reclama desde hace años “cambios para procedimientos claros, objetivos, que no sean discriminatorios y discrecionales, que no se multipliquen un 160 por ciento en año electoral, como en 2019”, según apuntó Rubio, quien preguntó a Carnero si la Junta modificará la Ley de Publicidad Institucional, “tal y como exige la Airef en su informe, porque el PSOE “sí lo exigirá”.
Al respecto, Carnero negó las afirmaciones de la procuradora e invitó a Rubio a “leer con claridad el informe”, porque la valoración de la Airef “es positiva”. A su juicio, este documento, que se refiere al periodo comprendido entre 2014 y 2019, “reconoce el interés de la Junta por mejorar la eficacia de publicidad institucional para la distribución de los fondos”; y defendió que la Junta “cumple con la Ley y el acuerdo que establece criterios objetivos para formular la publicidad institucional”.
Al respecto, continuó Carnero, “se busca garantizar la publicidad de los medios, concurrencia, accesibilidad, audiencias y equilibrio territorial”, así como la transparencia, cuestiones que “se buscaban con ese informe solicitado a Airef”.
También explico que desde 2019 los datos anuales agregados se publican en un documento “único” que se difunde en los seis meses siguientes del año entrante, si bien matizó que la Junta ha recopilado y difundido los datos desde 2014. “Los castellanos y leoneses, además de conocer los contenidos de la información, saben lo que la Junta invierte en ellos. Esa transparencia de la que hago gala sería también muy deseable en otras autonomías como Extremadura, Asturias, Valencia, Castilla-La Mancha o el propio Gobierno central”, criticó.
Para terminar, subrayó que el estudio hace un tratamiento comparativo de 16 parámetros de calidad y dice que en Castilla y León se cumplen 13 de ellos, mientras que en otros territorios, entre ocho y diez, como es el caso, citó, de País Vasco, Asturias, Navarra y Aragón. Además, destacó que la Comunidad es, junto a Cataluña y Navarra, la “más transparente en publicidad institucional”.
En su intervención, Rosa Rubio también mencionó las palabras formuladas en la anterior legislatura por la procuradora Fátima Pinacho, de Vox, ahora secretaria tercera de la Mesa de las Cortes, quien definía la publicidad institucional de la Junta como un conjunto de “desmanes llevados a cabo durante los 33 años de Gobierno del PP, en los que se han destinado decenas de millones de dinero público que en numerosos casos se observaba cómo se convertía más bien en propaganda institucional o en mera compra de líneas editoriales de los medios de comunicación”. Rubio precisó, “ahora que Vox está en el Gobierno”, si Pinacho “piensa lo mismo”. “Están PP y Vox intentando comprar las líneas editoriales de los medios de comunicación?”, concluyó.
