La subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez, ha copresidido este jueves junto al alcalde Marcos Iglesias, la reunión de la Junta Local de Seguridad de Ciudad Rodrigo, convocada con el objetivo de reforzar la coordinación y colaboración de cara al Carnaval del Toro 2023, que tendrá lugar del 17 al 21 de febrero.
A la misma han asistido también el comandante jefe de operaciones de la Comandancia de Guardia Civil, Igor de la Casa; el jefe de la Policía Local, Siso Caridad; así como otros miembros de la Corporación Municipal, representantes y técnicos de la Junta de Castilla y León, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja
La reunión se ha convocado para garantizar la seguridad ante la previsión de aumento del número de visitantes y de celebraciones durante estos días que puedan derivar en aglomeraciones en zonas céntricas del municipio y en los recorridos de los espectáculos taurinos. Se hace un llamamiento para disfrutar de las fiestas con prudencia, respetando las normas de convivencia y participando responsablemente de las actividades.
El dispositivo de seguridad por parte de Guardia Civil se verá reforzado tanto la seguridad ciudadana como en los controles de alcohol y drogas en los accesos al municipio. La subdelegada ha resaltado de nuevo la importancia de los Puntos Violeta para poder asistir posibles casos de agresiones a mujeres, los cuales se colocarán de forma visible en lugares de gran afluencia de personas por parte de Cruz Roja, el ayuntamiento y en colaboración con la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno. También ha destacado la participación de la Policía Local en la lucha contra la violencia de género, dado se encuentra adherida al sistema VIOGEN. A este respecto, recordó el aumento en un 14% de los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de este año para la provincia.
Las Juntas Locales de Seguridad constituyen órganos de coordinación operativa e informativa que facilitan cauces de canalización que permiten la colaboración de los sectores sociales e institucionales afectados en la correcta planificación de la seguridad pública, lo que redunda, sin duda, en un mayor acercamiento entre la sociedad y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, consecuentemente, en una mejor protección por éstas del libre ejercicio de los derechos y libertades públicas reconocidos constitucionalmente.
