El presidente autonómico de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, Benjamín Castro, ha insistido en que la organización pide “planteamientos serios y de futuro, con la política aparte” por lo que a la sanidad pública en Castilla y León se refiere.
Juanma de Saá / Ical.- “Queremos que se respete la negociación colectiva. Vamos a pensar en la sanidad pública en Castilla y León teniendo en cuenta su singularidad. Una dispersión inmensa. 2.248 municipios con sus consultorios y servicios públicos que atender y sumamos la población envejecida y la despoblación”, afirmó. “Tenemos que sentar a todos los actores fundamentales con propuestas serias, mirando hacia delante y con visión de mejora, atendiendo las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos”, insistió.
Benjamín Castro expresó su esperanza de que sea “constructivo” el próximo contacto con la Junta de Castilla y León. “El día 15, parece que la Administración autonómica, la administración sanitaria, el consejero y el viceconsejero tienen a bien recibirnos. Esperamos y deseamos que, esta vez, sea para algo constructivo y que sea el comienzo de una negociación real”, indicó.
“Hay que tener en cuenta la feminización de algunas categorías, lo que nos tiene que llevar a una mayor conciliación, a tener en cuenta la maternidad. Son causas no salariales pero que también hay que considerar, igual que la singularización de puestos en la ultraperiferia, que son de difícil cobertura, también en servicios sociales y algunos puestos de la administración general”, expuso.
Benjamín Castro hizo estas declaraciones en la nueva sede de la Csif en Zamora, en un acto en el que también intervinieron el presidente de la organización sindical, Miguel Borra, y la presidenta de la Unión Provincial de la Csif en Zamora, Rosa Herrero. “Es necesario un pacto de Estado pero en Castilla y León tienen las competencias ellos. Hacen falta más MIR pero es que ni siquiera se quedan los que vienen. Se van los que están y no vienen los que no están. Algo tendremos que hacer”, observó.
Por otra parte, Benjamín Castro recalcó que “hay un servicio de mediación estupendo” en la Administración pública, en referencia al Serla. “El modelo lo elige el Gobierno, no nosotros. Si tiene que ser el servicio de mediación público, hágase y nútrase de gente”, dijo. “En el último concurso de traslados, todo el que pudo salió corriendo de esos servicios y por algo será. También habrá que adaptar la normativa y alejarse de improvisaciones”, apuntó.
Respecto al primer año de Gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox en la Junta de Castilla y León, el responsable autonómico de la organización sindical afirmó que “tiene mucho que hacer” e incidió en que “entendemos de políticas públicas y no de partidos políticos”.
35 horas
En cuanto a las 35 horas semanales, el responsable autonómico de la organización sindical consideró que “el consejero de la Presidencia se va a otras tareas” y apostilló: “Tiene plena capacidad de obrar. Dijo públicamente que 2023 era el año de las 35 horas y estamos a tiempo de articularlo y ponerlo en marcha. El pacto es de 2019 y, simplemente, hay que cumplirlo por la parte de la Junta de Castilla y León”.
Igualmente, comentó que hay “pendientes” temas “de máxima urgencia”, como el convenio colectivo, “que afecta a casi 30.000 trabajadores” dentro de la Junta. “Están muy avanzadas las negociaciones, pero recordemos que ya supone un fracaso en sí mismo cuando un convenio colectivo tiene una vigencia de siete años y llevamos cinco de negociación. Basta ya. Vamos a poner en marcha esas políticas”, exhortó.
“Los empleados laborales de la Junta de Castilla y León son los segundos peor pagados de España. Si queremos unos servicios públicos de calidad, hay que tener a los trabajadores formados y con perspectivas de futuro”, concluyó.
Por su parte, la presidenta provincial de la Central Sindical en Zamora, Rosa Herrero, destacó “la importancia y el papel” del sector público en la provincia, un territorio “disperso, envejecido y con una despoblación acelerada”. Zamora cuenta con unos 12.000 empleados públicos, entre los que figuran los 2.900 trabajadores de Sanidad, 2.380 de Educación, los 2.100 de la Junta de Castilla y León y los cerca de 800 de la Administración General del Estado.
“La voluntad de ofrecer una mejor atención a todos esos empleados públicos y defender sus derechos laborales y sociales, junto a la creciente presencia de este sindicato independiente en las empresas privadas -con representatividad en más de 60-, es lo que ha impulsado la iniciativa de tener unas renovadas instalaciones más abiertas, espaciosas y cómodas, que responden al impulso y crecimiento del sindicato independiente en Zamora”, señaló.
