Expertos constitucionalistas entienden que se puede plantear una nueva reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León para avanzar en derechos sociales y de igualdad entre hombres y mujeres y en la supresión de los aforamientos, entre otras materias, aunque también consideran que la Comunidad está consolidada después de cuatro décadas de andadura autonómica.
V.A / ICAL. Con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, que se conmemora el próximo 25 de febrero, los expertos en Derecho Constitucional Ángela Figueruelo (Universidad de Salamanca), Óscar Sánchez (Universidad de Valladolid) y Juan María Bilbao (Universidad de Valladolid) reflexionan, en declaraciones a Ical, sobre la máxima norma institucional y sobre sí existen margen para otra reforma o se ha llegado a su techo, aunque subrayan que, sí se hace, debe ser por consenso.
Los tres coinciden en que la Comunidad Autónoma, que nació de la unión de los reinos de Castilla y de León, está consolidada cuatro décadas después, y “poco a poco” existe una mayor conciencia autonómica, en un Estado de las Autonomías, que ha acercado competencias a los ciudadanos y es “irreversible”.
Pero después de tres reformas (1994, 1999 y 2007), ¿existe margen para otra? Figueruelo es quien se muestra más firme en avanzar y apunta a los derechos sociales, igualdad de género o supresión de aforamientos. Sánchez también ve mejoras posibles en el ámbito del sistema electoral. Bilbao entiende que “no hay mucho margen” y apuesta más por gestionar lo existente.
No cerrar puerta a la evolución de la sociedad
Ángela Figueruelo afirma que la Comunidad Autónoma, cuya vida jurídica nace con el Estatuto de Autonomía, está consolidada y ve “superados ciertos problemas” iniciales con Segovia y León para cerrar el mapa, e incluso observa, en un territorio de nueve provincias sin un sentimiento “tan acentuado” como en otras autonomías, no solo las llamadas históricas, que “poco a poco” se crea una conciencia autonómica.
“Siempre hay margen para las reformas. No cerremos puertas a las reformas”, señala la experta de la Usal, convencida de que después de 16 años de la última revisión estatutaria, que califica de “buena”, la sociedad evoluciona y hay que adaptarse a ella, si bien añade que siempre por consenso de los grupos de las Cortes y nunca unilateral.
¿En qué se puede avanzar? La constitucionalista cita los derechos sociales, recogidos por primera vez en la reforma de 2007, pero que pueden recogerse como derechos fundamentales, como la sanidad o educación. También, en una redacción inclusiva, porque ve el Estatuto “escrito en masculino”. “Me gustaría ver posible la reforma”, apostilla.
Así, advierte que solo el artículo 14 recoge el derecho a la no discriminación por razón de género, por lo que demanda “más artículos” en aras a la igualdad entre hombres y mujeres, y también para una presencia equilibrada en órganos de representación a través de las listas. “Somos la comunidad con menos mujeres en puestos de responsabilidades políticas”.
Figueruelo es partidaria de recoger la limitación de mandatos para que los cargos tengan un oficio, sepan que el puesto no es suyo y “no se hagan dueños del sillón”. “Una persona que de por vida diga este sillón es mío, no me parece muy democrático”, asevera.
Sin embargo, es en la supresión de los aforamientos donde se manifiesta con mayor énfasis. “Habría que reducirlos a la mínima expresión”, señala, convencida de sus privilegios para los cargos electos, al no ser juzgados por un tribunal ordinario, sino por el Supremo, al tener inmunidad y necesitar el suplicatorio ante una demanda de la justicia y al contar con inviolabilidad parlamentaria. “Sería necesaria una reforma que aluda a los límites”, explica, para añadir que el derecho a la libertad no es insultar, decir “burradas” desde una tribuna y llamar al otro palabras, como “asesino”, por las que un ciudadano normal sería juzgado. “La inviolabilidad no es licencia para matar, hay límites”, precisa.
Ve menos necesaria la reforma electoral ya que entiende que no existe “un problema grave” en la representación, puesto que la perdida de población refleja menos un “desfase” en una Comunidad cada vez con menos habitantes. Aun así, entiende que tres procuradores fijos por provincia es elevado y perjudica a las más pobladas, por lo que no vería mal que fueran dos.
Mejorar la proporcionalidad
Óscar Sánchez, uno de los ponentes de la última reforma, recuerda que la promulgación del Estatuto de Castilla y León, al ser el último en aprobarse en 1983, cerró un ciclo y significa que el Estado de las Autonomías en España ha entrado en una etapa de consolidación y madurez. “Es irreversible”, valora.
“Siempre es posible una reforma”, sostiene, porque “hay cosas que mejorar”, aunque también añade que, en este momento, “no hay reformas urgentes”. Entre esas posibles mejoras, refiere los derechos ciudadanos, clarificar competencias, aunque el ámbito estaría más en la reforma de la Constitución y su traslado a los estatutos, o “reformular” el sistema electoral.
El profesor de la UVa defiende también la limitación de mandatos en ciertos cargos y la supresión de los aforamientos, si bien indica que antes habría que analizar si son necesarios y si contribuyen a la regeneración democrática. En el ámbito de la regeneración y transparencia, opina que “se pueden hacer muchas cosas sin reformar el Estatuto”.
No obstante, plantea una mejora de la proporcionalidad, listas desbloqueadas y más poder a los ciudadanos para “no escoger los partidos, sino los candidatos”. No comparte que haya que reducir el número de procuradores, como planteó el PP en 2016, y advierte que sí el motivo es limitar el gasto, éste es mínimo conforme a los presupuestos.
Para Sánchez, la reforma “más interesante” estaría en “el factor de la personalización” y listas abiertas, aunque también ve una sobrerrepresentación de las provincias menos pobladas y una infrarrepresentación de las más pobladas, cuyo planteamiento reconoce que puede dar lugar a polémicas entre territorios.
“Tener más procuradores no va unido a la cohesión territorial”, observa el experto de la Uva, convencido de que los desequilibrios en Castilla y León “cada vez son mayores” y de que en ninguna otra comunidad existen las diferencias como en ésta en renta, crecimiento o reindustrialización. “Es una Comunidad a dos velocidades”, apostilla.
Gestionar bien
“El Estatuto de Autonomía ha crecido bien, mi impresión es que ha servido para reforzar el sentimiento de identidad”, explica Juan María Bilbao, aunque también ve un “largo recorrido” hacia la vertebración, si bien entiende que la autonomía ha servido para “poner a Castilla y León en el mapa, para que tenga voz”, al ser un territorio “abandonado” en el Estado centralista.
Respecto de nuevas competencias, sostiene que se ha llegado al techo y no hay “mucho margen”, tras el rechazo definitivo del Constitucional a la gestión de la Cuenca del Duero y del “escaso interés” en hacer efectivo el traspaso de los medios materiales y personales de la Administración de Justicia, que sí está en el Estatuto.
“En general se ha hecho lo que se podía”, estima tras tres reformas, con la última en la que se recogió la renta de ciudadanía, si bien si considera que “se puede hacer lago más en vivienda”. “Gestionar bien es la clave y la receta para que la sociedad piense que es útil ante la corriente que pone en cuestión el Estado de las Autonomías”, defiende.
Para Bilbao, ahora “la gran batalla” está en el nuevo sistema de financiación autonómica porque de este depende el buen funcionamiento de los servicios públicos que gestionan las comunidades.
En cuanto a la supresión de los aforamientos, cree que no es “una cuestión demasiado relevante”, pero podría incluirse en el paquete, aunque tiene dudas de “si merece la pena reformar el estatuto solo para eso”.
Finalmente, Sánchez y Bilbao coincidieron en que las instituciones de fiscalización y consultivas, como los consejos de Cuentas y Consultivo, se han sometido en su reforma a un “adelgazamiento” en su financiación que puede incidir en su funcionamiento, aunque para ello no hace falta una reforma estatutaria.
