¿Sobran funcionarios?

¿Qué es la función pública? ¿Qué motiva a alguien a trabajar en la función pública? El artículo 103 de la Constitución Española en su punto primero señala que: “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. Para cumplir con este precepto constitucional es necesario que el Estado disponga de trabajadores al servicio de la administración pública. Trabajar en la función pública además de un trabajo debe ser una vocación de servicio a los ciudadanos.

Llevamos muchos años escuchando a la derecha y a los medios de comunicación que España tiene muchos funcionarios, que no puede pagarlos y culpabilizándolos de una parte importante de los males de la economía española. Para empezar, es necesario aclarar que no todos los trabajadores públicos son funcionarios ni sus puestos de trabajo tienen las mismas características; de hecho, en España hay cuatro tipos de trabajadores públicos con regímenes jurídicos y laborales diferentes. Los funcionarios de carrera se rigen por el derecho administrativo y el resto por el estatuto de los trabajadores.

Según los datos de la Organización Internacional del Trabajo España contaba en 2019 con un 16,3% de empleados públicos frente al 32,4% de Noruega, 29,6% de Dinamarca y Suecia, el 21,4% del Reino Unido, el 21,1% de Bélgica y el 19,9% de Holanda. Se puede deducir fácilmente que España no es de los países europeos que tiene más funcionarios, de hecho, está en la zona media. El dato mata al relato. Sentada la premisa anterior de que no sobran empleados públicos, sino que de hecho faltan, nos encontramos con algunas situaciones que explican lo que está sucediendo y que no es otra cosa que la insuficiencia del estado y la desprotección de los ciudadanos. Veamos algunos ejemplos.

El pasado verano España ardía por los cuatro costados y los bomberos forestales, que en su mayoría son trabajadores de empresas subcontratas por la Administración, no daban abasto y fue necesario recurrir constantemente a la Unidad Militar de Emergencias. Comprobamos que los bomberos forestales eran pocos, con un empleo precario, temporal, y que estaban muy mal pagados por las empresas subcontratadas con abundante dinero público. Fallaron las empresas y el ejército salvó los bosques. Fácil deducir que se necesitan bomberos forestales públicos para el cuidado de nuestro medio ambiente y que no es ni eficaz ni eficiente trasferir dinero público a empresas privadas y que luego haga su trabajo la UME. Los políticos no han aprendido nada. A ver qué verano espera a nuestros bosques.

Otro ejemplo es la administración de justicia. Existe un retraso muy importante, de varios años, en los procedimientos judiciales, un atasco por falta de recursos para la modernización de los juzgados existentes y para la creación de otros nuevos. Faltan juzgados, faltan jueces, fiscales, letrados, personal administrativo y auxiliar en todo tipo de juzgados. En este caso, afortunadamente, aún no hemos oído que la solución sea trasferir la administración de justicia a empresas privadas, pero todo puede suceder y mientras tanto muchos ciudadanos a la espera de justicia.

Tercer ejemplo: la enseñanza. En la enseñanza primaria y secundaria la ratio de alumnos por aula es muy elevada, faltan profesores y la calidad de la enseñanza se deteriora, mientras se dedican recursos públicos a financiar centros privados elitistas. La reposición del profesorado es muy inferior a la pérdida que ha tenido lugar en años pasados. Igual sucede en la universidad pública que ha perdido una parte muy importante del profesorado en todos los estamentos docentes: catedráticos, titulares y profesores asociados, y también entre el personal auxiliar y de servicios, mientras se crean universidades privadas, también elitistas y de muy dudosa calidad, subvencionadas con dinero público, el dinero que necesita la enseñanza pública se transfiere a fundaciones y empresas privadas. Mientras en muchos centros escolares falta lo básico y se agranda cada día la diferencia con los colegios elitistas.

Cuarto ejemplo: la sanidad pública. El sistema sanitario público se está deteriorando a todos los niveles, empezando por la atención primaria que es la base que sustenta todo edificio sanitario. Faltan médicos de familia y pediatras mientras se derivan pacientes a la sanidad privada pagando un precio elevadísimo a esas empresas. Para que se entienda claro: atender a un paciente en una consulta de la sanidad pública andaluza cuesta 7,3 €, a la sanidad privada se le van a pagar 65 € por cada paciente trasferido: 57 € de beneficio empresarial por paciente. En los hospitales la sanidad privada recibe de las administraciones públicas diez veces más de lo que gasta en la atención a los pacientes derivados.

Además, muchos acuerdos de colaboración público-privada relacionados con la dotación tecnológica significan la penetración de empresas privadas dentro de los propios hospitales públicos multiplicando el consumo innecesario de tecnología y el gasto sanitario. Los servicios de urgencias están saturados y faltos de personal y la atención hospitalaria, de la que se habla poco, sufre también por falta de profesionales.

Se trasfiere dinero y pacientes a las empresas privadas, dinero que debería invertirse de forma transparente en la sanidad pública. Mientras, crecen las listas de espera, que justifican las derivaciones de pacientes a la privada y aumenta la desatención de las enfermedades básicas, las que padece la mayoría de la población.

El deterioro es tal que cada vez más médicos de los que se quedan en España trabajan en empresas privadas, atendiendo a pacientes que se han derivado desde la sanidad pública y otra parte importante se va del país.

Podríamos analizar otros muchos sectores de la actividad pública que se encuentran en situación similar a los anteriormente descritos y que son fundamentales para un estado moderno, la lista sería muy amplia y excede las posibilidades de esta columna, cuyo fin es tratar de desmontar el mito del exceso de trabajadores públicos y reivindicar la figura de las personas que deciden trabajar en la función pública y para ello nada mejor que recurrir a una campaña francesa de defensa de lo público: Cuando todo sea privado, estaremos privados de todo. Viva el servicio público.