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Opinión

La subida de los precios

Un carro de la compra en un supermercado. Imagen. Pixabay.

Todos los días nos abruman con noticias acerca del crecimiento desbocado de la inflación y cada dos o tres semanas los bancos centrales suben el precio del dinero supuestamente para controlar el crecimiento de los precios. Es la ortodoxia económica neoliberal, una fórmula que ha fracasado en numerosos países y ocasiones pero que, inasequibles al desaliento, siguen aplicándonos a los ciudadanos de a pie porque esconde un proceso extractivo del ahorro de las clases populares, bien sea del ahorro en bienes mobiliarios o inmobiliarios que tanto les da.

Durante la pasada década y después de rebajar drásticamente los salarios de la mayoría de los ciudadanos, y en plena crisis económica, se nos invitaba a consumir para tirar de la economía y salir de la crisis, un consumo que no estaba al alcance de los más que éramos cada día más pobres y que únicamente se podían permitir los más ricos, aquellos a quienes no había afectado. Decir a quien no llegaba a fin de mes que debía gastar más para recuperar la economía era cuando menos obsceno.

Desde 2008 los salarios de los españoles se han depauperado con las políticas anticrisis basadas en la contención y rebaja de salarios, una gran parte de la población ha visto reducido su nivel de vida y muchas familias se encuentran en la pobreza o cerca de los límites de la misma, algunas porque sus miembros están en paro y otras porque, aunque tengan trabajo, sus salarios no dan para llegar dignamente a fin de mes. En Salamanca Cruz Roja ha alertado recientemente que cada vez más familias con empleo precisan ayuda para llegar a fin de mes.

En el último año con las tres principales medidas anticrisis aplicadas en España los ‘ricos’ se beneficiaron más: 1.574 millones de euros de ahorro más que las rentas bajas. Las rentas altas ahorraron un 192% más que las bajas con el descuento al combustible, un 70% más con la rebaja del IVA a los alimentos y un 39% más con la del IVA de la luz y el gas.

Ahora el problema principal de la economía es la inflación y para controlarla se nos propone gastar menos. Desde mi ignorancia sobre los principios que rigen la economía, entiendo que se nos recomienda consumir menos para que así los precios den una tregua temporal y comiencen a bajar. El ministro de Agricultura Luis Planas nos ha recomendado “ir al supermercado de enfrente si no se está de acuerdo con los precios” para que baje la inflación, o sea no salir a la calle hasta que escampe o cambiar de acera constantemente: toda una declaración de fe sobre la competencia para corregir los excesos del mercado y una falta absoluta de empatía con quienes tienen muchos problemas para cubrir sus necesidades básicas.

Aunque la inflación perjudica fundamentalmente a las clases populares, no son ellas quienes la producen sino quienes más la sufren: según el Banco de España para los colectivos de menor renta la cesta de la compra es un 11,3% más cara, mientras que los hogares ricos soportan una inflación mucho menor, del 9,7%.

Algunos informes recientemente publicados señalan que el 83% de la inflación procede de los beneficios empresariales y sólo el 13,7% de los salarios, pero, sin embargo, una vez más es a los salarios a los que se culpabiliza y a los que se pretende aplicar, bajo el eufemismo de un pacto de rentas, la receta de austeridad extendiendo la misma a las pensiones y al salario de los funcionarios, pero sin tocar los beneficios empresariales, ni subiendo salarios, ni aumentando los impuestos.

Dado que la inflación golpea fundamentalmente a la cesta de la compra se ha propuesto por Podemos fijar temporalmente precios máximos sobre bienes y servicios esenciales como alimentación, productos sanitarios, gas, electricidad o vivienda, medidas que han sido descartadas por el gobierno porque atentan contra la Ley de Defensa de la Competencia y el artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíben expresamente los acuerdos o recomendaciones de fijación de precios u otras condiciones comerciales que restrinjan o falseen la competencia, excepto si concurren causas extraordinarias o de fuerza mayor.

¿Qué es una fuerza extraordinaria o una causa mayor? Rechazar esta posibilidad cuando una parte importante de los ciudadanos viven en precario y las familias son más pobres, mientras los beneficios empresariales son mayores que nunca, solo puede conducir al estrangulamiento del mercado y de la misma sociedad, es decir a matar la gallina de los huevos de oro. Es preciso corregir el funcionamiento no competitivo de los mercados y proteger a los consumidores de los monopolios y oligopolios, bien sean estos bancarios, energéticos o cadenas de distribución alimentaria. El control de precios, como la subida de impuestos, son anatemas para la mayoría de los economistas y partidos políticos, pero son una solución para evitar más aun el empobrecimiento de una gran parte de los ciudadanos.

En el mejor de los mundos, en un mundo ideal, los mercados se ocupan sólo de la eficiencia, lo que está lejos de la equidad, por eso es fundamental que existan normas que los regulen. En la vida real, cuando se pervierte el mercado y no existe competencia, no se satisface el interés público y es preciso establecer normas que lo regulen en beneficio de todos para evitar que destruyan lo que costó años construir.

En palabras de Robert Reich ex secretario de Trabajo con Bill Clinton “las grandes empresas intentan siempre aumentar sus márgenes en los periodos de alta inflación para maximizar sus beneficios y suben los precios porque tienen poder de mercado para hacerlo debido al exceso de concentración empresarial y a la falta de competencia” a lo que habría que añadir que porque los gobiernos se lo permiten y no los regulan.

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