La Junta de Castilla y León anticipará a junio el inicio del período de riesgo alto de incendios forestales que tendrá además una duración de “cuatro meses alargados”, de forma que podría llegar incluso al de octubre. Además, en este momento cuenta operativa con un formado en total por 1.746 personas con 130 motobombas, que desde abril tendrá un segundo turno, 62 cuadrillas terrestres, la totalidad de las helitransportadas y siete equipos de maquinaria pesada.
Ical.- El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ofreció estos datos en una comparecencia en la que exigió “más acción” al Gobierno de España en cuanto al despliegue de sus medios aéreos y las normas sobre criterios y directrices y “menos críticas falsas” dentro de una operación de “propaganda” en la que incluyó a miembros del Ejecutivo central, así como a la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, y algún alcalde.
En ese sentido, el titular de Medio Ambiente señaló que este viernes se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la declaración de la época de peligro medio de incendios forestales en toda la Comunidad hasta el lunes 10 de abril, coincidiendo con la duración de la Semana Santa.
Este año, destacó el consejero, hay más medios desplegados en esta época del año que nunca antes en virtud del acuerdo del Diálogo Social del pasado año, que se señaló han aumentado un 40 por ciento el operativo dentro de un proceso a tres años.
El titular de Medio Ambiente habló también de “mala fe” sobre las consideraciones del Gobierno en relación a la determinación del riesgo de incendios ya que aseguró la Junta utilizan índices “complejos”, frente a los mapas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que elabora sus mapas en base a la previsión de temperatura y viento. Insistió en que se trata de una cuestión que deciden los “técnicos” sin criterios “políticos” y a la que se adecúan los medios desplegados con “seriedad”.
En cuanto al Plan Anual de Incendios, Suárez-Quiñones criticó la “desfachatez” del Gobierno por exigir a Castilla y León y no a otras comunidades esta programación, cuando en su opinión no ha dictado el Real Decreto de criterios y directrices, que recordó exige ser consensuado con las comunidades y debe estar acompañado del informe del Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF). Reiteró que lo aprobarán en los próximos días porque está “pendiente” de determinar “algunos flecos” sobre la inclusión o no de la guardia localizada del personal de campo.
Frente a las críticas de los sindicatos y la oposición, el consejero aseguró que desde principios de año están activadas todas las 130 motobombas -conductor y manguerista-, y en abril habrá una segunda dotación y las unidades helitransportadas, así como 57 cuadrillas de tierra, con una actividad mínima de nueve meses, llegando en algunas a los 12, así como siete bulldozer y todos los técnicos y agentes medioambientales de guardia.
Todo ello, señaló, conlleva un incremento de los trabajos preventivos y selvícolas y añadió que a media que se amplíen se incrementará esa labor preventiva. Además, recriminó al Gobierno que con su prohibición de la caza del lobo al norte del Duero, junto con la nueva PAC, está impidiendo la actividad de la ganadería extensiva y, con ello, la limpieza de los montes.
Refuerzo en 2023
El consejero destacó que este año el presupuesto del operativo es de 87,1 millones, un 34 por ciento más que en 2022, con el horizonte de llegar a 127 en 2025. Además, destacó los 37 millones para ayuntamientos y diputaciones para que cuenten con parques de bomberos o la renovación de 565 vehículos del personal de campo, de los que se han entregado 291 y los 274 restantes llegarán antes del 1 de junio, tras un desembolso de 14 millones.
También apuntó que invierten siete millones para comprar 30 motobombas, 1,5 millones para camiones de doble cabina que llevarán una cuadrilla y 24 vehículos pick-up con depósito, así como otros nueve millones en la plataforma tecnológica. Con todo ello, subrayó, se superan los 80 millones este año para reforzar el servicio.
Además, destacó la creación de un servicio central específico de incendios y un área dentro de cada delegación. También se está incrementando la dotando de técnicos y personal, con 40 más en los centros provinciales de mando, diez en los servicios centrales y 90 agentes medioambientales más, junto a los 75 “interinos” que cubrirán las plazas vacantes. A todo ello, dijo, se une los equipos especializados de planificación y apoyo en grandes incendios, con diez especialistas.
Gobierno al “ataque”
El titular de Medio Ambiente insistió en que resulta “sorprendente”, “llamativo”, “criticable” y “cansino” los mensajes de miembros del Gobierno de España, por parte de su presidente, Pedro Sánchez, y también de la vicepresidenta Teresa Ribera e incluso la titular de Defensa, Margarita Robles, sobre el operativo de incendios de Castilla y León dentro de lo que consideró una “acción concertada” y organizada de “ataque” a la Junta.
Suárez-Quiñones exigió al Gobierno que responda su requerimiento sobre los ocho hidroaviones menos -de 24 a 16- existentes en sus bases para las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) y no ha desplegado todavía los helicópteros bombarderos con un depósito de 4.500 litros. También aseguró que ellos seguirán pidiendo una conferencia de presidentes para reforzar la coordinación entre territorios: “Ellos pueden vilipendiar y utilizar argumentos políticos y electorales”, dijo.
Además, censuró el “desprecio” al operativo con más de 4.000 personas en los meses de riesgo alto por parte de los que señalan que el pasado año los fuegos de Castilla y León los apagaron medios de otras comunidades y del Gobierno, cuando recordó sólo intervino en el 5,28 por ciento de ellos. “Nos parece totalmente rechazable e irresponsable”, además de una “falsedad”.
