En algunas ocasiones internet puede albergar datos personales que podrían llegar a perjudicar la imagen de los ciudadanos. Sin embargo, existen determinados casos en los que estos afectados tienen la posibilidad de reclamar que se borre su huella, ya sea en buscadores, redes sociales o incluso medios de comunicación, gracias al conocido como ‘derecho al olvido’.
Tal y como ha explicado a La Crónica de Salamanca José Luis Montesinos, director de la empresa especializada en derecho al olvido, ‘Teborramos.com’ (actualmente Honoralia), “el derecho al olvido es un derecho que permite a las personas físicas solicitar a los buscadores que retiren los resultados de búsqueda que contienen datos personales suyos y les afectan”.
“Técnicamente, en principio es el derecho frente a los buscadores (Google, Bing, Yahoo…), pero ya se utiliza como sinónimo de borrar datos de internet, como pueden ser nombre y apellidos, DNI, fotos, vídeos, etc. De esta manera, cuando se busque por sus datos personales, ya no aparezcan”, añade.
Esta problemática “afecta actualmente a muchísimos usuarios. Cada año a más”, indica Montesinos. “Todo empezó en 2014 con Mario Costeja, un abogado español que fue el primero en ganar una resolución en el Tribunal de Justicia de la UE, que obligaba a Google a retirar sus datos. Desde que se hizo pública la sentencia, ha empezado a crecer y no ha parado”.
Además, el jurista recalca que, “en los dos o tres últimos años, el aumento es mucho más notable” y señala que “cientos de afectados recurren cada mes a nosotros para eliminar sus datos de internet”.
El proceso que se sigue cuando alguien desea eliminar su rastro de internet comienza con el estudio del caso. “El cliente expone su situación y facilita los enlaces donde aparece la información que quiere eliminar. Lo siguiente es determinar la viabilidad y comprobar si se cumplen una serie de requisitos”, relata.
“En caso de que sea viable, se preparan las reclamaciones y se envían a la web, red social, medio de comunicación, etc. que tiene los citados datos. Normalmente se suele llevar por la vía extrajudicial pero, cuando no se retira la información o no se recibe respuesta, hay que recurrir a la judicial, aunque son minoría”.
Todo ello, suele llevar un tiempo medio de “entre 15 y 30 días”, aunque puede “variar dependiendo de algunos factores”, como si es necesario acudir a los tribunales. Además, Montesinos asegura que el porcentaje de éxito “está en torno al 87% de las reclamaciones”.
Finalmente, en cuanto a los requisitos, el director de Honoralia recuerda que “para que los datos estén en internet tiene que haber algo que lo justifique, como puede ser la necesidad legal, el interés público o la cesión de los mismos por el usuario”.
Entonces, “las únicas cuestiones que pueden hacer que no se borren los datos son casos de noticias de interés público o datos que tienen que estar ahí por ley. En el resto de situaciones, o cuando la información es obsoleta, es inexacta o ya no hay interés público, bastaría con la mera voluntad del afectado para que legalmente se puedan revocar esos datos”.
Casos en Salamanca
Desde Teborramos han trabajado con varios casos de salmantinos. “Lo normal es que sean particulares y no haya un interés gravísimo”, señala Montesinos. Entre otros ejemplos, “aquellos que se presentaron a oposiciones y, como fueron hace mucho tiempo, ya no quieren que sean públicos esos datos suyos”.
También se han dado casos de empresarios “que, por ejemplo, sus datos aparecen en el típico directorio de Infoempresa. O aquellos que tuvieron problemas de concursos de acreedores y sus datos siguen apareciendo cuando fue hace muchos años y ya está solucionado”.
Por último, “hemos tenido varios casos de personas en política. Como por ejemplo, clientes que se presentaron a unas elecciones por un determinado partido y, en un momento dado, bien porque ya no se dedican a la política, bien porque han cambiado de partido, etc. no quieren que aparezca su nombre en aquellas listas”.
