Más de 2.800 trabajadores de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia de Castilla y León (350 de ellos en Salamanca) están llamados a participar, desde este lunes 17, en una huelga indefinida con paros parciales de 10:00 a 13:00 horas, convocada por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO Y UGT, para exigir el reconocimiento legal y retributivo de las funciones que realizan en el día a día de los juzgados, así como una subida salarial “digna”, en la línea con la aprobada para el colectivo de letrados.
También reclaman la paralización de la futura Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), “que impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación, y que se refieren a destinos, movilidad funcional o geográfica, y puede acarrear en el futuro amortizaciones encubiertas de plantillas”.
Junto a esta huelga indefinida con paros parciales, está convocada una jornada de huelga total el próximo día 19, día en el que también está prevista una multitudinaria manifestación en Madrid, a la que están llamados los 45.000 funcionarios de Justicia de toda España.
CSIF y los demás sindicatos convocantes del paro lamentan que el Ministerio desprecie y no reconozca la profesionalización, especialización y responsabilidad del trabajo de la totalidad de los cuerpos generales, especiales y médicos forenses, ni tampoco las funciones que en la práctica realizan.
Aseguran que la Administración de Justicia se sustenta “sobre una mentira”, una supuesta distribución de funciones -casi 600 se adjudican los letrados-, que en la práctica se reparten, se delegan y las realiza un personal que no cobra por realizarlas.
Los sindicatos recuerdan que el colapso provocado por la huelga del Cuerpo de Letrados (LAJ) se ha alcanzado por la permisividad y pasividad del Ministerio, ante comportamientos cuestionables de ese colectivo, que ha prohibido trabajar en borrador a las plantillas de cuyos órganos son directores procesales. Se han suspendido juicios por la ausencia de los letrados en huelga, cuando estos -con anterioridad- nunca han asistido a los juicios, señalan los sindicatos.
CSIF reclama al Gobierno una aclaración y redistribución de las funciones y competencias que se llevan a cabo a diario en los juzgados, junto a una oferta de subida salarial que las retribuya al conjunto de los funcionarios de Justicia, y no sólo a unos pocos.
Esta organización independiente -al igual que el resto de las convocantes de las movilizaciones- dice que es el momento de que el Ministerio “valore el trabajo de sus funcionarios en la administración de Justicia”. Ironiza con que, si solo los letrados realizan esas 600 funciones que dicen que desempeñan, sean ellos quienes, una vez finalizada la huelga, las lleven a cabo y normalicen la situación que ellos han provocado”.
CSIF reprocha al Ministerio de Justicia una dureza contra la huelga de los cuerpos generales que no tuvo con la de los letrados, que se evidencia en el “doble rasero” empleado en cuanto a los servicios mínimos que se pretende aplicar ahora.
Mientras en esta huelga de funcionarios, el Ministerio ha suspendido todas las peticiones de vacaciones y permisos solicitadas previamente, sin mayor explicación y sin atender a las causas que los motivaron, a los LAJ se les permitió disfrutar de moscosos y vacaciones discrecionalmente entre el 24 y el 31 de enero.
El Ministerio también ha suspendido el teletrabajo, denuncia CSIF, “un derecho reconocido por el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), que se suspende sin justificación alguna”.
El derecho de huelga, recuerda el presidente del sector Justicia de CSIF en Castilla y León, Juanjo Banciella, “no puede quedar supeditado a la forma de prestación laboral porque, entonces, se está coartando el derecho fundamental de un trabajador a la huelga, por el mero hecho de ejercer su derecho a prestar su trabajo fuera de la oficina”.
Considera que “el Ministerio –el Gobierno– sabe que, sin nosotros, no hay juzgados ni tribunales por muchos cuerpos superiores que haya. En realidad, todos cumplimos unas funciones en la Administración de Justicia, aunque, algunos, aupados de nuevo en un pedestal, sigan sin darse cuenta”.
Aproximadamente, en Ávila hay 180 funcionarios de los Cuerpos Generales de Justicia, en Burgos 500, en León 600, en Palencia 220, en Salamanca 350, en Segovia 200, en Soria 120, en Valladolid 600 y en Zamora 200. En el total de España, el número de funcionarios son unos 45.000.
