Los trabajadores laborales de la Junta se concentraron este jueves ante la Consejería de la Presidencia de la Junta, convocados por CSIF, “para evidenciar el tremendo rechazo que genera el convenio firmado recientemente por UGT, CCOO y CGT, que perjudica a unos 12.500 trabajadores”, según informó la formación sindical y recogió Ical.
ICAL. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que considera que ha sido “valiente y consecuente”, se compromete a emprender acciones judiciales junto con los trabajadores que están en las carreteras, en las residencias asistenciales, en los montes, en los institutos, en los colegios, en las bibliotecas, en los talleres “y en todos y cada uno de los centros de trabajo donde se les ha engañado”.
“Esto no acaba con la firma del preacuerdo, seguiremos reclamando un convenio justo”, señaló la secretaria de Negociación y Estudios del sector de la Administración General de la Junta (Agcyl) de CSIF Castilla y León, Mar Carrascal. “Los políticos y los sindicatos firmantes parece que han tenido mucha prisa por quitarse de encima un convenio que les estaba estorbando”, añadió.
CSIF recordó que “ha intentado que recapacitaran” tanto la Administración como los sindicatos firmantes. “Nos dijeron que hiciéramos lo que nos diera la gana. ¿Y qué hemos hecho? Lo que nos han dicho los trabajadores, no firmar el convenio colectivo”, sentenció Carrascal.
En este sentido, advirtió al Gobierno autonómico que “será un grave error publicar el convenio tal y como se firmó el preacuerdo” y pide una rectificación porque “aún está a tiempo”. “La mayoría de empleados laborales no apoyan un mal convenio que es un despropósito”, prosiguió Mar Carrascal, quien apunto que el documento “no asegura la jubilación parcial al máximo establecido, que es uno de los peores convenios colectivos en retribución con unos céntimos de incremento salarial, que no reconoce la antigüedad a los fijos-discontinuos, que no apuesta por un operativo de lucha contra incendios forestales público y permanente o que no da el complemento de continuidad asistencial a todos los empleados de Gerencia de Servicios Social y centros de menores”.
A su juicio, una de las “deficiencias más graves” del nuevo convenio es que “coarta la posibilidad de reclasificación de muchas competencias funcionales”, al establecerse una rebaja de titulaciones a una veintena de colectivos profesionales; o el cambio de denominación de otras, que “conllevan diferentes perjuicios para esas categorías”, como ocurre con el caso de las auxiliares de enfermería (TCAE).
A todos estos trabajadores, “en un futuro se les rebajarán sus titulaciones para acceder a la Administración y no podrán reciclarse”. “Los trabajadores de la Junta no se merecen este maltrato. Este convenio se va a convertir en un plan de empleo encubierto, sin el derecho de los empleados a defenderse”, afirmó Carrascal, quien puso el ejemplo de otras comunidades autónomas, donde estos convenios han mantenido las titulaciones como las tenían anteriormente para llegar a acuerdos “dignos y justos”. “Esto es lo que ha pretendido CSIF desde que en el año 2017 denunció el anterior convenio, esperando mejorar las condiciones laborales y salariales”, denunció.
Pero hasta 2019 no se inició la negociación, y tras años de “tira y afloja, ahora han llegado algunos sindicatos a preacordar uno de los convenios más perjudiciales para los trabajadores de la Junta”, aseguró Carrascal, que se pregunta qué intereses ocultos tendrán la Junta y los firmantes, “porque no se entiende la actitud de las organizaciones sindicales”.
Esta concentración ha sido la primera movilización importante de CSIF contra el convenio firmado, con presencia de trabajadores afectados de las nueve provincias.
