El sindicato CCOO anunció este viernes que llevará a la Fiscalía la oferta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, dirigida por Mariano Veganzones (Vox), de una subvención de 494.982,50 euros sin que exista convocatoria pública, al entender que podría ser objeto de un “delito de prevaricación al margen de toda legalidad”. Mientras, UGT decidirá de aquí al lunes su postura. CEOE, por su parte, ha solicitado estos apoyos por una cuantía próxima a un millón de euros, aunque de momento no ha recibido contestación, y decidirá si la acepta cuando analice la orden que la regule.
ICAL. Así lo indicaron los secretarios generales de las dos formaciones, Vicente Andrés y Faustino Temprano, y el presidente de la patronal, Santiago Aparicio, tras la firma del acuerdo de trasposición y adaptación del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva en Castilla y León.
Andrés incidió en que Mariano Veganzones establece una subvención excepcional cuando esos apoyos deben ser por ley estructurales, conforme a la representación de las organizaciones. Asimismo, lamentó que se pide a los sindicatos que acepten una ayuda directa “sin conocer las condiciones”, les demanda que “aprieten un botón” en la página de tramitación de la Junta que “es caer en un cohecho y podía llevar a la cárcel a quien acepte eso”, dijo.
Así, el dirigente sindical expuso que lo pondrán en conocimiento de la fiscalía porque “se reparte dinero público sin ninguna condición”, lo que supone “aceptar dinero sucio. “No vamos a correr ningún riesgo, no vamos a aceptar. Que se nos dé lo que se nos reconoce por ley”, zanjó. “Debe investigar lo que estamos diciendo; debe aclarar eso”, dijo, para reclamar que “se retire” esa ayuda del portal de la Junta, “porque no puede estar abierta hasta el 31 de diciembre como se ha dicho”.
Andrés recordó además que su organización presentó una reclamación administrativa a la Junta el pasado 22 de febrero frente a la desaparición de la subvención nominativa que les corresponde por ley en los presupuestos de la Comunidad, y el próximo lunes se cumplen los tres meses de plazo que tiene la Administración para su reposición. A partir de ahí entrará la demanda en el tribunal del Contencioso-Administrativo, y lo mismo ocurrirá en unos días con la de UGT, cuya reclamación fue posterior en unos días.
El responsable de CCOO recordó que tiene seis demandas en los tribunales por los abusos de VOX contra los sindicatos y el Diálogo Social, y recalcó que han denunciado la situación en la Organización Internacional del Trabajo, en el Comité Europeo de Derechos Sociales y en el Comité de las Regiones. “Estamos en un campo de conflicto y de falta de convivencia que no es bueno para nadie”, resumió.
Faustino Temprano constató que los órganos internos de dirección del sindicato decidieran de aquí al lunes si acompañan a CCOO a su solicitud ante la fiscalía, y lamentó que “no se ha negociado nada” con la Junta que asegura ahora que esa subvención directa es de representación institucional, cuando ha desaparecido la ayuda nominativa que marca la ley.
Temprano denunció que recibieron una llamada de la Dirección General de Trabajo, en la que les informaron de que tenían 494.000 euros, y que entrasen en la aplicación de tramitación de la junta para solicitarla, “sin condiciones y sin una orden”. “No lo hemos pedido, porque tenemos que conocer los requisitos y las condiciones. Cuando alguien pide algo así se debe saber eso, sobre todo cuando se trata de dinero público”, dibujó.
Defensa patronal
Santiago Aparicio indicó que les habían informado de que la subvención nominativa de años anteriores iba a desaparecer en los presupuestos de este año, y en en este ejercicio se iba a transformar en una ayuda directa con un recorte del 50 por ciento. En este sentido, aclaró que analizaron la posibilidad de solicitarla y la Junta Directiva de CEOE decidió pedirla, aunque todavía “no han recibido contestación de si se ha concedido o no”.
Aparicio aclaró que la partida habilitada por Industria aparece sin destinatario nominal, y solo se constata que está comprometida para organizaciones empresariales y sindicales. Aseveró que los servicios jurídicos de CEOE decidieron que se podía pedir y puso de relieve que si se ha hecho “mal uso” será la consejería quien deba responder. “En derecho todo es interpretable mil veces”, dijo.
Aparicio repitió que “no tiene ningún problema” por haber solicitado esa subvención directa, en la cuantía que la propia Junta les precisó que les correspondía, y dejo claro, que “antes de aceptarla veremos las órdenes y lo que representa esa subvención”.
Aparicio reconoció también que los recortes en el Diálogo Social les han obligado a perder empleo en algunas organizaciones provinciales, y señaló que les hubiese gustado que la subvención hubiese seguido siendo nominativa. Con todo, aceptó que se deben a los partidos que están gobernando, y el de la actualidad, de coalición, “tiene una visión muy diferente” del proceso de concertación, “pero hay que trabajar con el Gobierno actual en beneficio de los intereses empresariales”. “Esperemos seguir asía hasta que haya un cambio y volvamos a la senda del Diálogo Social tripartito”, concluyó.
Petición a Mañueco
Para finalizar, Vicente Andrés insistió en que han pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que intervenga ante “este proceso atípico” con un consejero que adopta “decisiones ilegales” y que “no hace más que insultar”.
“Es insostenible”, dijo, para denunciar el “ridículo nacional e internacional” que supone su presencia en el Gobierno para Castilla y León. “La imagen que proyecta este Gobierno nos parece insostenible”, dijo, para pedir a Mañueco que saque a VOC de la Junta.
“Hay que reflexionar sobre le desprestigio absoluto al que nos lleva”, comentó, para constatar que “ahuyenta inversores y hace difícil la convivencia”. “No se si duerme mejor -por Veganzones- cuando nos llama cada día comegambas, aunque los insultos definen a la propia persona”, sentenció, para exigir a Mañueco que “corrija a este hombre y tome medidas tras las elecciones municipales”.
