El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (SIVECAL), englobado en USCAL, exigió este miércoles la dimisión del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, Gerardo Dueñas, así como del “resto de responsables políticos” implicados en la resolución del pasado 10 de mayo que flexibilizaba el movimiento del ganado en contra de la normativa nacional y europea sobre la tuberculosis bovina, y que según el sindicato, ha provocado un impacto económico, en solo diez días, de 3,8 millones de euros.
Todo como consecuencia de la Orden del Gobierno surgida para contrarrestar los efectos de la resolución de la Junta, en cuya elaboración, denuncian desde SIVECAL, no se tuvo en cuenta los criterios técnicos de los veterinarios de la Administración autonómica y que contemplaba “cosas de una gravedad impresionante” para la salud pública como el movimiento de animales “sin garantías sanitarias” o la asistencia de animales a certámenes “sin prueba sanitaria”.
También, en declaraciones recogidas por Ical, señalaron como cambios más peligrosos el hecho de no establecer criterios de actuación “en función de las prevalencias”, dejar “dudas en la interpretación de los resultados de la propia prueba”, reinterpretar “la calificación sanitaria” o establecer movimientos de los animales “en contra de la normativa”.
Por todo ello, Sivecal planteó “estudiar jurídicamente las acciones legales a emprender por estas actuaciones”, como la denuncia ante la Inspección General de Servicios “por las negligentes actuaciones de la Consejería de Agricultura” o ante las “violentas acciones” de los responsables de los actos vandálicos que un grupo de ganaderos llevó a cabo el lunes al intentar tomar la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca.
Unos actos que, desde el Sindicato de Veterinarios, condenaron, si bien tendieron la mano al conjunto del sector para recuperar la senda del diálogo “con los técnicos, no con los políticos” para mejorar, en la medida de lo posible, los programas de prevención, control y erradicación de la tuberculosis bovina en Castilla y León.
No obstante, recordaron, se trata de un sector con 36.000 explotaciones y más de 70.000 personas empleadas que son “imprescindibles y necesarios” porque producen “cantidad, calidad y seguridad alimentaria” en la carne de Castilla y León, y señalaron que los veterinarios lo que intentan es “que los animales tengan las mejores condiciones higiénicas, sanitarias y de bienestar animal”, por lo que pidieron a los ganaderos que “restablezcan el cauce de diálogo” frente a situaciones que están llevando a las unidades veterinarias de la Junta a “una presión” que “alguien se ha encargado de generar”.
Criticaron así la actuación del actual consejero y su equipo, de Vox, por suponer “un continuo foco de conflicto” en relación a la tuberculosis bovina al considerar Gerardo Dueñas que “no es un problema de salud pública” pese a que existen en el mundo “10 millones de personas afectadas”, motivo por el que desde la UE se llevan a cabo programas de saneamiento de tuberculosis para erradicarla en 2030, tal y como se hizo con la brucelosis.
En todo caso, el Sindicato de Veterinarios quiso lanzar “un mensaje de tranquilidad a la sociedad y los consumidores” porque los productos cárnicos de Castilla y León “tienen la garantía y el sello de los servicios veterinarios” de la Comunidad, y para mejorar aún más la sanidad animal del territorio, pidieron “programas especiales y estudios epidemiológicos” en zonas con especial incidencia de la tuberculosis, como la comarca de Vitigudino, en Salamanca, y un programa de actuación para el control sanitario de la fauna silvestre para “ver prevalencias”, algo que “la Junta no está llevando a cabo con la exhaustividad que se debería llevar a efecto”.
