Sobre el ‘affaire’ de la tuberculosis bovina en Castilla y León

La tuberculosis bovina es una enfermedad zoonósica (transmisible al hombre) que tiene graves consecuencias económicas y restricciones al movimiento de los animales, por lo que la vigilancia y el control están regulados a través de la normativa de ámbito internacional (Organización Mundial de la Sanidad Animal), europeo y nacional.

Además, el desarrollo normativo es imprescindible para garantizar la sanidad animal, la salud pública, la seguridad alimentaria y el medio ambiente.

La UE determina que los Estados miembros son los primeros responsables de la erradicación de la tuberculosis bovina, es decir, conseguir:

– Una tasa de incidencia de explotaciones confirmadas como infectadas por el complejo M. tuberculosis, no superior al 0,1% en los 3 últimos años – El mantenimiento de la calificación oficialmente libre de enfermedad en al menos un 99,8% de las explotaciones que comprendan al menos el 99,99% de animales
en al menos esos tres últimos años.
– Que el programa de vigilancia de los últimos 3 años haya incluido la vigilancia ante y post mortem de todos los bovinos sacrificados mediante la búsqueda sistemática e investigación de las lesiones compatibles.

Se debe mencionar que se realizan diferentes actuaciones en función de las prevalencias (n.º de explotaciones positivas/n.º total de explotaciones) obtenidas y, siguiendo criterios epidemiológicos que rigen la normativa europea en este ámbito. Según su evolución se determina la actualización periódica de las actuaciones en ámbito de unidad veterinaria, provincia y región.

Primer acto (2021): una promesa
El candidato de Salamanca a la presidencia del gobierno de Castilla y León en 2019, mantuvo como promesa electoral a los ganaderos salmantinos afectados, que si llegaba a la presidencia flexibilizaría las campañas de saneamiento ganadero. Posteriormente se dieron instrucciones a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para que un grupo de representantes y ganaderos de Salamanca mantuvieran reuniones con los Servicios Veterinarios Oficiales de la Consejería a fin de flexibilizar las actuaciones de diagnóstico de tuberculosis bovina y movimiento pecuario de explotaciones positivas o que hubieran perdido la calificación sanitaria. Se hace notar que las reuniones fueron completamente asimétricas en cuanto a conocimientos en materia de sanidad animal se refiere: ¿alguien se puede imaginar el tratar de aplicar cordura epidemiológica en tales circunstancias?

A pesar de ello se consiguió y dentro del ordenamiento jurídico del Estado (MAPA) y de la UE, publicándose la Resolución de 24 de junio de 2021, de la Dirección General de Producción Agropecuaria por la que se desarrollan determinados aspectos de los programas nacionales de control, vigilancia y erradicación de enfermedades de los rumiantes en la comunidad de Castilla y León. Pero resulta que era muy poco.

Aclaración: el DLE mantiene para el vocablo «flexible» seis acepciones; para el caso que nos concierne es aplicable, sin duda, la de «que no se sujeta a normas estrictas, a dogmas o trabas».

Y una pregunta: ¿alguien se puede imaginar, que en plena pandemia un grupo de afectados se reuniera con las autoridades sanitarias para flexibilizar los test de Covid-19, con el fin de que no se diagnosticaran tantas personas positivas?

Segundo acto (2023): diluir la presión
La nueva titular de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, también de Salamanca y hasta hace poco titular de varias explotaciones ganaderas, se siente presionada en Salamanca, donde vive, por ganaderos y colectivos afectados y toma la determinación de que era necesario diluir esa presión. El gravísimo problema es lo que iba a hacer sin ni siquiera consultar a los Servicios Veterinarios Oficiales de la Consejería,
en una clara confusión de papeles.

Es hora de dar los datos para analizar por algunos. La prevalencia de la tuberculosis bovina en Castilla y León para el año 2022 fue de un 2,07%, aclarando que la prevalencia del rebaño (explotación) es el número de rebaños positivos que hay durante el periodo de un año, respecto al número total de rebaños a los que se le han hecho pruebas para su diagnóstico durante ese mismo periodo. Ha subido un 0,73% respecto a 2021, sobre todo por el aumento significativo de la prevalencia de rebaño en la provincia de Salamanca (y en mucha menor medida en Ávila), aclarando inmediatamente que en Salamanca se hallan afectadas 259 explotaciones de un total de 5.792 es decir el 4,47% (en Ávila están afectadas 54 explotaciones de 2.528, es decir, el 1,84%).

Pero significativo es también lo que ocurre en el resto de la Comunidad, pues las provincias de León, Burgos y Valladolid han sido declaradas recientemente por la UE «Libres de la Enfermedad». Esto significa muchas cosas buenas para los ganaderos, la cabaña ganadera y para todos. Además, las provincias de Soria (0,00%) y de Zamora (0,08%) previsiblemente en seis meses cumplirán los objetivos del programa de erradicación y podrán declararse también como «Libres de Enfermedad». En Palencia (0,69%) ha habido un repunte de la prevalencia, pero en Segovia (0,65%) ha bajado. Es decir, se detecta un problema significativo en dos provincias, pero que no es uniforme en el ámbito territorial de cada una.

En este escenario, sin asesoría de los Servicios Veterinarios Oficiales de la Consejería, y sin pasar el trámite y control interno de la Asesoría Jurídica de la Consejería, se publica el 15 de mayo la Resolución de 10 de mayo de 2023, de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera por la que se desarrollan determinados aspectos de los programas nacionales de enfermedades de los rumiantes en la comunidad de Castilla y León. Deroga la anterior, pero de momento y para abrir boca compárese el título de ambas (2021 y 2023) y se verá lo que falta. No da este espacio para citar las ilegalidades, transgresiones e incongruencias sanitarias que en ella aparecen, aparte de la vergüenza de su redacción.

O sea, en lugar de atajar un problema sanitario en su ámbito territorial, se diluye para todo el ámbito de Castilla y León, sin considerar otras fórmulas como las zonas de especial incidencia de la enfermedad con inclusión en ellas de posibles ayudas económicas a los afectados.

Tercer acto: un viaje relámpago (volando voy) y las consecuencias
A la vista de tal tropelía, el 22 de mayo firman un informe los nueve jefes de Sección de Sanidad y Producción Animal de Castilla y León, para ponerla en conocimiento de quien la comete.

Por otra parte, y sin dilación, el 25 de mayo en Bruselas se reúnen tres altos cargos de la Junta con el corazón de la UE en materia sanitaria (con una Jefa de Protocolo) para escenificar y «trasladar una serie de reivindicaciones con las que favorecer al sector primario de Castilla y León», según reza en la web oficial de la Junta. Posteriormente, y en reunión apretada del 27 de mayo con ganaderos en Vitigudino se les traslada otra cosa: la petición de flexibilización realizada debido a las «arbitrariedades cometidas en la Unión Europea». ¿Es negacionismo o estupidez? En fin, todo un triunfo del volando voy, pero había algo que no sabían: que ya el 23 de mayo (dos días antes de la cacareada reunión) el Director Crisis Preparedness in Food, Animals and Plants (DG SANTE) de la Comisión Europea, se había dirigido al Director General de Sanidad de la Producción Agraria en España (MAPA) para instarle a «tomar medidas apropiadas, sin demora, para proteger la salud pública y animal en la UE». Por cierto, el documento está colgado en internet.

En consecuencia, el 26 de mayo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presenta un recurso contencioso-administrativo contra la Resolución ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y el 29 de mayo (pasadas las elecciones) publica una Orden por la que se restringen determinados movimientos de animales de la especie bovina desde Castilla y León. Es decir, que se le
coartaba una parte de la actividad económica (miles y miles de euros diarios) a los ganaderos de Castilla y León porque alguien había cometido una tropelía descomunal en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Pero allí a nadie se le piden responsabilidades, que para eso ha sido necesario un encaje político.

Cuarto acto: cazando fantasmas

Es hora de dar vueltas a la tortilla. Ya habían comenzado los disparos hacia los nueve jefes de Sección por haber sido malos, acusándoles de alertar y dar argumentos al MAPA sobre la tropelía. Sin embargo, cualquiera puede hacer los siguientes cálculos: si se publica la tropelía el 15 de mayo y ocho días después la Comisión Europea insta al MAPA, significa que desde el segundo o tercer día de la publicación ambas instituciones están en continuo contacto sobre el asunto.

Así que no hay cosa mejor para solucionar un problema creado desde dentro de la Consejería que buscar otros culpables: ya habían sido apuntados los nueve convictos, a los que se unió la Jefa del Servicio de Sanidad Animal para después focalizar en el de Salamanca; naturalmente se pidió el cese de todos. Claro que en medio estaban sucediendo muchas cosas: el sindicato de veterinarios se había posicionado en defensa de la legalidad y de los acusados, luego lo hizo el Consejo Colegios de Veterinarios de Castilla y León, diversas organizaciones sindicales y agrarias que se honran con su actitud, y cientos de adhesiones desde dentro y fuera de Castilla y León. Por tanto, se dice que la culpa es de los veterinarios porque están en contra de los ganaderos, y también del MAPA porque nos ha restringido los movimientos de animales de la especie bovina.

A todo esto, no se debe pasar por alto el que un medio salmantino, en una actitud que le deshonra, se ha dedicado a dar una información parcial y sesgada sobre unos hechos de tanta trascendencia para los ganaderos y público en general, anteponiendo la venta de periódicos y anunciantes por encima de la imparcialidad. Pero lo que no se puede amparar es la indecencia de la complicidad al no actuar ante un acto ignominioso anunciado en Salamanca contra un empleado público, sin ser públicamente amparado por las
autoridades ni ser parado públicamente por quienes han provocado tamaño desboque. Es intolerable y ruin. Como lo es que un grupo de ganaderos, en el fragor de la barahúnda, escriba lo del «atropello vergonzoso al que nos están llevando estos días». Atropello por parte de ¿quién?: ¿«de todos estos funcionarios radicales»? Parece que a algunos no les funciona la brújula y han perdido el norte.

Y es que por el camino hay una huida hacia adelante, porque una vez publicada por el MAPA la Orden de restricciones de movimientos y sabida la determinación de la Comisión Europea, lo sensato hubiera sido, a la mayor brevedad, derogar la Resolucióntropelía para evitar cuanto antes las cuantiosas pérdidas económicas (han transcurrido más de veinte días) a los ganaderos de Castilla y León. Pero no era cuestión de sensatez,
sino de otra cosa y de una huida hacia adelante, porque se optó por la vía de la tortilla: la suspensión cautelar. Y es que “para impedir los perjuicios de la orden del Gobierno, la Junta no se opone a que sea el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el que suspenda la Resolución”, pero como también matizó el Consejero: “esto no quiere decir que la nuestra no sea legal”. Es decir, que para la galería no se admite haber cometido una tropelía (por lo del encaje de bolillos), así que pelillos a la mar que la culpa es de otro y a respirar oxígeno viciado de galería hasta el fallo. Acaba de suceder, ¿y ahora qué? ¿Otra dilución? ¿O a recibir multas y perder ayudas PAC de la UE?

Quinto acto: un tiro en el pie
Pero entra en liza otro factor, ya que el propio fantasma es el que persigue ahora a quien ha incumplido sus promesas al verse los afectados amparados por ellas: han entendido que cuando «aprietan» se hace una Resolución-tropelía, «que va en la dirección» pero que no resuelve nada porque lo que realmente quieren es que no haya un programa de erradicación de la enfermedad y convivir con ella. Algo que no tiene cabida en esta UE, pero que a sabiendas se continúa alentando.

En la actual producción animal, uno de los pilares para el comercio de productos y alimentos de origen animal es la Sanidad y Seguridad Alimentaria, cuestión latente en todo este mal affaire. Las enfermedades de los animales representan una barrera sanitaria, pero indudablemente también una barrera comercial de gran trascendencia económica para los titulares de las explotaciones. Ninguna explotación ni territorio puede considerarse una isla sanitaria y comercial en un mundo de comercio globalizado, de tal modo que para comerciar con animales y productos de origen animal se exigen unos estándares de sanidad y seguridad alimentaria, amparados por unas atestaciones (certificaciones) sanitarias, que son expedidas solo para aquellas explotaciones que los alcanzan. En este sentido, las vanas promesas que alientan y de las que se hacen eco algunos ganaderos, son un tiro en su propio pie de cara al comercio de sus producciones animales, pues al no alcanzar dichos estándares tendrán restricciones al comercio. Es la pescadilla que se muerde la cola: algo que así no tiene fin, dada la incongruencia de querer dos cosas contrarias a la vez.

Algunos dirán que es catastrofismo, pero es un hecho cierto que en unos pocos días se ha tirado por tierra la credibilidad sanitaria de la ganadería de toda una Comunidad Autónoma, que con tanto esfuerzo se había ganado en los últimos treinta años. Y por ende la del consumidor. Otrosí, la imagen ganadera de la turba. Solo hacen falta unas dosis de cordura para reconducir la situación, pero este teatro del absurdo no es el camino.

Afortunadamente se cuenta con un factor que ayudará enormemente, cual es la gran mayoría silenciosa de los ganaderos que, con su buen hacer, han logrado mantener unos niveles sanitarios encomiables en una cabaña ganadera en la que son los principales actores del éxito.

Francisco de la Reina