Tres de cada diez castellanos y leoneses respiraron en 2022 un aire que incumpliría los nuevos estándares legales propuestos por la Unión Europea para 2030, según un informe de Ecologistas en Acción, que en este marco denunció que la contaminación repuntó en la Comunidad a causa del cambio climático y el aumento del tráfico. Este hecho, explicó la organización verde, expresa la «magnitud del reto a asumir por las administraciones en próximos años para alinearse con la futura legislación».
Ical.- Así lo traslada a través del informe anual que elabora anualmente, y que constata que el pasado año la calidad del aire en la Comunidad ha empeorado respecto a 2020 y 2021, con un aumento significativo de los niveles de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5) y ozono troposférico, y más matizado de dióxido de nitrógeno (NO2), sin alcanzar este último contaminante las concentraciones habituales en años anteriores a la pandemia.
Finalizadas las restricciones de la movilidad por la crisis de la COVID-19, el intenso calor y la falta de lluvias han disparado en 2022, informó la organización verde, los episodios de partículas y ozono, “pese a la contracción económica derivada de la pandemia y la guerra de Ucrania”.
El informe anual sobre la calidad del aire de Ecologistas en Acción, elaborado con datos de 43 estaciones oficiales de la Comunidad, concluye que la totalidad de la población y del territorio castellano y leonés estuvieron expuestos el año pasado a unos niveles insalubres de contaminación, tal y como justifican los valores máximos de referencia recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea.
Si se toman los estándares de la normativa, más laxos que las recomendaciones de la OMS, no habría población que respiró aire contaminado ni superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación, por encima de los límites legales. Si bien la estación ubicada en El Maíllo (Salamanca), en la Montaña Sur de Castilla y León, superó puntualmente el objetivo legal para la protección de la vegetación establecido para el ozono.
El año 2022 fue muy seco y el más cálido en España desde al menos 1961. La estabilidad atmosférica activó los episodios de contaminación por partículas, en su mayor parte procedentes del norte de África. El extremado calor estival contribuyó al aumento del ozono, en especial durante las olas de calor de junio, julio y agosto.
El cambio climático se confirma como un factor determinante en el agravamiento de los episodios de mala calidad del aire, según argumentó Ecologistas. No obstante, el factor esencial para explicar el repunte de la contaminación atmosférica durante 2022 es la recuperación de la movilidad motorizada y de la actividad económica previas a la pandemia de la COVID-19.
La contaminación del aire debería abordarse como un problema sanitario de primer orden. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, cada año fallecen prematuramente 25.000 personas en el Estado español por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire, 10.000 de ellas en episodios de alta contaminación, según el Instituto de Salud Carlos III. La contaminación atmosférica provoca en torno a un millar de muertes prematuras en Castilla y León cada año. «El empeoramiento de la situación en 2022 es en este sentido una pésima noticia», sostiene el informe, al que tuvo acceso Ical.
Costes sanitarios y laborales
Igualmente, los costes sanitarios y laborales derivados de la contaminación atmosférica representan, según el Banco Mundial, 50.000 millones de dólares al año, un 3,5 por ciento del PIB español, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.
Además, Ecologistas en Acción explicó que la información a la ciudadanía por las administraciones públicas «no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema». El Eurobarómetro sobre la calidad del aire de abril de 2022 revela que el 61 por ciento de los españoles se consideran «mal o nada informados» y las estaciones de medición de la Junta de Castilla y León «no están ubicadas en los lugares donde se registra más contaminación, por lo que no facilitan información representativa».
También, recuerda que los planes de Mejora de la Calidad del Aire son obligatorios según la legislación vigente, pero «en muchos casos no existen y en otros son inefectivos por falta de voluntad política». Al respecto, la Junta ha aprobado un plan de lucha contra el ozono «único para toda la Comunidad, que carece de medidas detalladas, programadas y presupuestadas», por lo que Ecologistas en Acción lo ha impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia.
Por ello, consideró que la única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es «disminuir el tráfico motorizado, potenciando la movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte público limpio». También es necesario, prosiguió el informe, «promover el ahorro energético, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, cerrar las centrales térmicas de combustibles fósiles, penalizar el diésel, reducir el uso del avión y una moratoria de las nuevas macrogranjas ganaderas».
Vencido hace medio año el plazo para que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones, para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, los ayuntamientos concernidos en Castilla y León (las capitales salvo Soria y Ponferrada) «han incumplido esta obligación legal, pese a los abundantes fondos públicos que están recibiendo para ello». Ecologistas en Acción pide a los nuevos alcaldes que «prioricen la salud de sus vecinos sobre cálculos electorales poco justificados».
Por último, recordaron que la crisis sanitaria de la COVID–19 ha demostrado que la reducción estructural del transporte y la descarbonización de la industria y los edificios son las mejores herramientas para mejorar la calidad del aire en las ciudades y en las zonas rurales. «El repunte en 2022 de la contaminación del aire es un indicio preocupante de que no hemos aprendido lo suficiente de la dramática experiencia vivida durante la pandemia», concluyó el informe.
