El Consejo de Ministros prorrogó hoy martes una buena parte de las medidas aprobadas en el decreto anticrisis de diciembre, entre ellas, la rebaja del IVA de los alimentos básicos de la cesta de la compra y la bonificación del precio del transporte público, además de las bonificaciones al gasóleo profesional.
Así lo avanzó la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde detalló que este paquete de medidas tendrá un impacto sobre las cuentas públicas de 3.800 millones de euros adicionales, lo que eleva el coste total de todas las ayudas en la segunda parte del año hasta los 8.900 millones de euros. En total, el Ejecutivo movilizaría 47.000 millones en las medidas anticrisis adoptadas hasta la fecha.
La principal novedad del decreto ha sido la prórroga de la bonificación al gasóleo profesional. Hace tan solo un día, Calviño rehusó detallar si el Gobierno iba a extenderla temporalmente. De hecho, defendió que las medidas debían empezar a tener un tinte “quirúrgico”, por lo que parecía dar a entender que el Ejecutivo la iba a dejar decaer este próximo 30 de junio.
Sin embargo, el Gobierno ha apostado finalmente por prorrogar la subvención hasta el 30 de septiembre. Hasta esa fecha, el importe de la ayuda será de 10 céntimos por litro de carburante. A partir del 1 de octubre, se reducirá a 5 céntimos hasta el 31 de diciembre. También tendrán acceso a esta subvención los profesionales del transporte por carretera que realizan su labor sin gasóleo profesional, así como los servicios marítimos de interés público.
Alimentos y transporte
Por otro lado, y como ya avanzó Calviño un día antes, el decreto mantiene en los mismos términos la rebaja del IVA de los alimentos, por lo que, a partir del 1 de julio, se mantendrá la rebaja del 4 al 0 por ciento en el tipo impositivo del pan, las harinas panificables, la leche, los huevos, las legumbres, los cereales, las frutas, las verduras y las hortalizas, así como la reducción del 10 al 5 por ciento en el aceite y la pasta. La carne y el pescado vuelven a estar excluidos de la bajada fiscal.
Las rebajas estarán en vigor hasta el 31 de diciembre, según detalló Calviño. Sin embargo, queda por ver si, al igual que en el anterior real decreto-ley, el Gobierno ha incluido una vía de escape por si los precios retornan a niveles “razonables” antes de que termine el año. En diciembre, el Ejecutivo estableció que la medida decaería partir del 1 de mayo en el caso de que la tasa interanual de la inflación subyacente del mes de marzo, publicada en abril, fuese inferior al 5,5 por ciento.
El Gobierno también ha decidido extender la ayuda para la bonificación de al menos el 50 por ciento de los abonos de transporte público en aquellas autonomías y ayuntamientos que aporten parte de la financiación. Así, el Estado bonificará el 30 por ciento del coste total, mientras que las administraciones autonómicas y locales tendrán que aportar, como mínimo, un 20 por ciento adicional.
Asimismo, el decreto prorroga la congelación del tope al precio de la bombona de butano, las ayudas a la industria electrointensiva y la prórroga de las actuaciones de apoyo para la reconstrucción de La Palma.
Vehículos eléctricos y vivienda
Asimismo, el decreto establece una deducción del 15 por ciento en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas por la compra de vehículo eléctrico nuevo. Esta desgravación se aplicará durante los dos próximos años, por lo que se podrán acoger a ella todos los contribuyentes que adquieran uno antes del 31 de diciembre de 2025.
También se aprueba una nueva línea de avales ICO para la compra de la primera vivienda por jóvenes y familias con menores a cargo, y el derecho al olvido oncológico. Asimismo, el Ejecutivo incluye una “mejora” de la normativa de las VTC para introducir limitaciones vinculadas a criterios medioambientales –sin especificar cuáles– y “facilidades” para incrementar la instalación de estaciones de recarga para vehículos eléctricos –también sin detallar cómo–.
Por otra parte, confirmó que se retrasa la entrada en vigor hasta el 1 de enero del derecho a la cotización a la Seguridad Social de los becarios, así como la prohibición del despido en las empresas beneficiarias de ayudas públicas derivadas de la guerra.
En materia de vivienda, Calviño indicó que se prorroga hasta final de año la prohibición de desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional. La vicepresidenta justificó esta decisión en que, aunque ya esté prevista en la Ley de Vivienda, “es cierto que las comunidades autónomas no han dispuesto de tiempo suficiente” para poner en marcha los mecanismos de mediación y de búsqueda de alternativas habitacionales. “Lamento que haya personas que quieran generar incertidumbre o desasosiego, teniendo en cuenta que estos años hemos reforzado mucho” el marco sobre alquiler, resaltó Calviño.
Por último, confirmó que no se extenderá la vigencia de todos los contratos de alquiler que finalicen y, ante las críticas por parte de sus socios de Gobierno a esta última medida, recordó que ya está en vigor la Ley de Vivienda que establece topes a la subida del precio del alquiler del 2 por ciento este año y el 3 por ciento el próximo.
En este mismo sentido se pronunciaron desde el Ministerio de Transportes, desde donde defendieron que la prórroga automática era una medida «extraordinaria y coyuntural», que estaba enmarcada «en el contexto de la pandemia y en los momentos en que la inflación alcanzó máximos», una etapa que «por fortuna» ya ha pasado.
Asimismo, recordaron que la Ley de Vivienda ya recoge la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria de un año para inquilinos en situaciones de vulnerabilidad. «Es decir, aprobamos por ley una protección mucho más amplia para las personas en situación de vulnerabilidad cuyos contratos de alquiler finalicen, y además lo hacemos por un periodo mucho más amplio: un año», señalaron las fuentes procedentes de la cartera dirigida por Raquel Sánchez. Para el resto de casos, destacaron que la Ley de arrendamientos urbanos ya prevé prórrogas obligatorias para el arrendador de hasta 5 años cuando se han agotado todas las extensiones contempladas en contrato.
