Los abogados exigen el fin de la paralización de la Justicia

Los abogados salmantinos han exigido al Estado y al Ministerio de Justicia una solución para acabar con la parálisis que se vive en los juzgados desde hace varios meses debido a la huelga de los profesionales del sector. El colectivo lamenta los perjuicios que les causa esta situación y aboga por un Pacto de Estado que de lugar a “un servicio público de Justicia, efectivo y de calidad”. 

“La Justicia es una cuestión de Estado. El poder judicial tiene la misión de garantizar el cumplimiento de la ley por parte de las instituciones y los ciudadanos. Un poder judicial paralizado es un poder inútil, que abandona a los ciudadanos a su suerte, incumpliendo además el mandato constitucional. En este sentido, corresponde al Estado garantizar la correcta prestación del servicio público de justicia, solucionando con la máxima diligencia posible los conflictos que impidan o entorpezcan el normal funcionamiento del mismo”, exponen los abogados salmantinos.

Este miércoles, 28 de junio, los abogados y abogadas salmantinos se han concentrado, “al igual que multitud de compañeros y compañeras a lo largo y ancho de toda España, para reclamar al Estado la formalización de un acuerdo que reactive de forma inmediata el servicio público de justicia, y la adopción de medidas urgentes para resolver los inadmisibles retrasos ya acumulados”.

La actual situación del servicio público de justicia “es insostenible”, aseguran, y su paralización por diversas huelgas desde hace más de cuatro meses “está causando gravísimos perjuicios tanto a funcionarios como a profesionales y ciudadanos”.

Por un lado, a los funcionarios, “por cuanto la desidia del Estado para tratar de resolver el conflicto generado les obliga a alargar la huelga en defensa de sus derechos, con las lógicas consecuencias económicas y de acumulación de trabajo que, en algún momento, habrán de realizar”.

A los profesionales (abogados y procuradores) “porque la actual situación de la justicia, además de no permitirnos desarrollar nuestro legítimo derecho a trabajar, nos obliga a incurrir reiteradamente en gastos superfluos, consecuencia de actuaciones judiciales que no se realizan, pero a las que nos vemos obligados a acudir una y otra vez. En resumen, gastamos, pero no ingresamos, lo que se traduce en una grave situación de crisis económica que afecta profundamente a un sinfín de profesionales y a sus familias”.

Pero, sobre todo, a los ciudadanos, “que ven imposibilitado o, cuando menos, gravemente obstaculizado, su acceso a la justicia, sin visos de poder obtener una solución eficaz y eficiente a sus problemas y necesidades. Con demoras en los señalamientos de juicios que en algunos casos alcanzan ya fechas tan irrazonables como el año 2027, o pensiones de alimentos retenidas en los órganos judiciales, a la espera de que alguien ordene su pago al ciudadano, que, mientras, hace malabarismos para sobrevivir”.

“La justicia lenta no es justicia, pero la actual situación nos lleva a categorizarla no ya de lenta, sino de prácticamente inexistente”, recalcan. Sin embargo, “sin Justicia no hay democracia ni libertad y los ciudadanos requieren de una Justicia pronta y de calidad”.

Por ello, “exigimos al Estado y al Ministerio de Justicia la inmediata solución de la parálisis del servicio público de justicia, que se desangra ante la mirada impasible de nuestros representantes; y requerimos del estamento político su firme compromiso para alcanzar un Pacto de Estado durante la próxima legislatura que permita crear un servicio público de Justicia, efectivo y de calidad, que haga honor al Estado social y democrático de Derecho que es España”.

“La sociedad española se merece que nuestros representantes realicen, en favor de la Justicia, un ejercicio de responsabilidad democrática, política y social, porque, como decíamos al comienzo, la Justicia es una cuestión de Estado”, concluyen.