La Audiencia de Palma ha imputado finalmente a la Infanta Cristina por de delitos de fraude fiscal, por ayudar a su marido, Iñaki Urdangarin, a cometerlos mediante la sociedad Aizoon. El juez también imputa a Urdangarin, a su socio Diego Torres y a la mujer de este Ana María Tejeiro, además de por fraude fiscal por blanqueo de dinero.
La Infanta Cristina se libra de la acusación de blanqueo de dinero por lo que aún puede librarse de sentarse en el banquillo si el propio juez Castro decide aplicarle la llamada doctrina Botín, que permite al juez no juzgar a un imputado si no pesa sobre él la acusación pública (fiscalía, Abogacía del Estado o Hacienda) o popular.
En este caso sólo pesa sobre ella la acusación popular a cargo de la organización Manos Limpias, y corresponde al juez instructor del caso, José Castro, decidir si sigue adelante con el procesamiento de la hermana del Rey (no cabría recurso contra esa decisión) o si opta por librarla de sentarse en el banquillo (decisión que sí podría recurrir Manos Limpias).
La Audiencia asegura que la Infanta sabía que su marido estaba defraudando a Hacienda mediante la sociedad Aizoon, de la que ella tenía el 50%.
