Infidelidades, padres que quieren conocer la vida de estudiante que llevan sus hijos en Salamanca, otros conflictos de pareja y los accidentes llenan la agenda de los detectives privados que operan en la provincia. Un servicio que tiene un coste elevado.
Carlos Guaza, director de Nova Detectives, señala que los motivos que llevan a recurrir a estos profesionales son “muchos”. No obstante, “uno de los más comunes” es el del “ámbito asegurador”. Entre otros ejemplos, menciona casos de accidentes de tráfico, robos, incendios, etc. “y las compañías nos contratan para verificar las circunstancias en las que se produjo el siniestro”.
También “es muy común que las mutuas o empresas recurran a nosotros cuando se producen situaciones de incapacidad temporal (baja). En esos casos, hacemos seguimientos para esclarecer si la baja es real o fraudulenta”. Recuerda un caso en el que “un trabajador había pedido la baja y le vimos jugando en un campeonato de pádel”.
En el ámbito de los clientes particulares, asegura que un caso “muy habitual en Salamanca” es el de padres de fuera de la ciudad y cuyos hijos estudian en Salamanca. “Nos contratan porque están pagando la estancia a sus hijos, que estudian en la ciudad, y quieren conocer si realmente van a clase, estudian, en qué ambiente están, etc.”.
Otros motivos que llevan a los particulares a contratar los servicios de estos profesionales son “los temas de custodia de menores, para conocer si la otra parte cumple”, “los casos de pensiones compensatorias, para verificar si la capacidad económica que alega el otro es real” o “las infidelidades”.
En cuanto a los clientes, el detective salmantino reconoce que acuden a ellos “tanto particulares como empresas” de forma indiferente. “No hay un perfil concreto, es muy dispar, puede ser cualquiera. Al final, puede ser cualquier particular o empresa que tiene un interés legítimo”, agrega. Pese a ello, en el caso de su agencia en concreto, matiza que traban bastante con “el sector asegurador y las mutuas”.
Sin embargo, asegura que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no recurren a ellos, ya que “los detectives no podemos investigar delitos perseguibles de oficio”, como puede ser el tráfico de drogas. Pese a ello, “si durante el transcurso de una investigación somos testigos de uno de estos delitos, estamos obligados por ley a trasladar esa información” a las autoridades competentes.
Por otro lado, respecto a los precios, Guaza admite que “se podría decir que no es un servicio barato”. Pero argumenta que “no es un trabajo con el que nos podamos permitir cobrar poco”. Señala a los altos costes en equipos y personal, así como los riesgos que deben afrontar. “Muchas veces sabemos cuándo y dónde empezamos, pero no cuándo y dónde terminamos. Luego, además del trabajo de campo, está el de despacho, la planificación operativa, el asesoramiento al cliente…”
En definitiva, “el coste depende de los recursos que se utilicen”, y aunque “siempre intentamos adaptarnos a las circunstancias del cliente diseñando un operativo más ajustado”, “todo el proceso implica que tiene que tener un coste económico”. Hablando de cifras concretas, “una jornada de trabajo podría ser unos 650€”, explica, advirtiendo que “es una aproximación” y “puede confundir”, ya que, insiste, “puede variar mucho dependiendo de cada caso y sus circunstancias”.
El oficio
“Con los casi 50 millones de habitantes que hay en España, solamente somos 1.300 detectives privados en todo el país”. Con esta frase resume lo infrecuente de esta profesión Carlos Guaza, director de Nova Detectives, una de las agencias de investigadores privados de Salamanca. Además, explica que “para ser detective privado se necesita formación universitaria”, señalando que, para ello, “la Usal cuenta en la Facultad de Derecho con los estudios de Ciencias de la Seguridad”.
La profesión de detective privado “es multidisciplinar, porque el campo de actuación es muy amplio. Nosotros buscamos la verdad, y aportamos información y pruebas”, indica. “Lo que hacemos es un seguimiento físico de las personas, vamos con cámaras de alta definición, con cámaras ocultas si es preciso…” Además, para “complementar” los seguimientos físicos, hacen “un seguimiento digital”, de lo que también se obtiene “mucha información”.
Posteriormente, “toda la información que recogemos durante la investigación se refleja en un informe pormenorizado, que es el resultado de nuestro trabajo y tiene plena validez jurídica, por lo que el cliente podrá utilizarlo a través de su abogado”, aclara Guaza, añadiendo que “si es necesario, también vamos a los juicios para ratificar nuestros informes”.
Todo este proceso es “totalmente legal”, pero siempre tiene que haber “interés legítimo”. “Los detectives somos profesionales y trabajamos bajo el marco regulador de la Ley de Seguridad Privada. Ahí se recoge la figura del detective privado, sus competencias, sus limitaciones, etc. Entonces, podemos investigar a cualquier persona física o jurídica siempre ha haya interés legítimo por parte del cliente. Si lo hay, no hay ningún problema”, expone, confesando que han rechazado “muchos casos” por considerar que carecían de ello.
Guaza también aprovecha para aclarar que “lo que es ilegal es el concepto de espionaje, porque eso no se enmarca dentro de una ley”. En la misma línea, denuncia que “hay mucho intrusismo en la profesión por parte de algunos que lo hacen al margen de la legalidad o por otros cauces”, cuando “los detectives somos los únicos que lo podemos hacer, con carácter exclusivo y excluyente”. En esos casos, “además de poder incurrir en un delito, no se podrán utilizar las pruebas llegado el caso”.
Apunta que en el mercado “hay medios para espiar al alcance de cualquiera” y “es legal comprarlos”. “La cuestión es cómo se van a utilizar. Porque si alguien pone una cámara oculta en algún lugar, puede incurrir en delitos”, recalca.
