Agentes de las comisarías provinciales de la Policía Nacional en Salamanca y Ávila detuvieron, por el momento, a cinco personas en el marco de una operación contra el delito de falsedad documental que continúa abierta. Los detenidos, presuntamente, habrían utilizado documentos fraudulentos ante la Administración para regularizar a ciudadanos extranjeros.
Según informó este jueves la Policía Nacional mediante un comunicado remitido a Ical, la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca detectó irregularidades en varios permisos de trabajo y residencia, por lo que pidió informe a la Brigada de Extranjería y Fronteras.
Así, las brigadas de Salamanca y Ávila realizaron de forma conjunta la investigación a través de la que pudieron demostrar que parte de la documentación presentada era falsificada y, además, las empresas mercantiles que constaban como empleadoras eran compañías fantasma con administradores que resultaron ser testaferros.
Entre los imputados se encuentran los titulares de al menos dos empresas fantasma, los solicitantes de residencia y, de momento, dos letradas de asesorías de Salamanca y Ávila. Queda pendiente localizar a otros gestores ubicados en Madrid y determinar su nivel de colaboración para que el engaño a la Administración se pudiera consumar.
Las falsedades afectan a documentos expedidos por la Tesorería General de la Seguridad Social en trámites supuestamente realizados por abogadas autorizadas. La Policía Nacional investiga ahora si hay más documentos falsificados para lo que se ha requerido colaboración interinstitucional a la propia Tesorería.
El modus operandi consistía en que el solicitante de permiso de trabajo y residencia en situación irregular presentaba ante la Administración contratos de trabajo indefinidos y, como empleador, figuraba la sociedad fantasma previamente creada con un testaferro como titular. Además, la Policía señala que parte de los documentos son íntegramente falsificados, gestiones que requieren la necesaria actuación de las abogadas de las gestoras implicadas para poder llevarlo a cabo.
Además, los agentes investigan si los documentos falsificados detectados se pudieron adquirir a un gestor online de Madrid que, al parecer, podría haberse citado por WhatsApp en la Puerta del Sol con el comprador, es decir, el solicitante de residencia y trabajo, y este le habría realizado el pago en efectivo a cambio de un documento electrónico remitido también por mensajería instantánea, y que la Policía no tiene dudas de que está relacionado con las gestoras investigadas.
Así, según resumen la Policía, el extranjero en situación irregular realiza trámites delictivos en su afán de conseguir permiso de trabajo, mal asesorado por abogados de gestoras que dan de alta empresas fantasmas, tramitan contratos de trabajo falsos y les venden documentos íntegramente fraudulentos, cobrando tarifas mayores de lo establecido, parte sin facturar, con la excusa de que habrían de cobrarles el IVA.
