Las residencias de mayores y personas con discapacidad de titularidad privada en Castilla y León tendrán hasta 2029 para adaptar la arquitectura de sus centros a la nueva Ley Reguladora del Modelo de Atención en los Centros de Carácter Residencial y Centros de Día de Servicios Sociales para Cuidados de Larga Duración, que se aprobó hoy en el Consejo de Gobierno de la Junta.
Ical.- El objetivo es que todos los centros se ajusten al nuevo modelo de unidades de convivencia para que las personas mayores que residan en espacios acogedores, lo más parecido a un hogar, y reciban atención integral personalizada, respetando siempre sus necesidades y preferencias. Y es que se busca un modelo centrado en la persona.
La consejera recordó que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció el pasado martes una línea de subvenciones a centros, dotada con 15 millones de euros, para financiar la modernización y adaptación de las residencias y centros de día a este nuevo modelo de unidades de convivencia. Añadió que la administración autonómica también ha mejorado las cuantías que reciben los centros por las plazas concertadas.
De media, lo que se paga por las plazas concertadas en residencias mayores ha aumentado un 33 por ciento y de centros de discapacidad, en torno al 22 por ciento. Es decir, las plazas en viviendas de autismo han pasado de 1.800 euros en 2019 a los cerca de 2.300 euros. En cuanto a las plazas de grandes dependientes, el salto ha sido de 1.580 al mes a 2.100 euros en el mismo periodo. También ha aumentado la prestación vinculada que se da a las familias para pagar los servicios residenciales, con una subida del 24 por ciento en los últimos tres años.
La futura ley aborda las características básicas espaciales y materiales que deben reunir todos los centros, orientadas a una configuración basada en unidades de convivencia (como se viene realizando en las residencias públicas de la Junta de Castilla y León desde hace años), con el doble objetivo de extender el modelo de atención centrada en la persona y también aplicar las enseñanzas que dejó la pandemia de cara a la propagación de enfermedades.
De este modo, los usuarios conviven en entornos más pequeños (de hasta 16 personas) y en unas instalaciones que emulan su propio hogar, para garantizar, de manera combinada, la autonomía, la seguridad, la confortabilidad y la calidad en la atención. En concreto, el proyecto de ley organiza los centros en tres áreas definidas: la zona de unidades de convivencia, la de espacios comunes y la de servicios generales.
Desde hace años, la Junta de Castilla y León ha venido instalando las unidades de convivencia en los centros públicos. Ahora, por primera vez, se recogen en una norma de rango legal y se impulsan en las residencias de ámbito privado.
De este modo, la futura norma trata de superar el antiguo modelo residencial transformándolo en espacios asimilados al propio hogar de los mayores como espacios con dormitorio, ducha particular accesible, cocina o sala de estar, lo que facilita el aislamiento y la compartimentación en caso de un contagio o una pandemia, como ocurrió con la covid. Además, se regulan las viviendas asistidas, que no podrán pasar de ocho plazas en términos generales o de cuatro en el caso de que se trate de personas con discapacidad por enfermedad mental.
El proceso de adaptación de todos los centros de día y residenciales, tanto públicos como privados, a este modelo de atención centrado en la persona implica la salvaguarda general del derecho a ser asistidos sin ningún tipo de restricción, tales como las sujeciones físicas o algunos tratamientos farmacológicos. En este sentido, la ley promueve y regula una atención libre de restricciones, salvo las excepciones.
Este derecho implicará que, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, todos los centros que cuenten con algún usuario al que se le esté aplicando alguna restricción que no tenga la consideración de actuación de urgencia, deberán desarrollar e implantar un plan de eliminación de sujeciones en el centro.
La ley establece también un ‘Proyecto de Vida’ documentado para que la persona pueda desarrollar el mismo de acuerdo con sus valores, gustos y preferencias, respetando y apoyando sus decisiones y con un nuevo enfoque a los objetivos y cometidos de los profesionales de estos centros.
Por otra parte, los usuarios estarán atendidos por profesionales coordinados, asignando un profesional de referencia a todos los residentes –con quien establecerán una relación de confianza y se convertirá en el responsable del acompañamiento y de la atención directa– y un gestor de caso para la coordinación entre los residentes, la familia, el profesional de referencia y el resto de profesionales.
Ratios de profesionales
Hay aspectos de la ley que están sujetos a la posterior normativa de desarrollo, como es el caso del número de profesionales que deben trabajar en los centros residenciales o de día –que se aprueba en los consejos territoriales–, si bien sí se establece la formación requerida para formar parte de las plantillas como los títulos de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia o Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, además de los correspondientes certificados de profesionalidad que convaliden la prestación previa de servicios.
En todo caso, Isabel Blanco aseguró que, en la actualidad, los centros dependientes de la Gerencia regional de Servicios Sociales están “muy por encima” de las ratios establecidas pero también la mayor parte de los centros privados. Añadió que habrá una ampliación paulatina de las ratios de profesionales por usuarios hasta 2029.
