«Los derechos derivados de la patente no puedan estar nunca por encima del interés de la salud»
Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM)
En marzo de 2023 debería haberse publicado la propuesta de nueva legislación farmacéutica de la Unión Europea (UE) e iniciado el debate parlamentario de la misma. Una ley necesaria ante el problema que para los sistemas de salud y los propios pacientes suponen los precios astronómicos de los nuevos medicamentos y los desabastecimientos cada vez más frecuentes, factores que hacen que cada vez haya más pacientes en los países miembros de la UE que no pueden acceder a los medicamentos que necesitan. Imagínense ustedes en países más pobres que la propia UE cual será la situación. Veintitrés Asociaciones de la Sociedad Civil Europea se han dirigido a la presidenta Úrsula von del Leyen urgiéndole a la publicación y discusión parlamentaria de la nueva legislación, en cuyo trámite esperan ser oídos y tenidos en cuenta.
Esta nueva legislación debería actualizar, homogeneizar y dar trasparencia a todos procesos relacionados con los medicamentos, desde los procesos de investigación (costes en I+D, financiación privada y/o financiación pública), el control de patentes y sus prórrogas, los criterios de autorización nuevos medicamentos o el control de precios. Una reglamentación imprescindible para defender la accesibilidad y los intereses de los pacientes y ciudadanos en particular y de los propios sistemas sanitarios en general. Sin embargo, esa nueva legislación no ha visto aún la luz ni iniciado su debate parlamentario.
En la actualidad una parte muy importante de la toma de decisiones se realiza sin ninguna transparencia y bajo la presión de la industria farmacéutica a la Unión Europea y a los gobiernos nacionales, gracias a los beneficios abusivos y a la capacidad de presión que les otorgan los monopolios de las patentes concedidas por los gobiernos. Un ejemplo preclaro al respecto son los contratos secretos firmados por la UE con los laboratorios farmacéuticos relacionados con las vacunas del COVID.
Es necesario cambiar el modelo actual, suspendiendo las prórrogas de patentes de medicamentos, promoviendo una investigación y formación pública independiente y garantizando precios justos. No es posible ni sostenible que el Estado siga pagando los medicamentos muy por encima de su precio de coste y de un beneficio razonable. No tiene ninguna justificación el sobrecoste que paga nuestro Sistema Nacional de Salud.
Es evidente que se necesita revisar profundamente la legislación europea y estar muy atentos al debate parlamentario en el Parlamento Europeo ya que las presiones de los lobbies farmacéuticos son muy superiores a la que pueden ejercer los ciudadanos en el propio proceso legislativo, pero el problema no radica solo en Bruselas sino también en España donde es evidente la falta de fuerza y de control del Gobierno en el proceso de fijación del precio final de los medicamentos. Es una negociación desigual entre gobierno y empresas farmacéuticas.
España también necesita modificar su propia legislación interna y buen ejemplo de ello es la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que, a instancias de Farmaindustria (la patronal de la industria farmacéutica) echa abajo el plan del Ministerio de Sanidad para introducir nuevos criterios de evaluación fármaco-económica y de limitaciones de la evidencia terapéutica en los informes de posicionamiento terapéutico (IPT) necesarios para la aprobación de nuevos medicamentos por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Unas cifras de referencia: según el Ministerio de Hacienda el gasto farmacéutico público en España en 2022 fue de 8.902.489,14 millones de euros en gasto farmacéutico hospitalario y 13.123.776,33 millones de euros por recetas médicas: un total de 22.026.265,47 millones de euros. A precios justos que incluyan un beneficio empresarial razonable y con un uso racional del medicamento no debería superar la mitad de esa cifra: se estima que la sanidad pública en España paga 8.000 millones de euros anuales por encima de los costes de investigación y fabricación de nuevos fármacos. Con este sobrecoste que supone el actual sistema de financiación de medicamentos podrían contratarse 150.000 profesionales de diversas categorías, el principal déficit del Sistema Nacional de Salud.
Otros datos comparativos: según Fernando Lamata entre 1986 y 2021 el gasto en medicamentos sobre el total de gasto sanitario público aumento un 32% mientras el gasto destinado a personal en relación con el gasto sanitario público total se redujo un 16%, siendo este último apartado el mayor déficit del sistema sanitario y el problema que más preocupa a profesionales y pacientes, así como la principal causa de deterioro y de pérdida de calidad del sistema sanitario público percibida por los pacientes.
Es obvio que España y la UE necesitan reformular la política de precios de los medicamentos para acotar el abuso y destinar los fondos a la mejora de otros déficits del sistema sanitario público. Siguiendo a Tip y Coll la próxima semana hablaremos del …sistema de fijación de precios.
Miguel Barrueco
Médico y profesor universitario